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José Ignacio Camus |
Quizás no todos lo saben, pero bajo la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente ya no basta con imponer una sanción económica o despedir a un colaborador que cometió una infracción interna. Hoy en día, las organizaciones pueden enfrentar la disolución total, lo que se conoce en el rubro como la pena de muerte empresarial.
La corrupción ha dañado la reputación de Chile como un destino seguro para inversionistas en América Latina. Esto ha afectado la confianza, ya que la transparencia y la estabilidad jurídica son fundamentales para atraer inversión. Los recientes escándalos han empeorado la posición del país en los índices internacionales, cayendo al puesto 29 de 180 países en 2023, con un puntaje de 66/100, lo que ha llevado a Transparencia Internacional a catalogarlo como un “país a observar”.
El movimiento que hizo Elon Musk sobre OpenAI hace algunas semanas, no sólo fue una jugada maestra en términos estratégicos y legales, sino que también expone un vacío en la gobernanza corporativa que ha pasado desapercibido. Su oferta de 90.000 millones de dólares para adquirir la compañía no buscaba, necesariamente, concretar la compra, sino que redefinir el valor de la empresa detrás de ChatGPT y bloquear su transición a una entidad con fines de lucro bajo sus propios términos.
El concepto de impunidad en los delitos financieros está quedando atrás. Con la reciente querella interpuesta contra Michael Clark por la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en la compra del control de Azul Azul, el mercado está viendo en tiempo real cómo la Ley de Delitos Económicos comienza a aplicarse. La eliminación de atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración eficaz en la investigación, eleva el estándar de responsabilidad para ejecutivos y empresas.
El viejo refrán dice que "los negocios son negocios", pero ¿qué sucede cuando se cruzan con el ocio? Esa delgada línea entre una decisión profesional y una acción a lo menos cuestionable puede ser el inicio de un conflicto de interés, una vulneración de principios éticos y, en casos extremos, un problema legal. La clave está en gestionar estas situaciones con claridad, transparencia y un sólido modelo de compliance.
La promulgación de la denominada "Ley Antipillos" en Ecuador, formalmente "Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos", busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre la forma en que se diseñó, se promulgó y, sobre todo, el equilibrio entre sus beneficios y posibles consecuencias.
En Junio de 2023, el escándalo de los convenios irregulares con fundaciones marcó un punto de quiebre en la discusión sobre la corrupción en Chile. Entonces se hablaba de 15 mil millones de pesos comprometidos. Hoy, algo más de un año después, la cifra se ha disparado a 90 mil millones, evidenciando no solo la magnitud del problema, sino también la fragilidad de los controles y la falta de medidas correctivas efectivas.
El auge de la industria fintech en Chile ha transformado el panorama financiero, generando un impacto significativo en la inclusión financiera y la innovación. Esta expansión ha democratizado el acceso a servicios como pagos electrónicos, créditos e inversiones, beneficiando especialmente a personas y pymes que anteriormente estaban excluidas del sistema bancario.
En el dinámico y regulado entorno empresarial actual, la implementación de Modelos de Prevención del Delito (MPD) se ha vuelto esencial para las empresas chilenas. Estos programas, diseñados para prevenir delitos como el cohecho, la corrupción y el lavado de activos, no solo protegen a las organizaciones de sanciones legales, sino que también fortalecen su reputación y competitividad en el mercado.
La Ley de Protección de Datos Personales marca un hito en la defensa de la privacidad en un entorno digital donde la información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos y, al mismo tiempo, más vulnerables. En un país donde el 90% de la población utiliza internet de manera regular y el comercio electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años, la necesidad de un marco normativo que proteja adecuadamente los datos personales es más urgente que nunca.