El precedente Clark
El concepto de impunidad en los delitos financieros está quedando atrás. Con la reciente querella interpuesta contra Michael Clark por la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en la compra del control de Azul Azul, el mercado está viendo en tiempo real cómo la Ley de Delitos Económicos comienza a aplicarse. La eliminación de atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración eficaz en la investigación, eleva el estándar de responsabilidad para ejecutivos y empresas.
En esta situación, la gravedad de las sanciones podría escalar hasta la disolución de la empresa o, como se conoce en el ámbito corporativo, la pena de muerte empresarial. Se trata de uno de los primeros precedentes que ponen a prueba la nueva normativa y su capacidad para sancionar operaciones que antes podían quedar en una nebulosa legal o administrativa.
La querella, presentada por la sociedad Inmobiliaria D.S.E. Limitada y los accionistas minoritarios Daniel y Eduardo Schapira, busca que Clark y su sociedad Inversiones Antumalal Ltda., respondan penalmente por la omisión de la OPA en la adquisición indirecta del control de Azul Azul. De confirmarse los hechos, estaríamos ante un claro fraude bursátil, ahora tipificado como delito económico de primera categoría, con sanciones que van desde multas millonarias hasta penas de cárcel efectivas.
La base de la querella radica en la adquisición que hizo Clark, a través de Inversiones Antumalal, del 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, que a su vez controla el 63,07% de Azul Azul. De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, cualquier operación que implique un cambio de control en una sociedad anónima abierta debe someterse a una OPA, garantizando que los accionistas minoritarios tengan la oportunidad de vender sus participaciones en igualdad de condiciones.
Sin embargo, la compra de las cuotas del fondo se realizó de manera privada, sin informar a los accionistas ni a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Solo tras la presión mediática y de la propia CMF, Clark anunció la intención de realizar una OPA, pero en términos cuestionables, con un precio de compra inferior al de mercado y sin los procesos formales establecidos por la normativa.
Bajo este nuevo marco normativo, el escenario es distinto. La omisión de una OPA se tipifica como fraude bursátil, con penas que van desde 541 días hasta cinco años de cárcel para los responsables. Además, la normativa amplía la responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas, lo que significa que Inversiones Antumalal también podría enfrentar sanciones, incluyendo la disolución de la sociedad o la inhabilitación para operar en el mercado financiero.
Este hecho establece un precedente sobre la rigurosidad con que se aplicará la nueva Ley de Delitos Económicos y envía una señal clara: ya no se permitirán maniobras que perjudiquen a los inversionistas minoritarios. Las empresas deberán fortalecer sus programas de cumplimiento y monitoreo de riesgos. Los gobiernos corporativos tendrán que asumir un rol más activo en la fiscalización de operaciones estratégicas, asegurándose de que cualquier movimiento en la propiedad accionaria cumpla con el debido proceso.
El caso de Michael Clark es solo la punta del iceberg en la aplicación de la nueva ley. A nivel global, hemos visto cómo legislaciones más estrictas han transformado el mercado financiero: la Ley Sarbanes-Oxley en EE.UU. y las regulaciones europeas sobre transparencia en el mercado de valores.
Esta tendencia se traduce en una creciente exigencia de transparencia y cumplimiento efectivo. La confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, dependerá en gran medida de cómo se enfrenten estos casos y de la efectividad de la nueva ley para disuadir prácticas irregulares. Más allá de las sanciones, lo que está en juego es la credibilidad del sistema financiero y la capacidad de Chile para garantizar un mercado justo y equitativo.
Lo ocurrido con Clark es solo el comienzo y marcará la pauta para el futuro de la gobernanza corporativa en el país. Ahora, el mercado está en la mira, y cada empresa deberá preguntarse: ¿estamos realmente preparados para este nuevo estándar de transparencia y fiscalización? La respuesta marcará la diferencia entre la permanencia en el mercado o su desaparición.
José Ignacio Camus
Co Founder Admiral Compliance
