Reflexiones sobre los dichos del director nacional del SII
Don Javier Etcheverry es una persona moderada y, muy rescatable, reconoce cuando se ha equivocado, sin embargo, como dice el dicho: la excusa agrava la falta.
Hace unas semanas reconoció que la determinación de la base imponible sobre la cual se calculan las contribuciones de bienes raíces era “poco transparente”, hecho tremendamente preocupante porque los tributos son una imposición que debe estar claramente determinada en una norma jurídica con jerarquía de ley, además de respetar una serie de límites a la potestad tributaria que evitan abusos e injusticias hacia los contribuyentes. El hecho que el Director Nacional (DN) del Servicio de Impuestos Internos (SII) haya declarado tal situación, sin que hay sido conminado a dar excusas o explicaciones a través de algún procedimiento judicial o administrativo, es gravísimo porque evidencia una tremenda injusticia, pues muchos contribuyentes debieron haber pagado indebidamente una cantidad determinada de dinero. Por otro lado, y tal como ya he desarrollado y expuesto en otras columnas, las contribuciones son tributos patrimoniales que obligan a pagar impuestos sobre la base de factores exógenos y que no se condicen con la situación económica y/o financiera de los contribuyentes. Así también, las penalidades por el no pago son draconianas, pues el Estado está facultado para rematar las viviendas para recaudar este injusto tributo. Este hecho es muy complicado porque la autoridad fiscal puede castigar arrebatando un bien tan preciado como es la casa propia, la cual se obtiene con el trabajo de muchos años. Es por tal motivo que el reconocer que las bases imponibles son determinadas con “poca transparencia” es tremendamente preocupante.
La semana pasada fuimos testigos de otra confesión del DN cuando reconoció que fue indebida su referencia que solo el 20% más rico del país era el que reclamaba, porque era ese 20% el que pagaba contribuciones. Sin duda que esta relación numérica no es precisa. En efecto, es evidente que es bajo el porcentaje de viviendas que están afectas a este tributo, pues existen muchas que tienen un avalúo fiscal bajo, sin embargo, no significa que los dueños de esas viviendas sean ricos, pues desde hace más de 40 años que la forma de adquisición de inmuebles es a través del financiamiento con créditos hipotecarios a 20 o 30 años, es decir, muchos trabajadores pasan toda su vida laboral pagando la vivienda.
Esa situación permite colegir claramente que un trabajador termina pagando su crédito hipotecario en los últimos años de su vida laboral, pudiendo disfrutar en propiedad de su adquisición cuando ya esté jubilado. De esta forma, no es descabellado pensar que muchas personas que pagan contribuciones (dejemos de lado a las sociedades o empresas dueñas de bienes raíces) les resulta difícil cumplir con este imperativo tributario, concentrándose de esta forma en este segmento, el mayor número de reclamaciones.
Por otro lado, si reflexionamos sobre el hecho de que el mayor número de reclamaciones contra las contribuciones corresponde al 20% de la población, podemos entender, realmente, que esto se debe a que ese 20% no cuenta con los recursos suficientes para pagar el monto que se la autoridad ha determinado, con poca transparencia según la propia confesión de la autoridad, reafirmando mi aprehensión de que este tributo es injusto al no estar indexado al ingreso del contribuyente, sino a factores exógenos que perfectamente terminan por caer en una insolvencia o en una verdadera tarea titánica para poder cumplir con el imperativo tributario.
Creo que las reflexiones que hago de las correcciones y disculpas que ha realizado el DN del SII dan pábulo para un estudio que corrija este tributo y termine con las externalidades que están siendo verdaderas injusticias amparadas por nuestro ordenamiento jurídico.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
