Transparentando el costo
El costo global del cumplimiento ya supera los USD 206.000 millones anuales. En mercados como el latinoamericano, solo en 2024 las instituciones financieras destinaron USD 38.300 millones a la prevención de delitos económicos. Más alarmante aún, ese monto ha crecido un 32% desde 2021, sin que se observe una disminución proporcional en la ocurrencia de ilícitos. ¿Cómo se explica esto? ¿Es consecuencia de la creciente sofisticación de los esquemas delictivos? ¿De una sobrerregulación que dificulta la ejecución efectiva? ¿O simplemente estamos gastando más, pero sin mayor eficacia?
Latinoamérica, y Chile en particular, no escapan a esta tendencia. Con la entrada en vigencia de reglamentos como la Circular 62 de la UAF y la Norma 507 de la CMF, el nivel de exigencia aumentó. La Ley 21.595, sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, impone una nueva capa de responsabilidad, al exigir modelos de prevención efectivos, dinámicos y trazables. Pese a ello, muchas organizaciones siguen operando con herramientas obsoletas: planillas Excel, manuales desactualizados y equipos que enfrentan una sobrecarga estructural. Lo que se ha vuelto insostenible no es cumplir. Es cumplir mal.
Actualmente, por cada caso real detectado, existen cientos de revisiones que consumen tiempo y recursos. A nivel global, se estima que se generan más de mil millones de falsos positivos al año en procesos de screening de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listados de sanciones. Cada alerta es revisada manualmente, en múltiples ocasiones, por distintas unidades. El costo de esta ineficiencia es desproporcionado, y a ello se suman los tiempos muertos en procesos de onboarding, la lentitud para adaptarse a nuevas exigencias regulatorias y el riesgo reputacional asociado a una eventual relación con un proveedor no identificado a tiempo.
La respuesta no pasa por aumentar la dotación de personal, sino que en la sistematización y la automatización inteligente.
Los líderes en cumplimiento ya están realizando este cambio. Procesos de screening apoyados en múltiples fuentes de información, con tiempos de respuesta medidos en horas, no en días. Arquitecturas modulares que permiten rediseñar procesos sin reconstruir sistemas. Automatización con escalabilidad, basada en criterios de riesgo. El objetivo no es reemplazar a los equipos, sino permitirles concentrarse en decisiones que requieren juicio profesional.
Lo interesante es que esta automatización no solo reduce costos, sino que también mejora la trazabilidad, acelera la respuesta ante fiscalizaciones, optimiza la experiencia del cliente interno y externo, y fortalece el control interno. En este contexto, el cumplimiento deja de ser un pasivo y se convierte en un activo estratégico. Un factor diferenciador, no una carga operativa.
Chile cuenta con la regulación, con la tecnología y con el capital humano necesario. Lo que falta es voluntad para impulsar el cambio.
En un entorno donde la confianza institucional se encuentra tensionada, la trazabilidad no puede considerarse un valor agregado. Es una obligación. Continuar operando con procesos manuales, silos tecnológicos y baja capacidad de reacción equivale a mantener abiertas las puertas al riesgo, a las sanciones y a una cultura organizacional desconectada de la integridad.
Automatizar el cumplimiento ya no es una opción estratégica, es una condición de continuidad. Quienes comprendan esta urgencia a tiempo no solo se adaptarán: estarán en posición de liderar.
José Ignacio Camus
Director de Admiral Compliance
Cofundador de AdmiralONE
