Corrupción: El enemigo del crecimiento
La corrupción ha dañado la reputación de Chile como un destino seguro para inversionistas en América Latina. Esto ha afectado la confianza, ya que la transparencia y la estabilidad jurídica son fundamentales para atraer inversión. Los recientes escándalos han empeorado la posición del país en los índices internacionales, cayendo al puesto 29 de 180 países en 2023, con un puntaje de 66/100, lo que ha llevado a Transparencia Internacional a catalogarlo como un “país a observar”.
Los efectos negativos se manifiestan de varias formas, por un lado con freno a la inversión y al crecimiento, debido a que la confianza de los inversionistas depende en gran medida de la seguridad jurídica y la transparencia de un país. Expertos en riesgo político señalan que “la corrupción corroe las instituciones, afecta a esa seguridad y estabilidad que requiere la inversión extranjera”, y que numerosos países enfrentan el desafío de elevar sus niveles de integridad pública y privada para atraer capitales.
La corrupción también desvía recursos que podrían destinarse a proyectos productivos. Los casi $90 mil millones de pesos del Caso Convenios, por ejemplo, equivalen al doble del presupuesto anual del SENDA o podrían haberse utilizado para construir viviendas sociales. A nivel global, se estima que la corrupción representa el 5% del PIB mundial, lo que en Chile equivaldría a hasta US$15.000 millones anuales en pérdidas.
Estos recursos perdidos impactan la economía, ya que los sobreprecios y la adjudicación de contratos a empresas incompetentes generan ineficiencias, elevando los costos y reduciendo la productividad. Además, si esta tendencia continúa, podrían reducirse aún más las inversiones, lo que implicaría menos crecimiento, menos empleos de calidad y menos desarrollo.
La corrupción también afecta el clima de negocios y la reputación internacional de Chile, que históricamente ha destacado en rankings de competitividad. Casos como los audios SII/CMF y las influencias indebidas en procesos administrativos aumentan la incertidumbre regulatoria. Un entorno de negocios turbio desincentiva la innovación, favoreciendo prácticas rentistas, y podría impactar la calificación crediticia soberana, encareciendo el financiamiento para Chile y sus empresas.
Hasta ahora, las clasificadoras han mantenido al país con un grado de inversión sólido, pero advierten sobre la necesidad de mejorar la gobernanza para sostener la estabilidad. Los mercados reaccionan no solo a cifras macroeconómicas, sino también a factores intangibles como la confianza en el Estado de derecho. Según el Banco Mundial, la estabilidad política, la ausencia de corrupción y la calidad regulatoria son determinantes clave para atraer inversiones extranjeras. Si Chile pierde esas garantías, perdería su posición frente a otros países de la región.
La corrupción también distorsiona la competencia. Las empresas que se niegan a pagar sobornos o participar en colusión se ven desplazadas, lo que reduce la innovación y aumenta los precios, afectando al consumidor final. En última instancia, el ciudadano paga el precio a través de impuestos más altos, tarifas de servicios más caras o menores salarios debido a la falta de crecimiento.
En palabras del FMI, “la corrupción es una carga sobre el crecimiento y la inversión”. No solo reduce el PIB, sino que aumenta la desigualdad y agrava la desconfianza en la economía formal. Si no enfrentamos este problema, arriesgamos el prestigio de Chile como destino de negocios, la eficacia del gasto público y la estabilidad económica en un contexto global complicado.
José Ignacio Camus
