El anuncio del ingreso a evaluación ambiental de un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en la comuna de San Gregorio, en la Región de Magallanes, con una inversión de US$ 16 mil millones, sin duda, es una buena noticia. Tenemos que mirar este anuncio en perspectiva, pues constituye un polo de crecimiento para la región, pero también aportará energía a los mercados internacionales.
Se trata de una oportunidad que el país no puede perder, aunque algunas organizaciones ya han planteado reparos -antes de que se inicie la discusión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental-, aludiendo a que los lugares donde se instalarán se convertirán en zonas industriales que afectarían los ecosistemas. Fomentar la producción de este tipo de combustibles ha sido una de las metas de la actual administración, estrategia que ha sido presentada en foros internacionales de inversiones como el realizado en Punta Arenas este año, encabezado por autoridades de gobierno.
Con todo, es interesante el desarrollo de este tipo de iniciativas en el ámbito de la infraestructura. Un parque eólico, nueva conectividad, un puerto para carga y descarga y una planta desaladora, entre otras obras, requerirán de la alianza público-privada para su despliegue. Un dato clave es que este complejo de instalaciones en fase de construcción requerirá de 14 mil trabajadores y 1.000 en la operación, todo en momentos en que se requiere impulsar el empleo.
Sin embargo, este tipo de iniciativas enfrentan un largo camino antes de ser aprobadas. En esa línea, la discusión en torno al proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales avanza lentamente en el Parlamento y se encuentra en un punto interesante en el debate en el Senado, donde se ha remarcado la necesidad de que haya una “invariabilidad regulatoria” para los privados. En concreto, se establece que los titulares de las inversiones podrán solicitar que se apliquen las reglas vigentes al momento de presentar el proyecto de inversión a evaluación ambiental, dando certeza jurídica.
Chile debe avanzar decididamente en agilizar el sistema de permisos, con el fin de que los proyectos resulten viables. Por eso, se requiere acelerar el tranco y tener mirada de largo plazo, promoviendo las reformas necesarias para concretar obras que generen empleo y crecimiento al país, especialmente en la zona austral.
Carlos Zeppelin
Director del Consejo de Políticas de Infraestructura.
Consejero Cámara Chilena de la Construcción.
