En el dinámico y regulado entorno empresarial actual, la implementación de Modelos de Prevención del Delito (MPD) se ha vuelto esencial para las empresas chilenas. Estos programas, diseñados para prevenir delitos como el cohecho, la corrupción y el lavado de activos, no solo protegen a las organizaciones de sanciones legales, sino que también fortalecen su reputación y competitividad en el mercado.
La Ley N° 20.393, promulgada en 2009, introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que las organizaciones pueden ser responsables de delitos cometidos por sus directivos o empleados, a menos que implementen un modelo de prevención adecuado. Esto ha incentivado a las empresas chilenas a desarrollar sistemas internos que aseguren el cumplimiento normativo y mitiguen riesgos legales, proporcionando un marco claro para la adopción de estos programas.
Además de proteger contra sanciones económicas y reputacionales, los MPD fomentan una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia. En un contexto donde los consumidores valoran la responsabilidad social corporativa, las empresas que adoptan estos modelos generan mayor confianza y son reconocidas por operar con integridad.
Contar con un MPD también mejora las relaciones con accionistas, inversionistas y clientes. Muchos inversionistas institucionales buscan compañías que no solo ofrezcan rentabilidad financiera, sino que también se adhieran a altos estándares éticos. Un modelo de prevención actúa como garantía de compromiso con un comportamiento íntegro, aumentando su atractivo en los mercados financieros.
Sin embargo, la implementación de un MPD efectivo no es sencilla. Requiere una evaluación exhaustiva de los riesgos específicos a los que se enfrenta cada empresa y la creación de mecanismos de control internos, como políticas anticorrupción, capacitación de empleados y canales de denuncia confidenciales. El objetivo es establecer una cultura corporativa donde el cumplimiento legal y la ética sean prioritarios.
Aunque muchas grandes empresas han liderado la adopción de MPD, las pequeñas y medianas empresas (pymes) aún se encuentran rezagadas, a menudo por la percepción de que estos modelos son costosos o complejos. Esta situación las expone a riesgos que podrían ser más perjudiciales que el costo inicial de implementar un sistema preventivo.
El desafío futuro es fomentar que más empresas chilenas, sin importar su tamaño, adopten estos modelos de prevención. Esto requerirá un esfuerzo conjunto entre el sector privado, las autoridades regulatorias y los gremios empresariales para crear conciencia sobre los beneficios de estos sistemas. A medida que más empresas incorporen MPD, se reducirá la incidencia de delitos corporativos y se fortalecerá la confianza en el entorno de negocios del país, atrayendo más inversión y crecimiento.
La adopción de Modelos de Prevención del Delito en Chile eleva los estándares éticos y operativos del sector empresarial. A medida que más organizaciones los implementan, se refuerza la integridad del mercado y se mejora la percepción internacional del país. Este cambio cultural no solo beneficia a las empresas, sino que impulsa un desarrollo económico sostenible, promoviendo un entorno de negocios más transparente y competitivo. Invertir en MPD es clave para asegurar el éxito a largo plazo de las empresas chilenas en un mundo globalizado.
José Ignacio Camus
Admiral Compliance