Es impactante y genera impotencia presenciar cómo la historia se repite en nuestro querido y acontecido país. Pero es una locura, saber que con todo lo que hemos pasado, aún no ponemos en práctica las dolorosas lecciones que nos han costado muchas vidas.

En educación, el desafío va mucho más allá de digitalizar salas de clases o incorporar plataformas tecnológicas. Se trata de preparar a las personas para un entorno laboral marcado por la automatización, la inteligencia artificial y el uso intensivo de datos.

Desde la perspectiva del seguro, un plan robusto debe incluir protocolos claros de aviso de siniestro y resguardo de bienes afectados para evitar daños mayores.

Nuestro sistema tributario se rige por el principio de renta de fuente mundial, lo que significa que toda persona con domicilio o residencia en Chile debe tributar por las rentas obtenidas tanto dentro como fuera del país.

De acuerdo con  el Índice de Incertidumbre Mundial (WUI) navegamos por aguas inquietas donde la geopolítica y la economía perdieron las premisas de un orden que viene desde el final de la II Guerra Mundial. Sin embargo, el sector energético comienza a revelar algunas certezas que no solo definen el futuro global, sino que interpelan directamente el rol de América Latina y el Caribe (ALC) en el nuevo orden mundial.

Los devastadores incendios en Biobío, Ñuble y La Araucanía, han vuelto a poner en evidencia la fragilidad de nuestras comunidades frente a eventos extremos. Las irreparables pérdidas humanas, los hogares destruidos y las miles de familias damnificadas conmueven al país. Aun así, resulta esperanzador ver a los expertos dispuestos a planificar cada etapa, con el objetivo de evitar errores y sumar voluntades para avanzar con celeridad. El desafío de reconstruir hogares mediante viviendas de emergencia, albergues transitorios o soluciones definitivas requiere combinar eficiencia técnica y articulación institucional.

La acreditación institucional no es un trámite administrativo, sino una señal pública de calidad, consistencia y responsabilidad que una universidad dirige a sus estudiantes y a la sociedad. Por eso, cuando una institución no logra acreditar en primera instancia y luego revierte ese resultado mediante apelaciones, el problema no es jurídico. Es de confianza.

En Chile, el Ministerio de Obras Públicas suele aparecer en la discusión pública cuando se inaugura una carretera, se corta un puente o se licita un embalse. Sin embargo, rara vez se dimensiona que el MOP es, probablemente, el espacio donde con más claridad se expresa la tensión entre urgencia social, desarrollo económico y capacidad real del Estado. Y esa tensión será especialmente exigente para la administración que asuma en marzo de 2026.

Chile ha consolidado al turismo como un pilar estratégico de su economía, superando su rol recreativo para convertirse en un motor de crecimiento. Entre 2022 y 2024, el aporte del sector al PIB pasó de 2,3% a 3,0%, con la llegada de más de 5,2 millones de turistas extranjeros que generaron recursos por US$ 3.600 millones. Hoy, esta industria emplea a más del 7% de los ocupados del país y buena parte de ellos son mujeres.

La reiteración de alertas por altas temperaturas extremas durante la temporada estival se ha convertido en una constante en gran parte del país. A ello se suma la activación periódica de medidas preventivas frente al riesgo de incendios forestales, reflejo de un escenario climático cada vez más exigente y predecible.

El anuncio de la renuncia del CEO de Los Andes Copper, Santiago Montt, para asumir como Ministro de Minería, previo al comunicado oficial del Presidente electo José Antonio Kast sobre su gabinete, ha generado un intenso debate sobre la gobernanza corporativa y el impacto en el sector minero de la decisión improvisada de “bajar” al casi-ministro ad-portas de su nombramiento.

Chile atraviesa una transformación demográfica y cultural profunda, así lo demuestran los resultados del Censo 2024 y el análisis desarrollado por la consultora La Vulca.

Desde enero de 2026 dejó de aplicarse en Chile la retención adicional del 3% asociada al pago del Préstamo Solidario del Estado, medida que formó parte de los mecanismos excepcionales creados durante la pandemia para facilitar la restitución de este beneficio. La finalización de esta retención no responde a una decisión administrativa transitoria, sino al cumplimiento del plazo expresamente fijado por la ley.

Es interesante analizar las últimas declaraciones del futuro ministro de Hacienda, señor Jorge Quiroz, y observar cómo ha puesto el foco en el crecimiento del país, identificando con claridad tres ejes para alcanzarlo: mejorar las regulaciones, reducir la carga tributaria y realizar un ajuste fiscal profundo.

Si bien esto puede sonar coyuntural, más bien responde a razones económicas estructurales asociadas al creciente aumento de deuda pública en Estados Unidos desde 2008 a la fecha, la creciente debilidad del dólar multilateralmente y una economía norteamericana que muestra señales de debilidad en varios sectores. 

En noviembre del año pasado Mc Kinsey entregó un estudio que muestra la evolución del mundo corporativo entre 2005 y 2025, y que da fe de la increíble transformación que se ha producido por la llamada revolución industrial 4.0. Las cifras hablan por si solas.

La respuesta es muy simple: porque no se les había ocurrido nombrar en este cargo a un (a) fiscal, con todas las ventajas que esto conlleva y que analizamos en esta columna. En efecto, en el debate público chileno, pocas cosas generan más suspicacia que el cruce entre “persecución penal” y “conducción política de la seguridad”. La designación de Trinidad Steiner como futura ministra de Seguridad ha reactivado un reflejo conocido: la idea de que el paso desde la Fiscalía a un cargo político sería, por definición, impropio o anómalo.

En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, la discusión sobre privacidad y uso responsable de la información personal cobra especial relevancia en Chile.

La decisión de la aseguradora Zúrich de no asumir el Modelo de Cobertura Complementaria (MCC) dejó al descubierto algo más profundo que un problema de licitación: expuso las fragilidades estructurales del diseño con el que el gobierno busca redefinir el rol de Fonasa en un sistema tensionado por la desconfianza y el riesgo mal distribuido. No es un episodio aislado, sino una señal de alerta sobre la viabilidad de una política que pretende apoyarse en privados sin ofrecer un marco claro y predecible.

En un pasado que todos queremos olvidar, las universidades chilenas fueron sometidas a una dura intervención, en que los antecedentes académicos eran sustituidos por juicios políticos que daban sustento a decisiones administrativas.  El recuerdo de Federici es inevitable cuando se alude a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que a menudo respondían solamente a acomodos políticos, estrategias de poder o simple arbitrariedad.

En Chile, los indicadores continúan evidenciando una realidad persistente: las trayectorias escolares y de acceso a la educación superior siguen estando fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico, el territorio y el tipo de establecimiento.

Durante mucho tiempo, el primer día de trabajo se gestionó como un hito administrativo: la firma del contrato, la entrega de herramientas y una inducción técnica.

El 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales, adquiere un matiz relevante este año en Chile, país que se encuentra ad portas de la entrada en vigencia de su nueva Ley de Protección de Datos el próximo 1° de diciembre. Para Siemens, la responsabilidad corporativa constituye el cimiento de nuestra operación en todo el mundo, donde la privacidad no se limita a la mera observancia normativa, sino que representa un principio rector que debe permear la conducta y la toma de decisiones de todos los colaboradores.

La piratería digital dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal asociado al consumo informal de contenidos. Hoy constituye un problema estructural del ecosistema digital, con efectos directos sobre la seguridad de las personas, la inversión en infraestructura, la competencia leal y la sostenibilidad de industrias completas. No estamos frente a simples infracciones individuales, sino ante un mercado ilegal organizado, transnacional y altamente sofisticado, que opera aprovechando las mismas redes, plataformas y principios que dieron forma al Internet abierto.

Cada 28 de enero, el Día Mundial de la Protección de Datos Personales nos invita a reflexionar sobre un activo invisible, pero fundamental: la confianza. En Chile, esta conversación adquiere especial relevancia en un momento clave, cuando la nueva Ley de Protección de Datos Personales comenzará a regir en diciembre de este año y redefinirá la relación entre las personas, el Estado y el uso de la información personal.

Cada 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales invita a reflexionar sobre cómo se resguarda la información de las personas en un entorno cada vez más digitalizado. Este año, la fecha adquiere una relevancia especial en Chile: en diciembre de 2026 entrará en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales, y el tiempo de preparación ya está corriendo.

Así es, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es como una selfie. En general, cuando estamos con nuestros amigos, nos tomamos una buena selfie, para capturar el momento; probablemente en ese tipo de fotografías usted siempre aparece sonriendo y alegre. 

Este año, el originalmente llamado “Impuesto a la tierra” —rebautizado luego como “Impuesto territorial” y conocido coloquialmente hoy como las contribuciones de bienes raíces— se encamina a cumplir 100 años de vigencia en Chile. Un tributo centenario, profundamente arraigado en nuestra historia y cultura tributaria, pero que hoy enfrenta una creciente crisis de legitimidad que exige algo más que ajustes cosméticos.

Chile enfrenta una crisis hídrica que dejó de ser coyuntural y se convirtió en estructural. Sequías prolongadas, eventos extremos más frecuentes y una presión creciente sobre los ecosistemas acuáticos han puesto de manifiesto las limitaciones del actual modelo de gestión del agua. En este escenario, el próximo gobierno no solo heredará diagnósticos ampliamente conocidos, sino también una responsabilidad política ineludible: avanzar de la planificación declarativa hacia la implementación de una política hídrica coherente.

La sorpresiva ausencia del futuro y efímero, nuevo ministro de Minería, Santiago Montt, tuvo sin duda un impacto comunicacional profundo. Tan profundo, que ni siquiera alcanzó a tener debut. Tampoco despedida. Simplemente no llegó. Horas antes había sido anunciado, -de manera tan rimbombante como extraña-, como flamante ministro de una de las carteras más estratégicas para la economía del país. Pero lo que realmente desconcertó no fue sólo la rapidez de los hechos, sino el modo en que estos se comunicaron.

Ya he manifestado anteriormente mi opinión negativa respecto de la idea de unificar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR), propuesta que ha sido planteada y replanteada con fuerza por destacados organismos gremiales y profesionales. Ya he planteado mis fundamentos teóricos, señalando como la Ciencia de la Administración postula que, en toda organización, debe existir una adecuada segregación de funciones, principio que suele graficarse como quien cobra no es quien registra. Llevado al plano de un país, ello implica que quien fiscaliza no debe ser quien recibe el producto de dicha fiscalización.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, es plausible estimar que entre 3,5 y 4 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, principalmente como consecuencia de bajos ingresos y de las limitadas transferencias o servicios que el Estado ha logrado proveer para disminuir situaciones de precariedad.

El problema no es la existencia de las contribuciones. El problema aparece cuando el impuesto se calcula sobre una base que no representa de forma homogénea lo que el mercado inmobiliario efectivamente está dispuesto a pagar.

El escenario económico global ha dejado de ser un tablero de intercambio comercial para transformarse en un campo de batalla geopolítico.

Durante la campaña para elegir presidente, el equipo económico del presidente electo puso en la agenda un ahorro de gastos del Estado de 6.000 millones de dólares. Una y otra vez el mundo político se preguntó desde donde saldría ese ahorro. Con mi amigo Raúl Ciudad (ex presidente de ACTI) lo teníamos claro: mediante el uso de IA en los procesos del Estado.