​Ley marco de autorizaciones sectoriales: una reforma necesaria, pero insuficiente

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Carlos Zeppelin (2)

La inminente aprobación del proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que será visto próximamente en la Cámara de Diputados, marca un avance importante y largamente esperado por el sector productivo. Establecer un sistema claro, moderno y trazable, que reduzca de forma significativa los tiempos de tramitación, es un paso en la dirección correcta, con el objetivo de reducir la denominada “permisología” que nos afecta.


La nueva ley introduce nuevos instrumentos como el silencio administrativo, las técnicas habilitantes alternativas y el sistema digital unificado (SUPER), los que revelan una genuina intención del Estado por facilitar el desarrollo de inversiones que generen crecimiento, empleo y bienestar.


Sin embargo, esta transformación regulatoria, por sí sola, no basta. Para que realmente surta efecto, necesitamos construir un nuevo clima de confianza. Porque la inversión no ocurre solo cuando hay reglas claras, sino cuando hay estabilidad, visión compartida y una apuesta decidida del país por crecer. Si no somos capaces de generar consensos amplios que respalden estas transformaciones, corremos el riesgo de que esta gran arquitectura legal termine siendo una promesa que no se traduce en más obras ni mejores oportunidades.


Lo urgente y lo importante deben avanzar de la mano. Esta ley tendrá impactos en el mediano y largo plazo, pero la situación actual exige respuestas inmediatas. Chile no puede seguir esperando. El estancamiento de la inversión y la pérdida de dinamismo económico requieren medidas concretas —legislativas y administrativas— que activen proyectos de inversión ya diagnosticados, sobre los que existe amplio consenso. Nos falta voluntad y coordinación más que ideas.


Además, regular bien no es una tarea que se agota en la aprobación de una ley. Es un proceso continuo, donde el Estado tiene la responsabilidad de exigir, pero también la visión de actualizar, en miras a agilizar los procedimientos. Por ello, esta reforma debe ir de la mano de una institucionalidad que garantice su implementación, monitoreo y mejora permanente. Solo así lograremos que sea un facilitador y no un obstáculo para el desarrollo.


Celebramos esta ley porque moderniza, ordena y racionaliza. Pero el verdadero cambio vendrá cuando como país seamos capaces de alinear nuestras voluntades en torno a una misión común: volver a crecer de forma sostenida, equitativa y sustentable. En ese camino, la infraestructura juega un rol insustituible. Pero requiere más que leyes: necesita acuerdos.


Carlos Zeppelin

Vicepresidente Consejo de Políticas de Infraestructura

Consejero Cámara Chilena de la Construcción

europapress