El inicio de 2026 trae consigo una paradoja económica en Chile. Mientras los indicadores financieros y la bolsa de valores muestran señales de optimismo tras el giro político reciente -con un aumento en las expectativas de inversión en sectores estratégicos como la construcción-, el mercado laboral exhibe una falta de dinamismo persistente.
La reciente propuesta del presidente Donald Trump de promover la inversión de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela ha sido recibida, en ciertos círculos, con una mezcla de suspicacia ideológica y simplificaciones jurídicas. Se ha insinuado que Estados Unidos “pretendería quedarse con el petróleo venezolano”, como si se tratara de una nueva forma de colonialismo energético. Sin embargo, un análisis serio —económico, jurídico e institucional— demuestra exactamente lo contrario: la iniciativa descansa en principios propios de una economía de mercado, del respeto a la propiedad privada y, en último término, del Estado democrático de derecho.
En los últimos años, especialmente al alero del crecimiento de startups y empresas tecnológicas a nivel global, ha comenzado a tomar fuerza en algunos países desarrollados una figura poco tradicional dentro de las organizaciones. Se trata del Chief Happiness Officer (CHO) o Director de Felicidad.
Cuando el Derecho se cruza con la Política. Sin entrar a analizar el fondo, el pasado 13 de enero, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó su fallo que vino a poner fin a 14 meses de actuar judicial en uno de los juicios más emblemáticos del llamado Estallido Social ocurrido el 2019. En efecto, en términos sucinto dicho fallo declaró la inocencia del ex carabinero, Claudio Crespo, por apremios ilegítimos que causaron la ceguera del ex manifestante Gustavo Gatica el 2019.
La agricultura chilena enfrenta una etapa de profundos desafíos, marcados por el cambio climático, la escasez hídrica, y nuevas exigencias tanto regulatorias como sociales. Frente a este escenario, se requiere una rápida capacidad de adaptación. Es fundamental leer y entender los cambios, para anticiparse a ellos y poder así ajustar los modelos agrícolas.
Hablar hoy del futuro del trabajo nos llama a una conversación urgente sobre decisiones que ya están transformando la vida laboral en Chile. La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo empleos, habilidades y modelos productivos con una rapidez sin precedentes. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda: ¿en qué condiciones trabajaremos y quiénes quedarán dentro o fuera de esta transición?
Quiero volver a comentar la idea – recientemente reavivada - de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR) en un solo organismo. Mi objeción no es contra la consolidación por sí misma, sino contra la fusión de funciones heterogéneas.
En Chile, un estudio conjunto de Endeavor Chile, BID Lab y The Wellbeing Project reveló que sólo el 11% de los emprendedores está libre de burnout, es decir, de desgaste físico y emocional relacionado con la intensidad del trabajo emprendedor, mientras que la mayoría presenta síntomas de agotamiento crónico.
Si bien, las diferencias entre las dos almas que integran el oficialismo han sido evidentes, el quiebre observado esta semana fue la reactivación del debate en torno a la Ley Naín-Retamal, aprobada con los votos decisivos del Socialismo Democrático y promulgada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Chile no llega a este escenario desde cero. Hemos construido un liderazgo sólido a través de nuestras Áreas Marinas Protegidas (AMP) en territorios insulares, que sirven hoy como referente para lo que el BBNJ busca replicar en alta mar.
La Ley de Inteligencia Artificial que hoy se discute en el Senado representa una oportunidad histórica para Chile: proteger derechos, promover la ética y, al mismo tiempo, impulsar la innovación tecnológica. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la intención —ampliamente compartida— sino en la forma en que se diseñe esta regulación. Una ley mal calibrada podría terminar frenando el desarrollo tecnológico y dejando al país rezagado en la carrera digital global.
La reciente victoria electoral de José Antonio Kast abre un nuevo capítulo para el sector energético en Chile. Tras años de una expansión explosiva de las energías renovables variables, el país se encuentra en una encrucijada: cómo mantener el liderazgo verde sin sacrificar la estabilidad del sistema ni la competitividad de las tarifas. Lo que se espera de este nuevo gobierno no es solo continuidad, sino una reingeniería de la gestión estatal para que el potencial natural se traduzca en desarrollo económico real.
El inicio de este año 2026 ha sido violento e intenso, tanto a nivel regional como mundial. A la captura de Nicolás Maduro y su impacto en la política internacional por las diferentes aproximaciones a los hechos, tanto en la forma como en el fondo, se suman, en forma cada vez más estridente, los hechos que sacuden a la República Islámica de Irán
Los recientes resultados de la Encuesta Casen 2024 son desafiantes. Si bien la pobreza por ingresos en Chile continúa una trayectoria a la baja, con un promedio nacional de 17,3%, la realidad territorial sigue siendo profundamente desigual: en ocho regiones la pobreza supera ese promedio y en siete de ellas alcanza o supera el 20%. La pobreza, en Chile, sigue teniendo rostro regional.
Se ha propuesto un nuevo mecanismo de financiamiento para los estudiantes de la Educación Superior, pasando del CAE (crédito con aval del Estado) al FES (Fondo de Educación Superior). Claramente, existe consenso en cuanto a que el CAE se encontraba agotado como mecanismo de financiamiento estudiantil y que debía excluirse a la banca del sistema: los bancos no corrían ningún riesgo porque el Estado estaba obligado a pagar lo que no asumían los beneficiarios.
Hace más de diez años Chile impulsó los sellos negros en alimentos, una buena política pública que fortaleció el derecho a elegir informado. Hoy cabe preguntar: ¿y los servicios profesionales deberían también transparentar sus “sellos”, verdes o negros?
En 2026 la Dirección del Trabajo cumplirá 102 años, desde su creación en el gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1924, y asi como fue reestructurada bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva, es esperable que con el inicio del Gobierno de Jose Antonio Kast esta esencial institución inicie una nueva etapa y corrija el rumbo caótico que la caracterizó, reconstruyendo puentes entre empresas y trabajadores para encauzar las relaciones laborales por un camino más sano. Para lograrlo, debe romper con las prácticas de politización y extralimitación de sus facultades de interpretación normativa que la desprestigiaron, concentrándose en hacer cumplir la ley tal cual es, de forma imparcial y eficiente.
Los cambios de gobierno siempre representan un punto de inflexión para el mercado inmobiliario. Acá no se trata de optimismo o pesimismo en lo político, sino que de certidumbre regulatoria y señales económicas concretas. Hoy, a solo semanas de la asunción de una nueva administración, nos encontramos frente a un déficit habitacional de aproximadamente un millón de viviendas que no puede seguir siendo tratado como una simple estadística en un informe ministerial.
A tres décadas de la implementación del sistema de concesiones de infraestructura pública en Chile, aún sigue dando vueltas la necesidad de valoración de este modelo por parte de las personas y el impacto que han tenido grandes obras que, sin duda, mejoran la calidad de vida.
Desde hace ya algún tiempo —y con mayor fuerza en el debate reciente— se ha instalado la idea de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR), bajo el argumento de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, aumentar la eficacia en el combate a la evasión y corregir la vulneración de derechos que se ha constatado en la acción de estos organismos.
La verdad es que invertir ya no es un privilegio de Wall Street ni de los más ricos. Con un smartphone y educación financiera, cualquiera puede hacer que su dinero trabaje para sí mismo.
Enero de 2026 y, una vez más, la inclusión laboral vuelve a instalarse en la agenda empresarial como un ejercicio de cumplimiento. Campañas, eslóganes y llamados a la conciencia recuerdan a las empresas la obligación de alcanzar el 1% exigido por la ley. Sin embargo, tras esta aparente preocupación por incluir, se ha consolidado una práctica que merece ser revisada con mayor profundidad, un sistema que permite cumplir sin contratar, transformando la inclusión laboral en una compensación económica más que en una política efectiva de acceso al empleo.
Durante mucho tiempo asociamos el liderazgo a la capacidad de decidir. Saber más, hacer más, resolver más rápido. Sin embargo, esa idea empieza a crujir cuando miramos los datos: hoy, en Chile, menos de 2 de cada 10 puestos en directorios están ocupados por mujeres, y todavía cerca de 4 de cada 10 empresas no tienen ninguna mujer en esas instancias de decisión. En los espacios donde hoy se juega el poder real como directorios, comités estratégicos o mesas de decisión ese enfoque tradicional ya no alcanza.
Los recientes casos de fraude han puesto en evidencia una realidad ineludible: la protección de datos y la ciberseguridad son ya una obligación.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 mostró una variación mensual de 0,2%, resultado que no sólo supera las expectativas de los analistas, sino que proyecta una dinámica inflacionaria significativamente atenuada hacia el cierre del año. Con este dato, la inflación acumulada en 2025 alcanzó un 3,5%, el nivel más bajo observado desde el año 2020, cuando la inflación cerró cerca de 3,0%.
El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía.
La industria aseguradora está viviendo una transformación profunda. No es un discurso futurista ni un mantra repetido en seminarios, es una realidad que ya se siente en la manera en que las compañías operan, en las expectativas de los clientes y en la irrupción de actores que hace una década simplemente no existían. Ya en 2026, todo indica que esta evolución será aún más acelerada.
Durante este año, consolidamos 10 programas de formación técnica y psicosocial, desarrollados en centros juveniles, cárceles de mujeres y programas abiertos, en coordinación con SENAME, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile. Estos programas no solo entregan oficios y certificaciones, sino que fortalecen habilidades personales, redes de apoyo y proyección laboral, factores decisivos para una reinserción sostenible en el tiempo.
Por años, la sostenibilidad fue vista como un complemento deseable, pero no esencial, de la gestión empresarial. Un ámbito relevante, sin duda, pero muchas veces separado del corazón de las decisiones estratégicas. Hoy, a pesar de voces disidentes, esa mirada ya no resiste el análisis. Vivimos un contexto global complejo y exigente.
Se cumplen 250 años de la primera publicación de la obra de Adam Smith “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”. Se dice que es el economista más conocido de la historia, puesto que Marx, considerado por muchos como un economista, era más bien un ideólogo, quizás un cientista político en la configuración disciplinaria actual, centrado en el tema del poder y quien poco habló explícitamente sobre eficiencia en el uso de los recursos, un tema central para un economista.
Elegido ya José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, se ha especulado bastante sobre las nuevas medidas en materia tributaria que impulsará o que debería impulsar el nuevo gobierno.
La transición en Chile enfrenta una grave distorsión: la instrumentalización de la confianza legítima como amarre burocrático. Lo que nació como protección ante la arbitrariedad hoy muta en estrategia política, plasmada en el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. Esta maniobra no busca proteger el mérito, sino que perpetuar una estructura funcionaria vinculada a la gestión saliente, comprometiendo el patrimonio fiscal y la gobernabilidad de la futura administración de José Antonio Kast.
En enero de 2026, en Caracas, a las 02:01 (hora local de Venezuela; 05:01 UTC), cayó uno de los peores dictadores de Latinoamérica: Nicolás Maduro Moros. Ya en 2023 acumulaba acusaciones por 9.995 personas asesinadas. A ello se sumaba una crisis de inmigración en la región generada por los venezolanos que huían de la dictadura de izquierdas.
Hemos visto con interés la importancia que las nuevas autoridades le han dado a la infraestructura. Como CPI hemos estado muy involucrados en la definición de políticas públicas, pues creemos que a través de ellas podemos contribuir a generar las condiciones para que proyectos en las áreas productivas y de servicios puedan desplegarse con mayor efectividad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una mayor disponibilidad de bienes públicos, permitiendo, a la vez, un aumento del empleo, estabilidad y mayores niveles de productividad que impacten el crecimiento y los salarios.
Aunque diversas fundaciones, universidades, gremios y otros actores han presentado agendas hídricas para el próximo gobierno, aún no se conoce cuál será su plan de acción definitivo. Esta definición resulta urgente, pues numerosos sectores públicos y privados están ejecutando acciones de adaptación al cambio climático y a la escasez hídrica, sin contar con una señal clara de futuro por parte de la autoridad, situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.
Durante décadas, el principio de soberanía estatal funcionó como un escudo casi infranqueable frente a la persecución penal internacional. Sin embargo, el derecho internacional contemporáneo ha ido erosionando progresivamente ese blindaje, especialmente cuando el poder estatal deja de cumplir su función básica y se transforma en un instrumento funcional del crimen organizado transnacional. La eventual captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos debe analizarse desde ese prisma: no como un acto arbitrario de fuerza, sino como una consecuencia jurídica extrema de la descomposición del deber de cooperación penal internacional.
