FES: la urgencia de un debate técnico parra una reforma sostenible
En mi columna del 3 de noviembre, titulada “Acordar, discutir, debatir una ley”, señalaba que la elaboración normativa en nuestro país adolece de un problema de origen: la discusión legislativa no se sustenta en la confrontación de argumentos técnicos, sino que termina reducida a una negociación que busca “puntos medios” entre posiciones antagónicas. Advertía entonces que una ley concebida bajo esa lógica puede derivar en un ordenamiento ineficiente e ineficaz.
Esta preocupación vuelve a hacerse presente en el debate sobre el proyecto de financiamiento para la educación superior (FES). Diversos actores han manifestado aprensiones, entre ellos el profesor Felipe Zúñiga, ex vicerrector de Gestión Económica de la Universidad Austral. Él observa que, si bien la inspiración y el objetivo del instrumento son razonables, su implementación desconoce aspectos esenciales. Uno de los puntos más sensibles es la definición del arancel regulado: si su cálculo no es adecuado, podría terminar desfinanciando a las universidades. A ello se suma que el sistema solo tendría un funcionamiento óptimo si las instituciones se encuentran en una situación financiera sólida, condición que no se verifica en varios planteles.
Asimismo, un informe de la Pontificia Universidad Católica sostiene que el FES no es autofinanciado y que requerirá aportes adicionales año tras año. Incluso esa institución —una de las de mayor solidez económica del sistema— proyecta pérdidas que podrían fluctuar entre 9 mil y 25 mil millones de pesos con la aplicación del nuevo modelo.
El impacto potencial es significativo. El costo de implementación, junto a la condonación de deudas y al financiamiento de nuevos estudiantes, podría exigir recursos fiscales equivalentes al 2,3% del PIB, es decir, cerca de siete mil quinientos millones de dólares en los primeros años (el equivalente a 7 puentes del Chacao). A esto se suma que el buen funcionamiento del FES depende de mejoras en los sistemas de cobranza y de una alta participación de los estudiantes, factores que en muchos casos escapan a la gestión de las universidades.
El panorama es complejo. El proyecto constituye una promesa del actual gobierno y ha generado expectativas entre sus adherentes. Sin embargo, también plantea desafíos que inevitablemente heredará la próxima administración, incrementando la presión sobre su capacidad de gestión y exponiéndola a los efectos de una política cuyo debate no está siendo conducido con el rigor técnico necesario.
Este problema se inserta en un contexto más amplio que enfrenta el Estado: la disponibilidad y calidad de los recursos fiscales. En Chile, estos provienen casi exclusivamente de la recaudación tributaria, la cual se ha debilitado por dos razones principales: el bajo crecimiento económico y la ineficiencia estructural del sistema tributario.
En síntesis, se analiza un mecanismo que, en su diseño actual, no es eficiente, es costoso y se apoya en una base estructural que no es sostenible en el tiempo. Ello genera presiones adicionales sobre la necesidad de recursos, los cuales no podrán obtenerse mientras el sistema tributario no cuente con la capacidad suficiente para proveerlos.
Por estas razones, la discusión parlamentaria debería centrarse en ponderar con seriedad los factores objetivos que han generado controversias y dejar en segundo plano las buenas intenciones o los argumentos basados únicamente en la apelación a derechos fundamentales, entre ellos la educación.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago de Chile