El Congreso frente a un mercado laboral en crisis
Una nueva moción parlamentaria presentada durante mayo por parlamentarios del Frente Amplio se suma a otro proyecto de ley de marzo de 2025 por un grupo de diputados del Partido Comunista, que buscan modificar el Código del Trabajo para eliminar el límite de 11 años en el cálculo de la indemnización por años de servicio. La propuesta legislativa, actualmente en primer trámite constitucional, se encuentra en estudio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Estas mociones parlamentarias plantean suprimir el tope de 330 días de indemnización y que los empleadores paguen indemnizaciones conforme a la antigüedad efectiva de los trabajadores, Y no hasta 11 años como ocurre hoy. Hasta ahora, este cambio legislativo no cuenta con patrocinio del Ejecutivo.
En todo caso, lo más relevante es que esta no es una idea aislada y existen varios otros proyectos de modificaciones legales en temas laborales, que indefectiblemente aumentarán los costos de los empleadores, por lo que esta dinámica de nuestro Congreso – y del Gobierno– refuerza la necesidad de examinar los efectos concretos de sucesivos y crecientes cambios a nuestro Código del Trabajo en un contexto de desempleo y alta informalidad laboral.
Precisamente, a la moción parlamentaria de aumentar las indemnizaciones en caso de despido, se suman otras iniciativas que avanzan simultáneamente en el Congreso y que apuntan en la misma dirección: incrementar las obligaciones legales de empresas y empleadores. Entre ellas se encuentran el proyecto de ley que busca consagrar la negociación colectiva por rama o sector productivo y de sala cuna universal, ambas en plena tramitación. El presidente Boric ha dado su respaldo en la Cuenta Pública a presentar su propio proyecto de ley para instaurar en Chile la negociación colectiva ramal, como parte del programa de gobierno de 2022-2026.
El problema es que todas estas medidas se discuten en paralelo y luego de profundos cambios que enfrenta el mercado laboral, como fueron la Ley de 40 Horas, Ley Karin, Reforma Previsional y DS 44 en materia de riesgos laborales, todo sin considerar el frágil contexto laboral y económico actual.
En forma paralela –mientras se escribe esta columna– se avanza en el Congreso Nacional en tercer trámite constitucional el proyecto de ley que incrementa retroactivamente a mayo el ingreso mínimo desde \$510 mil a \$529 mil, para luego aumentar a\$539 mil a contar de enero de 2026, con lo que Chile tendrá el sueldo básico más alto de Sudamérica.
La intención de todas estas modificaciones puede ser legítima, pero al analizarlas en conjunto surge la duda de si responden a las verdaderas urgencias del empleo o si podrían convertirse en nuevos obstáculos a la contratación formal.
Cabe precisar que la indemnización por años de servicio, regulada en el artículo 161 del Código del Trabajo, solo aplica a despidos por necesidades de la empresa, y no cubre a todos los trabajadores. El impacto real del proyecto es, por tanto, limitado. Además, el creciente volumen de litigios por despido injustificado ha generado un entorno de alta incertidumbre jurídica para los empleadores. Ganar un juicio de este tipo es cada vez más difícil, incluso cuando existen fundamentos válidos para la desvinculación. La presunción de falta de justificación es la regla que manejan nuestros jueces laborales, lo que eleva significativamente los costos de salida.
Todo esto ocurre mientras, según el INE, el desempleo alcanza un 8,8 % —el nivel más alto en 14 años— y la informalidad laboral afecta al 25,8 % de los trabajadores, lo que representa a más de 2,4 millones de personas. Estas cifras evidencian un mercado laboral frágil, donde crear y formalizar empleo es más urgente que seguir incrementando los costos de emplear.
Medidas como eliminar el tope indemnizatorio o instaurar la negociación ramal, sin mecanismos compensatorios, pueden terminar desincentivando la contratación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
En lugar de seguir elevando los costos estructurales, el país debiera avanzar hacia una modernización del Seguro de Cesantía, protegiendo a todos los trabajadores y reduciendo la judicialización de los conflictos, creando incentivos tributarios para la formalización de relaciones laborales.
Chile necesita una agenda laboral que ponga al empleo formal en el centro. Las buenas intenciones deben traducirse en buenas políticas. De lo contrario, seguiremos alimentando una retórica legislativa que promete más protección, pero que en la práctica hace cada vez más difícil crear fuentes de trabajo.
A menos de un año de una nueva elección presidencial, la pregunta es si algún candidato o candidata tendrá la audacia de proponer una verdadera reforma laboral pro empleo, capaz de enfrentar sin populismo legislativo ni evasivas el desafío estructural que vive nuestro mercado del trabajo. Porque el debate serio sobre el empleo no puede seguir postergándose: ya estamos llegando tarde.
Ruben Soto
Socio AEM Abogados
