Defensa de la privacidad: Chile ante el desafío digital
La Ley de Protección de Datos Personales marca un hito en la defensa de la privacidad en un entorno digital donde la información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos y, al mismo tiempo, más vulnerables. En un país donde el 90% de la población utiliza internet de manera regular y el comercio electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años, la necesidad de un marco normativo que proteja adecuadamente los datos personales es más urgente que nunca.
Esta ley, inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, introduce prácticas fundamentales para la protección de la privacidad, como la responsabilidad proactiva de las empresas y derechos esenciales para los usuarios, como el derecho al olvido, la portabilidad de los datos y la obligación de informar sobre brechas de seguridad. Sin embargo, aunque estos elementos son un paso en la dirección correcta, la implementación efectiva de esta normativa enfrenta desafíos significativos en el contexto chileno.
A nivel global, el GDPR ha demostrado ser un marco eficaz para la protección de datos, con sanciones que, hasta 2023, han superado los 800 millones de euros. Estas multas han sido un factor disuasorio importante, obligando a las compañías a tomar en serio esta misión. En comparación, la ley chilena establece sanciones menos severas, con multas que pueden llegar al 1% de los ingresos anuales en casos de infracciones graves. Esta diferencia en la severidad de las penas podría limitar el impacto de la ley y su capacidad para garantizar una protección efectiva de los datos personales.
Además, es importante señalar que la experiencia en América Latina en la implementación de leyes de protección de datos ha sido dispar. Brasil, con su Ley General de Protección de Datos (LGPD), enfrenta desafíos significativos en la aplicación de la normativa, en parte debido a la falta de recursos y de infraestructura para supervisar y hacer cumplir lo establecido. En Chile, la situación no es muy diferente. Aunque el nuevo marco regulatorio es un avance importante, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento de manera efectiva.
Otro aspecto crucial para el éxito de esta legislación es la educación y la concientización tanto de las compañías como de la ciudadanía. Sin una comprensión clara de sus derechos, es difícil que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento. Del mismo modo, si las empresas no entienden plenamente sus responsabilidades bajo la nueva ley, corren el riesgo de incumplir las normativas, lo que podría resultar en sanciones y en una pérdida de confianza por parte de los consumidores.
La implementación de la ley no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como parte de un proceso más amplio de adaptación a un entorno digital en constante evolución. La rápida adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y/o el big data presenta nuevos desafíos para la protección de los datos personales. Estos desarrollos tecnológicos, aunque ofrecen enormes oportunidades para el crecimiento económico y la innovación, también aumentan los riesgos asociados con la recopilación y el uso de información íntima. Por lo tanto, es crucial que la normativa sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a estos cambios, asegurando que la protección de la privacidad siga siendo una prioridad a medida que evoluciona el panorama digital.
Chile tiene la oportunidad de liderar en protección de datos en América Latina, pero requiere enfrentar los desafíos restantes con decisión. La protección de datos es esencial para mantener la confianza en un mundo digital. Aunque el país avanza en lo normativo, es vital que esto se traduzca en acciones efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos. No basta con la legislación; se necesita un compromiso continuo de todos los actores para garantizar una privacidad real y fortalecer la confianza en la digitalización.
José Ignacio Camus
Co-Founder
Admiral Compliance
