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José Ignacio Camus |
El panorama actual de la corrupción municipal en Chile, expuesto con crudeza por el estudio más reciente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), arroja una verdad incómoda: el 81,2% de los municipios carece de una política anticorrupción formalizada; el 69,7% no tiene políticas efectivas de integridad pública, y un alarmante 67,4% carece de canales formales de denuncia interna. Estos datos provienen de una evaluación realizada al 88,1% de las comunas, representando un análisis casi nacional que desmonta cualquier percepción sobre mejoras o avances significativos en esta materia.
Cuando hablamos de compliance en Chile, solemos imaginar torres de papeles, planillas Excel y equipos pequeños intentando responder a exigencias cada vez más complejas. Todavía el 94% de las empresas en Latinoamérica lleva sus controles de forma manual. Pero el mundo del GRCTech (la tecnología aplicada a la gobernanza, riesgos y cumplimiento) ha evolucionado a pasos similares a la IA y hoy nos obliga a mirar en qué fase estamos y cuánto nos falta por recorrer.
El costo global del cumplimiento ya supera los USD 206.000 millones anuales. En mercados como el latinoamericano, solo en 2024 las instituciones financieras destinaron USD 38.300 millones a la prevención de delitos económicos. Más alarmante aún, ese monto ha crecido un 32% desde 2021, sin que se observe una disminución proporcional en la ocurrencia de ilícitos. ¿Cómo se explica esto? ¿Es consecuencia de la creciente sofisticación de los esquemas delictivos? ¿De una sobrerregulación que dificulta la ejecución efectiva? ¿O simplemente estamos gastando más, pero sin mayor eficacia?
Lo importante en el caso Primus Capital no es solo el monto de la multa (casi 2.000 millones de pesos), ni el tamaño del fraude (más de $35.000 millones en activos inflados). Lo relevante es el mensaje que transmite el regulador: ya no bastan advertencias, ahora se aplican sanciones contundentes respaldadas por el marco legal. La Ley N° 21.314 no sólo elevó el límite máximo de las multas de UF 15.000 a UF 100.000, sino que también fortaleció las facultades de la CMF, obligándola a actuar con mayor rigor. En esta ocasión, ese rigor se aplicó con eficacia.
Quizás no todos lo saben, pero bajo la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente ya no basta con imponer una sanción económica o despedir a un colaborador que cometió una infracción interna. Hoy en día, las organizaciones pueden enfrentar la disolución total, lo que se conoce en el rubro como la pena de muerte empresarial.
La corrupción ha dañado la reputación de Chile como un destino seguro para inversionistas en América Latina. Esto ha afectado la confianza, ya que la transparencia y la estabilidad jurídica son fundamentales para atraer inversión. Los recientes escándalos han empeorado la posición del país en los índices internacionales, cayendo al puesto 29 de 180 países en 2023, con un puntaje de 66/100, lo que ha llevado a Transparencia Internacional a catalogarlo como un “país a observar”.
El movimiento que hizo Elon Musk sobre OpenAI hace algunas semanas, no sólo fue una jugada maestra en términos estratégicos y legales, sino que también expone un vacío en la gobernanza corporativa que ha pasado desapercibido. Su oferta de 90.000 millones de dólares para adquirir la compañía no buscaba, necesariamente, concretar la compra, sino que redefinir el valor de la empresa detrás de ChatGPT y bloquear su transición a una entidad con fines de lucro bajo sus propios términos.
El concepto de impunidad en los delitos financieros está quedando atrás. Con la reciente querella interpuesta contra Michael Clark por la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en la compra del control de Azul Azul, el mercado está viendo en tiempo real cómo la Ley de Delitos Económicos comienza a aplicarse. La eliminación de atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración eficaz en la investigación, eleva el estándar de responsabilidad para ejecutivos y empresas.
El viejo refrán dice que "los negocios son negocios", pero ¿qué sucede cuando se cruzan con el ocio? Esa delgada línea entre una decisión profesional y una acción a lo menos cuestionable puede ser el inicio de un conflicto de interés, una vulneración de principios éticos y, en casos extremos, un problema legal. La clave está en gestionar estas situaciones con claridad, transparencia y un sólido modelo de compliance.
La promulgación de la denominada "Ley Antipillos" en Ecuador, formalmente "Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos", busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre la forma en que se diseñó, se promulgó y, sobre todo, el equilibrio entre sus beneficios y posibles consecuencias.