En los últimos días se han revelado hechos graves, que afectan la credibilidad del sistema de persecución penal. El Ministerio Público identificó a 42 de sus funcionarios que viajaron al extranjero haciendo uso de licencias médicas entre los años 2022 y 2025, siendo 10 de éstos Fiscales en ejercicio, cuyas identidades hasta la fecha, se desconocen, manteniéndose hermética la Fiscalía Nacional.
En una de las aristas del caso audios, se ha tomado conocimiento por los propios dichos del exfiscal Regional Metropolitano Oriente, hoy imputado Manuel Guerra, que quien en el pasado le habría proporcionado a éste, antecedentes de la investigación que afecta al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, habría sido supuestamente el fiscal adjunto, Felipe Sepúlveda, uno de los persecutores a cargo de la investigación que afecta al abogado Luis Hermosilla.
Finalmente, el Fiscal Nacional en una supuesta muestra aparente de transparencia, resuelve remover al fiscal adjunto de Rancagua Jorge Mena, hoy investigado por supuestos vínculos con narcotraficantes, sin embargo, mantiene en reserva la identidad y motivos de la remoción de otro fiscal adjunto de la región de Magallanes.
Este hermetismo del órgano persecutor, pareciera evidenciar la materialización del viejo dicho que, al parecer “la ropa sucia se lava en casa”, lo cual daña el máximo baluarte del Ministerio Público, que debería ser su necesaria credibilidad ante los Tribunales de Justicia y ante la sociedad chilena en su conjunto.
Lo anterior amerita actuar con máxima celeridad y eficacia, no sólo en discretas investigaciones administrativas, sino que, se hace necesario profundizar en verdaderas investigaciones penales que deben ser llevadas a término con igual celo y dedicación que, respecto de ciudadanos civiles comunes y corrientes, ya que, llama la atención el hecho que, en investigaciones que afectan a funcionarios del Ministerio Público, el nivel de filtraciones de éstas decae en comparación a indagatorias vinculadas a otras materias, siendo hasta el día de hoy un enigma la fuente de las desafortunadas filtraciones de investigaciones, en esencia reservadas para terceros ajenos a éstas.
Pablo Larredonda Alcayaga.
Abogado penalista exfiscal del Ministerio Público
Socio Estudio Molina Matta y Asociados