Negociación colectiva ramal: un riesgo para la sostenibilidad de las pymes
El Gobierno de Chile durante el mandato del Presidente Boric ha impulsado reformas significativas en la legislación laboral, con el objetivo declarado de mejorar las condiciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores. En particular, durante 2024 encontramos la "Ley de 40 Horas", que busca reducir gradualmente la jornada laboral, y la "Ley Karin", que moderniza la normativa contra el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Sin embargo, a pesar de los loables objetivos de estas reformas, su implementación ha suscitado preocupaciones, especialmente en lo que respecta a su impacto a nivel de mayores costos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Este contexto se agrava particularmente -sin considerar siquiera con la reforma previsional que se discute actualmente en el Congreso Nacional- con la conocida intención del Mandatario expresada en el Programa de Gobierno del conglomerado que lo llevó a la Presidencia de la República, de introducir en este periodo la negociación colectiva ramal en Chile, una medida históricamente impulsada por la CUT, pero que -según múltiples estudios- podría generar efectos adversos en un sector empresarial golpeado con aumento de costos laborales producto de las últimas modificaciones legales, todo en un contexto de alta informalidad laboral y aumento del desempleo.
La negociación colectiva ramal, también conocida como negociación multinivel o sectorial, es un mecanismo que permite la negociación de condiciones laborales, incluyendo salarios y beneficios, a nivel de toda una industria o sector económico. Si bien este modelo ha sido eficaz en algunos países europeos, su implementación en Chile podría generar distorsiones en el mercado laboral, especialmente en un contexto donde la heterogeneidad en productividad y salarios entre las empresas es significativa.
El Presidente Boric en la última Cuenta Pública, anunció que durante 2024 se presentaría un proyecto de ley que permita la negociación colectiva ramal en Chile, medida permitiría “extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente”. Sin embargo, esta visión no toma en cuenta las realidades y desafíos específicos que enfrentan las PYMES en Chile.
Un análisis del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) revela que, en el trimestre abril-junio de 2024, 120.800 personas se encuentran desempleadas, registrando un incremento del 28,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo el mayor desde agosto-octubre de 2021.
Por otro lado, la informalidad laboral ha alcanzado un preocupante 28,2%, afectando a 2,6 millones de personas que no cuentan con protección social ni ahorros para su pensión. Estas cifras, aunque bajas en comparación con el promedio latinoamericano, contrastan fuertemente con el 11% de los países de la OCDE, lo que refleja una crisis laboral que no ha sido abordada de manera efectiva y que ha sido calificad por David Bravo, del Centro UC de Estudios Longitudinales, como una “emergencia laboral no declarada”, y ha instado al Estado a establecer metas claras para reducir la informalidad laboral, donde un sostenido aumento de costos laborales para las empresas no parece intuitivamente ser la mejor opción para regularizar estas alarmantes cifras de personal no sujeto a las leyes laborales, por lo que la introducción de la negociación colectiva ramal podría agravar aún más la situación, en lugar de aliviarla.
Las PYMES, que representan una parte significativa de la economía chilena, podrían verse gravemente afectadas por la negociación colectiva ramal. A diferencia de las grandes empresas, que generalmente tienen mayores niveles de productividad y pueden absorber los costos asociados con aumentos salariales y beneficios, las PYMES a menudo operan con márgenes de ganancia más estrechos y enfrentan mayores dificultades para competir en un mercado regulado de manera uniforme para todos los actores. La imposición de condiciones laborales negociadas a nivel sectorial podría llevar a que muchas PYMES no puedan cumplir con los nuevos estándares, lo que a su vez podría resultar en despidos, cierres de empresas y un aumento en la informalidad laboral.
Además, la experiencia internacional muestra que la negociación colectiva ramal no siempre es la solución más adecuada para todos los sectores económicos. En países donde se ha implementado este modelo, se ha observado que puede llevar a una homogenización de las condiciones laborales que no siempre reflejan la realidad de todas las empresas dentro de un sector. Esto es especialmente problemático en sectores donde la productividad y las condiciones económicas varían significativamente entre empresas de diferentes tamaños. En Chile, donde existe una gran disparidad en la productividad entre las grandes empresas y las PYMES, la negociación colectiva ramal podría exacerbar estas desigualdades.
El Instituto Libertad y Desarrollo ha señalado que, en la actualidad, la mayoría de los acuerdos laborales en Chile son negociados por el o los sindicatos de una empresa específica, lo que permite ajustar los salarios y condiciones laborales a la realidad de cada empresa. Si bien existe la posibilidad de negociaciones no reguladas por el Código del Trabajo a nivel de industrias, estas son aún de baja frecuencia y están concentradas en actividades específicas. La introducción de la negociación colectiva obligatoria por rama de actividad económica podría, en última instancia, perjudicar a las PYMES, que no cuentan con los mismos recursos que las grandes empresas para negociar y cumplir con las condiciones impuestas a nivel sectorial.
De esta manera, si bien la negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social y puede contribuir al mantenimiento de buenas relaciones laborales, la introducción de modificaciones como las anunciadas por el Gobierno en el contexto actual, presenta riesgos significativos para las PYMES y, por ende, para la economía en su conjunto. En lugar de imponer un modelo único para todos los sectores, sería más prudente adoptar un enfoque más flexible, que permita a las empresas y sus trabajadores negociar condiciones laborales que reflejen las realidades específicas de cada organización. De lo contrario, corremos el riesgo de agravar la informalidad laboral y el desempleo.
Ruben Soto,
Socio AEM Abogados
