José Ignacio Camus

La Ley de Protección de Datos Personales marca un hito en la defensa de la privacidad en un entorno digital donde la información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos y, al mismo tiempo, más vulnerables. En un país donde el 90% de la población utiliza internet de manera regular y el comercio electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años, la necesidad de un marco normativo que proteja adecuadamente los datos personales es más urgente que nunca.

Con la entrada en vigor de la Ley N°2.595 sobre Delitos Económicos, las empresas, sus dueños y directivos se enfrentan a graves consecuencias, como multas, presidio y la disolución de la empresa, si no gestionan de manera efectiva los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Por ello, es fundamental redefinir y fortalecer la función de compliance en todo tipo de organizaciones, sin importar su tamaño. 

En un esfuerzo por reforzar la transparencia y la ética en las contrataciones públicas, la Contraloría General de la República (CGR) ha implementado una medida que exhorta a los proveedores contar con un modelo de integridad para poder participar en las licitaciones públicas. Este requisito subraya la importancia de una cultura organizacional basada en principios éticos y de cumplimiento. 

Santiago, lamentablemente, se ha posicionado como una de las ciudades con peor calidad de aire del planeta según un estudio de la compañía suiza IQAir. Las dos alertas ambientales declaradas en menos de una semana son un llamado urgente a tomar medidas drásticas. La tecnología y los datos disponibles nos ofrecen la alternativa de transformar esta crisis en una oportunidad para mejorar la salud de la población y proteger nuestro medio ambiente.

El compliance, antes considerado un requisito legal, ahora se ha convertido en un elemento vital para la estrategia empresarial en diversos sectores. Normativas recientes, como la Ley de Delitos Económicos y la Ley de Ciberseguridad, están impulsando la adopción de prácticas más rigurosas en las empresas. Estas regulaciones imponen sanciones más severas para delitos económicos y exigen la implementación de programas de cumplimiento efectivos.