Rubén Soto

La nueva Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, no debería ser leída en materia laboral como una simple carga administrativa adicional para los empleadores. Esa explicación es cómoda, pero insuficiente. El verdadero cambio está en otra parte: muchas de las herramientas que las empresas utilizan para dirigir, controlar y documentar la relación laboral deberán ser revisadas desde una lógica distinta, no solo laboral, sino también de privacidad, proporcionalidad y gobierno de datos.

El Ministerio de Hacienda ha presentado al Congreso una ambiciosa agenda de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, con el objetivo declarado de recuperar crecimiento, incentivar inversión y generar más empleos. La orientación general es correcta, dado que Chile no puede normalizar un mercado laboral débil, con desempleo elevado, informalidad persistente y una economía que necesita volver a crecer.

La reiteración de alertas por altas temperaturas extremas durante la temporada estival se ha convertido en una constante en gran parte del país. A ello se suma la activación periódica de medidas preventivas frente al riesgo de incendios forestales, reflejo de un escenario climático cada vez más exigente y predecible.

En 2026 la Dirección del Trabajo cumplirá 102 años,  desde su creación en el gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1924, y asi como fue reestructurada bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva, es esperable que con el inicio del Gobierno de Jose Antonio Kast esta esencial institución inicie una nueva etapa y corrija el rumbo caótico que la caracterizó, reconstruyendo puentes entre empresas y trabajadores para encauzar las relaciones laborales por un camino más sano. Para lograrlo, debe romper con las prácticas de politización y extralimitación de sus facultades de interpretación normativa que la desprestigiaron, concentrándose en hacer cumplir la ley tal cual es, de forma imparcial y eficiente.

Se aproximan la segunda vuelta presidencial y más allá de quien resulte electo o electa como próximo gobernante, el nuevo Gobierno deberá ajustar necesariamente sus prioridades en temas laborales. Durante octubre, conocimos un estudio que concluye algo incómodo pero evidente: con la agenda laboral vigente y los proyectos de ley en trámite en el Congreso, Chile necesitará alrededor de 1% de crecimiento anual del PIB solo para “empatar” el alza de costos laborales; recién sobre ese umbral habría creación neta de empleo.

Ya se viene el 18 y como cada septiembre reaparece la pregunta: es obligatorio para las empresas pagar aguinaldos y a cuanto asciende el monto a pagar a los trabajadores por Fiestas Patrias

Una nueva moción parlamentaria presentada durante mayo por parlamentarios del Frente Amplio se suma a otro proyecto de ley de marzo de 2025 por un grupo de diputados del Partido Comunista, que buscan modificar el Código del Trabajo para eliminar el límite de 11 años en el cálculo de la indemnización por años de servicio. La propuesta legislativa, actualmente en primer trámite constitucional, se encuentra en estudio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, el Presidente Boric insistió en reforzar la agenda laboral como una de las prioridades del último año de su Administración. Entre los anuncios más destacados se encuentra el impulso a la postergada sala cuna universal y la reiteración de su promesa de campaña por introducir en Chile la negociación ramal. Sin embargo, al revisar en detalle el estado actual del mercado laboral, surgen serias dudas respecto a si estas iniciativas abordan de forma eficaz —o siquiera realista— los desafíos que enfrenta actualmente el empleo en nuestro país.

El anuncio del Gobierno sobre la creación de un tercer tribunal laboral en Santiago es, sin duda, una reacción ante el dramático retraso en la resolución de los juicios laborales, los cuales superan, en algunos casos, los dos años de duración. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, se proyecta el ingreso del necesario proyecto de ley para que se inicie su discusión en el Congreso para marzo de 2025. 

Si hay un sector que ha sido testigo de la aplicación efectiva del programa de gobierno de la administración del Presidente Gabriel Boric, ese es sin duda el mercado laboral. A lo largo de sus casi tres años de mandato, el Presidente ha sido pertinaz en realizar profundos cambios a nuestra normativa laboral y de seguridad social, así como correlativamente intentado presentar avances y logros en materia de empleo, pero la realidad, observada a través de las cifras y las experiencias de los trabajadores, muestra un panorama mucho más complejo y preocupante.