Mercado Laboral 2022-2024: un avance superficial, un estancamiento profundo
Si hay un sector que ha sido testigo de la aplicación efectiva del programa de gobierno de la administración del Presidente Gabriel Boric, ese es sin duda el mercado laboral. A lo largo de sus casi tres años de mandato, el Presidente ha sido pertinaz en realizar profundos cambios a nuestra normativa laboral y de seguridad social, así como correlativamente intentado presentar avances y logros en materia de empleo, pero la realidad, observada a través de las cifras y las experiencias de los trabajadores, muestra un panorama mucho más complejo y preocupante.
De hecho, el mercado laboral en Chile, lejos de recuperarse con fuerza tras la pandemia, sigue estancado y, en algunos casos, empeorando, y quizás una de las causas sean precisamente los cambios legales que se han introducido y los que se encuentran todavía pendiente de aprobación, como es la anunciada Reforma Previsional, todo lo cual ha encarecido los costos laborales para las empresas y empleadores.
El aumento del salario mínimo ha sido uno de los pilares de la política económica de este gobierno. Con un incremento acumulado del 42,9% desde enero de 2022, el gobierno ha intentado proyectar una imagen de respuesta a las crecientes demandas de los trabajadores.
Sin embargo, más allá del discurso, los números muestran que el aumento en el salario mínimo ha sido insuficiente para contrarrestar el alza en el costo de vida, que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares chilenos.
La inflación, que ha golpeado duramente a las familias más vulnerables, ha desdibujado los efectos positivos de esta medida. En efecto, los salarios más bajos han quedado atrapados en un círculo vicioso de bajo crecimiento real y alta inflación, lo que hace que los trabajadores no vean mejoras significativas en su bienestar.
Por otro lado, el empleo público ha crecido un 7%, una cifra que podría ser vista como un signo positivo en términos de creación de empleos. Sin embargo, este aumento no necesariamente refleja una mejora estructural del mercado laboral. Expansiones en el empleo público, aunque son necesarias en algunos sectores, también representan un desafío a largo plazo, al depender en gran medida del gasto fiscal y no de la creación de riqueza sostenible. Si el crecimiento del empleo no se traduce en una mayor productividad o en una mejora de la competitividad, solo contribuye a un agrandamiento del aparato estatal que podría resultar insostenible en el futuro.
El desempleo sigue siendo uno de los puntos más débiles de la economía chilena. A pesar de las medidas implementadas, la tasa de desempleo supera el 8% a nivel nacional, y llega incluso al 9% en la Región Metropolitana. Estas cifras no son menores y reflejan las dificultades estructurales de un mercado laboral que aún no se ha reactivado completamente tras la pandemia.
Pero uno de los efectos más nocivos de la política laboral del actual gobierno ha sido el crecimiento del empleo informal, un fenómeno que ha afectado especialmente a las mujeres. Desde marzo de 2022, el empleo informal en el país ha crecido a un ritmo alarmante, con un aumento del 7,1% entre las mujeres. En términos absolutos, más de tres de cada diez nuevos empleos creados en este período han sido informales, lo que refleja la creciente precariedad laboral en el país, lo que los expertos no han dudado en calificar como una “emergencia laboral”, lo que ha sido minimizado por el Ministerio del Trabajo y el propio Presidente.
Este crecimiento del empleo informal no es solo una cuestión de cifras. Implica condiciones laborales más precarias, menores derechos y un mayor riesgo de exclusión social para aquellos que, debido a la falta de oportunidades formales, se ven obligados a recurrir a trabajos informales. La informalidad no solo es una señal de debilidad del mercado laboral, sino también una condena a largo plazo para miles de chilenos que quedan atrapados en una economía sumergida, sin acceso a prestaciones sociales ni estabilidad laboral.
En este punto, cabe preguntarse cuánto es atribuible de este fenómeno a las reformas laborales promovidas por el actual Gobierno, que van desde la reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta la modernización de la normativa contra el acoso y la violencia en el trabajo, esto es la llamada “Ley Karin” pasando por proyectos emblemáticos para esta administración como es la reforma previsional y la negociación ramal. Si bien estas iniciativas persiguen fines loables, es crucial analizar su impacto en el sector empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que constituyen el motor económico del país y la fuente de ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras.
Por ejemplo, una de las reformas más emblemáticas del gobierno del Presidente Boric ha sido la aprobación y puesta en marcha este 2024 de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. A primera vista, esta medida podría parecer un avance para los derechos laborales, pero las críticas han sido abundantes. La ley ha sido vista por muchos como un ejemplo de rigidez, máxime con la interpretación que ha realizado la Dirección del Trabajo, que ha generado mayores costos para las empresas y reducido las oportunidades de empleo en un contexto de incertidumbre económica, especialmente para las PYMES.
El desafío de diseñar una agenda que promueva el empleo formal y sostenible será uno de los principales retos del próximo gobierno. Lamentablemente, este tema parece estar lejos de ser una prioridad para la actual administración, lo que hace prever que, a pesar de los esfuerzos, la situación laboral de los chilenos y chilenas seguirá siendo una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno del Presidente Boric, cuando el desempleo sigue siendo alto, el empleo informal se expande y las reformas propuestas no parecen ser las adecuadas para resolver los problemas estructurales que enfrenta el mercado laboral chileno.
Ruben Soto,
Socio AEM Abogados
