Carlos Zeppelin

La reforma a la Ley de Patrimonio Cultural y al Consejo de Monumentos Nacionales dejó de ser un tema sectorial: hoy es una prueba política para el Ejecutivo y el Congreso. Chile necesita proteger su patrimonio, pero también recuperar crecimiento. Y para volver a crecer hay una condición básica: invertir. Cuando la decisión pública se vuelve imprevisible, el país no solo pierde proyectos; pierde empleo, productividad y confianza.

Chile dio recientemente un paso relevante al presentar el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, una hoja de ruta que busca ordenar el desarrollo de la infraestructura del país durante las próximas décadas. En un contexto de crecimiento moderado, cambio climático y mayores demandas territoriales, planificar con visión de largo plazo resulta imprescindible.

Lo sucedido en la Región de Ñuble, donde el Gobierno busca acuerdos para emplazar una nueva cárcel en un predio fiscal, es un ejemplo para el resto del país que enfrenta un alarmante déficit de plazas penitenciarias. La zona -donde la ocupación de los centros penales llega un 116%-, se decidirá una ubicación y un programa de inversión. La confirmación de viabilidad del terreno fiscal en el sector de Quilmo y el apoyo de autoridades regionales muestran una oportunidad política que hay que aprovechar.

En medio de la campaña electoral, resulta indispensable no perder de vista los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Por eso, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) elaboró un informe con 36 propuestas a los candidatos/as presidenciales en materia de infraestructura, el que incluye un ámbito clave: el financiamiento.

La inminente aprobación del proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que será visto próximamente en la Cámara de Diputados, marca un avance importante y largamente esperado por el sector productivo. Establecer un sistema claro, moderno y trazable, que reduzca de forma significativa los tiempos de tramitación, es un paso en la dirección correcta, con el objetivo de reducir la denominada “permisología” que nos afecta.

Se trata de una oportunidad que el país no puede perder, aunque algunas organizaciones ya han planteado reparos -antes de que se inicie la discusión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental-, aludiendo a que los lugares donde se instalarán se convertirán en zonas industriales que afectarían los ecosistemas.

Frente al escenario de desaceleración global provocado por las tensiones comerciales lideradas por Estados Unidos, Chile enfrenta un 2025 con proyecciones de crecimiento más moderadas de lo previsto. En este contexto, invertir en infraestructura no solo dinamiza el empleo en el corto plazo, sino que fortalece la alianza público-privada, impulsa el desarrollo regional, mejora la competitividad del país y, una vez concluidas las obras, transforma positivamente la calidad de vida de millones de personas. Es, en suma, una herramienta esencial para reactivar la economía con mirada de futuro y responsabilidad social.

Recientemente, representantes de los sectores de desalación y energía acudieron al Senado para exponer la necesidad urgente de reformar el sistema de permisos requeridos para materializar infraestructura clave. Un ejemplo paradigmático es el proyecto de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que requiere obtener 4.941 autorizaciones para avanzar en su construcción.

En las próximas semanas, las elecciones de gobernadores y consejeros regionales serán una oportunidad para que las nuevas autoridades impulsen proyectos de infraestructura clave que potencien el desarrollo de las regiones.