La ilusión de la gestión transparente
El panorama actual de la corrupción municipal en Chile, expuesto con crudeza por el estudio más reciente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), arroja una verdad incómoda: el 81,2% de los municipios carece de una política anticorrupción formalizada; el 69,7% no tiene políticas efectivas de integridad pública, y un alarmante 67,4% carece de canales formales de denuncia interna. Estos datos provienen de una evaluación realizada al 88,1% de las comunas, representando un análisis casi nacional que desmonta cualquier percepción sobre mejoras o avances significativos en esta materia.
Este déficit institucional no es un mero detalle técnico ni un problema de documentos faltantes, sino la expresión de una cultura política donde la integridad se percibe como un adorno opcional y no como un principio rector indispensable. En este contexto, los códigos éticos, comités de ética, y manuales de prevención son excepciones y, en muchos casos, meros ejercicios formales sin impacto real.
A la par de estos datos, otro estudio publicado recientemente por Libertad y Desarrollo sostiene que un 72,3% de la población percibe un aumento de la corrupción durante la administración actual, situando en el foco a las municipalidades como uno de los principales epicentros del problema. Esta realidad reputacional supone una crisis de legitimidad que alimenta no solo la desconfianza hacia las autoridades locales, sino también la creciente desconexión entre ciudadanos y gobernanza municipal.
El problema, por tanto, no se reduce a la ausencia de políticas, sino que se infiltra en la gestión diaria y en la lógica perversa que permite simular cumplimiento sin transformar la realidad institucional. El compliance, cuando se limita a la formalidad documental en un sistema marcado por discrecionalidades, clientelismo y estructuras opacas, se convierte en una ilusión, en un espejismo funcional que encubre la perpetuación de prácticas corruptas.
Las pocas municipalidades que sí han desarrollado políticas anticorrupción robustas, como el caso de Temuco (que cuenta con múltiples mecanismos anticorrupción y una colaboración efectiva con la Contraloría), demuestran que la integridad puede ser un motor de eficiencia y confianza ciudadana, pero advierten también que sin liderazgo decidido y recursos adecuados, estas experiencias serán siempre la excepción y no la regla.
Frente a esta realidad, urge replantear el compliance público municipal como un proceso integral y sistémico que supere la simple existencia de manuales o códigos. Se requiere un rediseño de los incentivos, una profesionalización ética profunda y una fiscalización externa efectiva y constante, además del involucramiento real de la sociedad civil y los medios independientes.
La crisis municipal no admite más pausas ni respuestas superficiales. La integridad debe convertirse en la médula de la gestión local, si es que Chile quiere preservar la confianza ciudadana y la legitimidad democrática. No se trata de añadir más capas formales, sino de construir un sistema que haga imposible, y no solo difícil, la corrupción.
El dato mata el relato, pero solo si se interpreta con la valentía para cuestionar el statu quo y la voluntad política para transformarlo con decisión, no con protocolos simbólicos. Esa es la verdadera tarea pendiente del Chile municipal del siglo XXI.
José Ignacio Camus
Director AdmiralOne
