Un problema que requiere una solución urgente: la emigración
Chile enfrenta un desafío migratorio que exige diagnóstico riguroso y respuestas institucionales eficaces. La discusión pública suele mezclar fenómenos distintos —migración regular e irregular, integración laboral, presión sobre servicios sociales y seguridad—, por lo que conviene separar planos y trabajar con evidencia. De acuerdo con la “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2023”, elaborada por INE y SERMIG, al 31 de diciembre de 2023 residían en el país 1.918.583 personas extranjeras; el colectivo más numeroso corresponde a Venezuela (728.586; 38%). Asimismo, la estimación incorpora un componente de situación irregular que alcanza 336.984 personas (17,6%).
Este escenario se intersecta con un cambio demográfico relevante: la Tasa Global de Fecundidad se ubica en niveles históricamente bajos (dato provisional 2023: 1,16), lo que vuelve todavía más importante discutir una política migratoria ordenada e integradora, compatible con la capacidad institucional del Estado. En materia de seguridad, el debate debe cuidarse especialmente para evitar inferencias apresuradas: es indispensable distinguir entre criminalidad general y delitos ligados a crimen organizado, y trabajar con reportes oficiales. Por ejemplo, el Reporte anual 2024: Homicidios en Chile de fiscalía nacional caracteriza víctimas e imputados y reporta, entre otros hallazgos, variaciones relevantes en imputados extranjeros en homicidios consumados. En cuanto a las posibles soluciones es posible señalar lo siguiente.
Primero, corresponde evitar que continúe aumentando la migración irregular, fortaleciendo el control fronterizo, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de expulsión y reconducción conforme a derecho. Con todo, incluso si el control mejora, el fenómeno no se comprende ni se aborda plenamente sin mirar sus causas. En el caso venezolano, la crisis política, institucional y socioeconómica ha generado un flujo persistente de salida, por lo que Chile debiera impulsar —en coordinación con otros Estados y organismos internacionales— estrategias diplomáticas que favorezcan condiciones de normalización democrática y protección efectiva de derechos. En este contexto, es posible plantear la posibilidad de respuestas coercitivas de carácter multinacional respecto de Venezuela, en el marco de organizaciones internacionales o regionales. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, cualquier uso de la fuerza debe analizarse estrictamente a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la prohibición general del uso de la fuerza y admite excepciones limitadas (autorización del Consejo de Seguridad y legítima defensa). Por ello, más que afirmar su licitud en abstracto, corresponde reconocer que la eventual invocación de una “intervención humanitaria” sin autorización del Consejo de Seguridad es objeto de una controversia doctrinal persistente (aunque ha habido casos como el de Kosovo).
En paralelo, el país debe definir una política fronteriza realista y ejecutable, que combine capacidad operativa, cooperación con países vecinos y control de rutas irregulares, evitando respuestas maximalistas o medidas que contravengan obligaciones internacionales. El foco debiera estar en instrumentos lícitos: tecnología y vigilancia, persecución penal de trata y tráfico ilícito de migrantes, trabajo conjunto policial y aduanero, y una gestión administrativa más rápida para distinguir con claridad entre migración regular, solicitantes de protección y situaciones irregulares.
Segundo, es necesario diseñar una política de admisión y protección social basada en capacidad de acogida, con criterios transparentes. Esto supone fijar cupos u objetivos anuales ajustables por nacionalidad o por tipo de visa cuando existan razones objetivas (capacidad de integración laboral, presión sobre servicios, necesidad humanitaria, etc.), y, una vez alcanzados, restringir nuevas admisiones o reconducirlas hacia vías alternativas (reunificación familiar acotada, programas humanitarios regionales, reasentamiento coordinado). La idea no es “cerrar” de modo indiscriminado, sino compatibilizar el ingreso con lo que la economía y el sistema de protección social pueden absorber sin deteriorar la cohesión social ni erosionar la legitimidad del propio sistema.
Un tercer eje —complementario— es la integración económica de quienes ya residen en Chile: regularización ordenada cuando proceda, exigencias claras, fiscalización laboral y reconocimiento razonable de competencias. La inserción en el mercado formal reduce vulnerabilidades y, a la vez, disminuye el espacio del mercado informal y de redes de explotación. Pero, ello supone una economía sana y en expansión.
Por último, debe enfrentarse el crecimiento de la informalidad y del crimen organizado asociado a mercados clandestinos, incluyendo el fenómeno de asentamientos irregulares. Cuando el acceso a vivienda y suelo se desplaza a circuitos informales, se generan “reglas paralelas” y mecanismos de cobro que perjudican tanto a familias migrantes como a nacionales, y erosionan la autoridad del Estado. En ese sentido, es clave que la política pública combine: (i) intervención temprana y coordinación municipal–regional, (ii) persecución penal de quienes lucran con tomas o con ventas informales de terrenos, (iii) alternativas habitacionales y de arriendo social focalizadas, y (iv) iguales incentivos y plazos para quienes han seguido la vía regular, evitando que la irregularidad termine premiada de facto.
Rodrigo Barcia Lehmann
Abogado, doctor en Derecho y magíster en Economía.
Profesor investigador Universidad Autónoma de Chile.
