Por qué nuestras leyes fracasan: el vacío en la formación jurídica
Durante la 28ª Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía (ALACDE), tuvimos el privilegio de recibir a destacadas figuras del ámbito jurídico y económico de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Argentina. En este marco, la Dra. Luciana Yeung —economista formada en la FEA-USP, con estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison y doctorado en Economía por la EESP-FGV/SP— planteó una reflexión profunda sobre una preocupante carencia: la escasa integración del pensamiento económico en las Escuelas de Derecho de la región, en particular del Análisis Económico del Derecho (AED).
Este déficit no es menor. Implica no sólo una pérdida de herramientas valiosas para la práctica jurídica —ya sea en la litigación, la judicatura o la investigación—, sino también un desconocimiento generalizado, incluso en el ámbito político, respecto de la estrecha vinculación entre el Derecho y la economía. En nuestros países, donde una parte importante de la clase política proviene del mundo jurídico (en Chile, tres de los últimos seis presidentes de la república, desde el retorno a la democracia, han sido abogados, y en 2022 había 18 senadores y 36 diputados con formación jurídica) esta omisión es especialmente significativa. Incorporar el estudio de las ciencias del comportamiento en la formación de los abogados no es sólo deseable, sino urgente, dado el impacto que tienen sus decisiones tanto en la administración de justicia como en la formulación de políticas públicas.
La profesora Yeung señaló, entre otras causas del escaso desarrollo del AED en la región, la limitada formación de investigadores con proyección internacional en esta disciplina. En países como Chile, desde la recuperación democrática, muchas Facultades de Derecho han priorizado con acierto el estudio de los derechos fundamentales. Sin embargo, ello ha ido muchas veces en desmedro de enfoques interdisciplinarios que enriquecen el análisis jurídico, como es el caso del AED. La falta de estudios de base y de centros de formación especializados ha generado un efecto en cadena que afecta tanto la docencia como la investigación jurídica. La profundidad de esta carencia se puede plasmar con las palabras de Bruce Ackerman, profesor titular de la cátedra Sterling en la Facultad de Derecho de Yale, que a a fines del siglo pasado, advertía que el desarrollo más importante del siglo XX en el ámbito legal era precisamente esta apertura a nuevas formas de análisis: “el desarrollo más importante del siglo XX en el campo de los estudios legales” (Bruce A. Ackerman, Reconstructing American Law, Yale University Press, 1984).
Otro obstáculo relevante mencionado por la Dra. Yeung es la escasa articulación entre abogados y economistas en el diseño curricular y en la enseñanza del Derecho. En muchas Facultades de Derecho, la formación económica de los futuros juristas se reduce a cursos introductorios de macro y microeconomía (totalmente desvinculados al Derecho), y, ocasionalmente, a una asignatura electiva sobre AED. A ello se suma la baja presencia de economistas con formación jurídica en el aparato judicial.
La relación entre Derecho y economía es natural y profunda. La economía se ocupa del comportamiento, y el Derecho, de la regulación de conductas. Por eso, el AED no se limita a áreas específicas como la libre competencia o el derecho regulatorio, sino que permea todas las ramas del Derecho: desde la protección al consumidor, hasta la eficiencia en el cumplimiento de los contratos, la disuasión del delito, o la optimización de los procesos judiciales. La aplicación del AED resulta especialmente valiosa en el diseño de políticas públicas, ámbito donde una mirada exclusivamente normativa o dogmática ha demostrado sus límites.
Chile ha sido testigo de numerosos fracasos de reformas legales diseñadas desde visiones jurídicas legítimas, pero desvinculadas de sus consecuencias prácticas: el Transantiago, las sucesivas reformas tributarias, el Ministerio Público, la legislación medioambiental, las reformas laborales y previsionales, entre otras. Todas ellas comparten un rasgo común: fueron concebidas desde una perspectiva de legitimidad en los reclamos sociales, más atenta a los principios que a los resultados.
Asimismo, es necesario advertir otra carencia: la limitada pluralidad teórica en la enseñanza del Derecho. Muchas mallas curriculares han adoptado como visión predominante el neoconstitucionalismo, que, si bien ha aportado importantes avances en la defensa de los derechos, no es —ni debe presentarse como— la única forma válida de entender el Derecho.
Por todo lo anterior, parece indispensable que las Facultades de Derecho revisen sus planes de estudio con una mirada crítica y abierta. Incorporar el Análisis Económico del Derecho de forma transversal, junto con otros enfoques interdisciplinarios, permitirá formar profesionales más preparados, conscientes de la complejidad de su rol y capaces de generar un impacto positivo, tanto en el ámbito jurídico como en la construcción de una sociedad más justa y eficiente.
Rodrigo Barcia Lehmann
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Chile
Doctor en Derecho
Magister en Economía y Dirección Internacional de Empresas.
