​Cuando la confianza se rompe desde arriba, pero el regulador actúa

Lo importante en el caso Primus Capital no es solo el monto de la multa (casi 2.000 millones de pesos), ni el tamaño del fraude (más de $35.000 millones en activos inflados). Lo relevante es el mensaje que transmite el regulador: ya no bastan advertencias, ahora se aplican sanciones contundentes respaldadas por el marco legal. La Ley N° 21.314 no sólo elevó el límite máximo de las multas de UF 15.000 a UF 100.000, sino que también fortaleció las facultades de la CMF, obligándola a actuar con mayor rigor. En esta ocasión, ese rigor se aplicó con eficacia.

Que un gerente general haya sido multado con ese monto e inhabilitado por cinco años por entregar información financiera falsa constituye un hecho poco común. Resulta ser lo más cercano que se ha estado en mucho tiempo de establecer un estándar claro; el cumplimiento no es un simple accesorio, es una responsabilidad ineludible.

La sanción impuesta a Francisco Coeymans, exgerente general, por adulterar información financiera presentada al mercado a través de Primus Capital, consistió en UF 50.000 y una inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades reguladas por la CMF durante cinco años. Más allá del aspecto formal, esta decisión evidencia que la tolerancia a los abusos de cuello y corbata se encuentra en declive. En mercados regulados, el engaño mediante cifras conlleva consecuencias reales.

Estas sanciones son relevantes no solo por su impacto inmediato, sino por el precedente que establecen. Los números no se falsifican por sí solos, y durante años muchas estructuras corporativas consintieron prácticas irregulares con pleno conocimiento. Este tipo de fraudes no surge espontáneamente; requiere de un entorno permisivo, de omisiones deliberadas y de una cultura organizacional deficiente que propicia la impunidad.

La CMF comprobó que, bajo la gestión de Coeymans, se inflaron activos contables mediante contratos que no debieron registrarse y se omitieron pasivos significativos, con el objetivo de proyectar una imagen de solidez empresarial ficticia. Este comportamiento no corresponde a un error aislado, sino a una estrategia premeditada, lo que exige un cambio en la forma de interpretar este tipo de hechos.

Las organizaciones no se resguardan únicamente con manuales o auditorías. Se protegen cuando los liderazgos comprenden que rendir cuentas no constituye un trámite, que entregar información veraz es una obligación esencial y que la cultura institucional se define principalmente por lo que se permite, y no solo por lo que se declara públicamente.

En un contexto donde la confianza se construye lentamente y puede perderse con un solo correo, decisiones como esta resultan necesarias. No resuelven todos los problemas, pero establecen un precedente que demuestra que el cumplimiento ha dejado de ser un formalismo. Manipular información para proyectar una imagen inexistente acarrea responsabilidades que trascienden al directorio.

La integridad no se delega ni se terceriza. Se cultiva en los detalles, en la convicción de actuar correctamente incluso en ausencia de supervisión. Cuando no se adopta este enfoque, el sistema debe reaccionar. Esta vez, por fin, lo hizo de manera ejemplar.

José Ignacio Camus

Director de Admiral Compliance

 Cofundador de AdmiralONE