Pablo Larredonda

Esta gesta mitológica nos debe llevar a una necesaria reflexión acerca del  escenario actual de nuestro desprestigiado sistema judicial en el transcurso del año 2025 que termina, donde conceptos básicos de pregrado, como lo son la “infalibilidad de los supremos”, “imparcialidad”, “independencia” y “probidad”, parecen letra muerta, contenidos propios de un discurso de trasnoche nostálgico.

El día 22 de octubre recién pasado, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,  dictó veredicto absolutorio para todos los acusados, en el marco del denominado caso SQM.

La nueva unidad especializada en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad, pretende materializar una mayor eficiencia de gestión a nivel nacional, constituyéndose en teoría, en una mejora del principio de unidad de acción, establecido en la Ley 19640. (Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público).

En los últimos días se han revelado hechos graves, que afectan la credibilidad del sistema de persecución penal. El Ministerio Público identificó a 42 de sus funcionarios que viajaron al extranjero haciendo uso de licencias médicas entre los años 2022 y 2025, siendo 10 de éstos Fiscales en ejercicio, cuyas identidades hasta la fecha, se desconocen, manteniéndose hermética la Fiscalía Nacional.

En los último días se ha podido advertir la conmoción pública que ha provocado un informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras hacían uso de una licencia médica, entre los años 2023 y 2024, lo que llevó incluso al Ministerio Público a abrir de oficio, una investigación penal y de forma tardía se han producido renuncias voluntarias en distintos sectores del aparataje estatal.