Rodrigo Barcia



Rodrigo Barcia


El elevado costo de ceder a los bloqueos: alivio inmediato, daño institucional duradero


El Fondo E, el más conservador del sistema previsional, acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. El Fondo D perdió 6,38%. Son cifras preocupantes, pero el debate no debiera limitarse a cuánto se perdió: importa comprender por qué se asumieron esos riesgos, quiénes los evaluaron y qué eventuales responsabilidad puede derivarse de las decisiones adoptadas.

Chile no puede resignarse a administrar una economía que ofrece pocas oportunidades. El crecimiento exige decisiones sobre deuda, impuestos y funcionamiento del Estado. Cada recurso atrapado en un programa ineficaz, cada inversión detenida innecesariamente y cada compromiso fiscal sin respaldo reducen el espacio de las familias para progresar. La recuperación depende de volver a confiar en la capacidad de las personas y las empresas para generar valor.



Chile puede ordenar sus cuentas y aun así perder oportunidades si no prepara a sus jóvenes ni transforma su capacidad productiva. 

La experiencia chilena de los años 1990 a 2013, que terminó con la elección del segundo período de la presidenta Bachelet demostró que el sistema chileno de provisión de derechos sociales a través del mercado es superior «socialmente» al sistema de provisión estatal de derechos sociales con subsidios focalizados.


El reciente cambio de mando puede leerse, en una primera aproximación, como una expresión normal de alternancia democrática entre proyectos políticos profundamente distintos. Sin embargo, reducir lo ocurrido a una simple oscilación electoral sería, a mi juicio, insuficiente. Lo sucedido en Chile parece responder más bien a un proceso de polarización sostenida, en el que una parte importante del electorado dejó de percibir la contienda política como una disputa de matices y comenzó a entenderla como una definición entre orientaciones de país sustantivamente incompatibles.

En enero de 2026, en Caracas, a las 02:01 (hora local de Venezuela; 05:01 UTC), cayó uno de los peores dictadores de Latinoamérica: Nicolás Maduro Moros. Ya en 2023 acumulaba acusaciones por 9.995 personas asesinadas. A ello se sumaba una crisis de inmigración en la región generada por los venezolanos que huían de la dictadura de izquierdas. 

Estas elecciones se han dado entre dos formas muy claras y definidas de ver a la sociedad. Si simplificamos en los candidatos, tuvimos a un conservador —el flamante nuevo presidente— y a una comunista. Es verdad que ambos representan en segunda vuelta bloques más amplios, pero no cabe duda de que, llegando al poder, la forma de entender la democracia para una comunista está más cerca de Cuba, que de las democracias occidentales. 

Chile enfrenta un desafío migratorio que exige diagnóstico riguroso y respuestas institucionales eficaces. La discusión pública suele mezclar fenómenos distintos —migración regular e irregular, integración laboral, presión sobre servicios sociales y seguridad—, por lo que conviene separar planos y trabajar con evidencia. De acuerdo con la “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2023”, elaborada por INE y SERMIG, al 31 de diciembre de 2023 residían en el país 1.918.583 personas extranjeras; el colectivo más numeroso corresponde a Venezuela (728.586; 38%). Asimismo, la estimación incorpora un componente de situación irregular que alcanza 336.984 personas (17,6%).

En la carrera presidencial comienzan a asomar guiños entre candidatos, especialmente a través de la adopción de propuestas de quienes ya abandonaron la contienda. Entre ellas ha reaparecido la idea de reducir el IVA en determinados productos, presentada en algunos medios como una política social atractiva. Sin embargo, desde la perspectiva de la política pública, esta iniciativa dista de ser una buena decisión.