Caso Licencias Médicas, un problema transversal
En los último días se ha podido advertir la conmoción pública que ha provocado un informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras hacían uso de una licencia médica, entre los años 2023 y 2024, lo que llevó incluso al Ministerio Público a abrir de oficio, una investigación penal y de forma tardía se han producido renuncias voluntarias en distintos sectores del aparataje estatal.
No obstante lo anterior, llama la atención que un tema tan evidente y con precedentes históricos incluso, de un mega fraude en este rubro a propósito de detenciones masivas de médicos extranjeros verificadas en el mes de diciembre de 2022 y controladas en causa RIT 6108 – 2022, ventilada ante el 14º Juzgado de Garantía de Santiago, dicho escándalo no fuera suficiente para encender las alarmas y generar una mayor proactividad en el sector público, donde resulta impresentable que personas investidas de la calidad de funcionarios públicos, cuyas remuneraciones son cubiertas en parte, por todos quienes somos contribuyentes incurran en hechos presumiblemente constitutivos de delitos, bajo los tipos penales de al menos los artículos 202 y 470 N° 8 del Código Penal, a propósito de la utilización de licencias médicas ideológicamente falsas.
Resulta cuestionable que los jefes superiores de servicios públicos vinculados a los tres poderes del estado sin distinción, en el evento de haber tenido conocimiento de hechos tan graves, de manera oportuna no hayan hecho estricta aplicación del contenido del artículo 175 del Código Procesal Penal, referida a la obligación de denuncia que pesa sobre cualquier empleado público, respecto delitos que toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones, muy especialmente los que advierten en la conducta de sus subalternos, siendo la omisión de denuncia también un tipo penal especialmente penado y que nadie se hace cargo en el caso particular.
Por lo anterior el ciudadano a pie de este país, espera que no sólo se hagan efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan sino que, además se sancione penalmente a quienes hayan incurrido en estas graves conductas, sin distinciones de cargos o investiduras, respecto de personas que poseen una calidad privilegiada en la sociedad chilena.
Pablo Larredonda Alcayaga
Abogado penalista. Exfiscal del Ministerio Público.
