Germán Pinto

Sin duda, el tema económico ha copado la agenda noticiosa, llamando la atención de toda la población. Incluso, diversos grupos sociales ya se han manifestado, aunque las verdaderas políticas económicas aún no han sido publicadas.

Varias personas me han preguntado cómo es posible que el gobierno baje los impuestos a los “más ricos” cuando, al mismo tiempo, declara no tener recursos suficientes para paliar los efectos del alza en el precio del petróleo. Esta situación da la impresión de que se premia a quienes tienen más, mientras no se protege adecuadamente a quienes tienen menos.

Sin duda, el actual gobierno llegó con mucha energía y ha estado trabajando en distintos frentes impulsado por el programa por el cual fue ampliamente respaldado en diciembre pasado. En ese contexto, la materia económica —y, dentro de ella, la tributaria— constituye un claro ejemplo, a propósito de las 40 medidas anunciadas con el objetivo de reactivar la economía y superar el déficit estructural heredado de la administración anterior. Sin embargo, este entusiasmo también ha generado algunos problemas.

Ya tenemos nuevo gobierno y comienza la actividad legislativa y administrativa destinada a llevar a cabo el programa que condujo a José Antonio Kast a la primera magistratura. Una de esas propuestas programáticas es la reforma tributaria anunciada para el 1 de abril. ¿Qué incluye esa reforma? Muchas cosas.

Creo que podemos aplicar el refrán “no hay que llorar por la leche derramada” al déficit estructural que dejó el gobierno saliente, equivalente a un 3,6% del PIB. Sin embargo, sí es imprescindible analizar las razones de ese descuadre y, sobre todo, cómo evitar que se repita.

Quiero continuar desarrollando la temática que ha estado presente en mis últimas columnas: la relevancia que tiene la información para la conducción de las finanzas públicas. La toma de decisiones sobre datos fidedignos no es un detalle técnico; es una condición estructural para evitar desequilibrios como el déficit que heredará el próximo gobierno.

El déficit estructural equivalente a 3,6 % del PIB para el ejercicio fiscal 2025 ha motivado un intenso debate entre los distintos actores de la economía nacional, dada su relevancia y las implicancias para la conducción de las finanzas públicas del próximo gobierno.

El próximo gobierno recibirá el país con un serio problema de caja: los ingresos tributarios no alcanzan y existen múltiples demandas sociales insatisfechas que seguramente serán reivindicadas con fuerza por las organizaciones sociales. Además, según lo informado el viernes por la tarde, en 2025 se registró un déficit estructural de 3,6% del PIB, es decir, el gasto permanente del Estado superó sus ingresos permanentes. Esto evidencia una situación fiscal grave que puede calificarse de emergencia si no se adoptan medidas oportunas.

La aplicación del IVA a las compras de bienes en el extranjero realizadas a través de plataformas digitales como Shein o Temu generó un intenso debate cuando comenzó a regir en octubre del año pasado. A este tema dediqué mis columnas del 29 de septiembre y del 27 de octubre, en las que comenté y proyecté los posibles efectos de esta medida.

Es interesante analizar las últimas declaraciones del futuro ministro de Hacienda, señor Jorge Quiroz, y observar cómo ha puesto el foco en el crecimiento del país, identificando con claridad tres ejes para alcanzarlo: mejorar las regulaciones, reducir la carga tributaria y realizar un ajuste fiscal profundo.