Pablo Larredonda

La administración de justicia en Chile enfrenta una encrucijada digital que ya abandonó el terreno de la ficción, para instalarse con preocupante desprolijidad en los pasillos de nuestros tribunales. El reciente descubrimiento de graves negligencias y delegaciones de funciones en herramientas de inteligencia artificial (IA) utilizada por parte de operadores jurídicos, no solo enciende las alarmas sobre la falta de rigurosidad. Golpea directamente el corazón del debido proceso, afectando el derecho fundamental de los ciudadanos a ser juzgados por un ser humano competente que analice de manera genuina y crítica los antecedentes de una causa.

La próxima formalización de la abogada Leonarda Villalobos por prevaricación es uno de esos casos en que el derecho penal se mira al espejo y no le gusta del todo lo puede ver.

El denominado caso Sartor evidencia una característica cada vez más frecuente de las investigaciones económicas complejas, en el sentido que, una misma secuencia de hechos puede activar, casi al mismo tiempo, responsabilidades regulatorias, societarias, civiles y penales.

El próximo 30 de julio de 2026 quedará grabado en la historia judicial de Chile. Ese día, la formalización de altos ejecutivos y directores vinculados a Sartor Administradora General de Fondos (AGF) marcará el debut mediático y a gran escala de la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley N° 21.595).

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se encuentra hoy en el centro de una tormenta que va mucho más allá de los desafíos habituales del mercado energético. La estatal enfrenta graves investigaciones penales y administrativas tras descubrirse una presunta manipulación de cifras ambientales en la Refinería Aconcagua (Concón), en virtud de una auditoría interna, la cual habría detectado irregularidades y manipulación de antecedentes reportados a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Esta gesta mitológica nos debe llevar a una necesaria reflexión acerca del  escenario actual de nuestro desprestigiado sistema judicial en el transcurso del año 2025 que termina, donde conceptos básicos de pregrado, como lo son la “infalibilidad de los supremos”, “imparcialidad”, “independencia” y “probidad”, parecen letra muerta, contenidos propios de un discurso de trasnoche nostálgico.

El día 22 de octubre recién pasado, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,  dictó veredicto absolutorio para todos los acusados, en el marco del denominado caso SQM.

La nueva unidad especializada en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad, pretende materializar una mayor eficiencia de gestión a nivel nacional, constituyéndose en teoría, en una mejora del principio de unidad de acción, establecido en la Ley 19640. (Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público).

En los últimos días se han revelado hechos graves, que afectan la credibilidad del sistema de persecución penal. El Ministerio Público identificó a 42 de sus funcionarios que viajaron al extranjero haciendo uso de licencias médicas entre los años 2022 y 2025, siendo 10 de éstos Fiscales en ejercicio, cuyas identidades hasta la fecha, se desconocen, manteniéndose hermética la Fiscalía Nacional.

En los último días se ha podido advertir la conmoción pública que ha provocado un informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras hacían uso de una licencia médica, entre los años 2023 y 2024, lo que llevó incluso al Ministerio Público a abrir de oficio, una investigación penal y de forma tardía se han producido renuncias voluntarias en distintos sectores del aparataje estatal.