¿Volver a los sesenta?
Se discute en algunas universidades públicas sobre la participación con derecho a voto de los estudiantes, quienes tendrían así la potestad de pronunciarse en la elección de autoridades como decano(a)s y el propio rector(a). Esto se fundamenta en la idea de democratizar a la universidad, haciéndose presente por parte de quienes lo propician, que ello fue un ensayo que ya tuvo lugar a fines de los años sesenta. Esto postula que todas las decisiones académicas deberían pasar por esta triestamentalidad, una discusión que se había dado por superada en la Universidad de Chile junto con la generación de su actual estatuto. En efecto, en forma similar a como se procedió a fines de los años sesenta, fue un plebiscito de toda la comunidad en 1996 el que decidió que la universidad optaría por participación de todos los estamentos, pero no en los procesos eleccionarios de las autoridades universitarias. Así, existiría la participación estudiantil y funcionaria en organismos como el Senado Universitario, donde tendrían la potestad de estudiar y proponer sobre materias de toda índole, incluyendo las que tienen que ver con las políticas académicas. Esto es lo que contempla de modo explícito la ley que constituye el actual estatuto de la Universidad de Chile. Se hacía así una distinción crucial entre participación de los distintos estamentos, en materias de decisión universitaria y la potestad eleccionaria que ahora se reclama.
En la actualidad la universidad enfrenta un medio muy exigente en vistas al ejercicio de sus funciones principales. La universidad debe ejercer su tarea formadora en un medio cambiante que hace más complejo el desempeño de la docencia de pre y posgrado, que requiere permanente innovaciones y decisiones estratégicas que tienen que mirar hacia el largo plazo. Son materias de alta complejidad y especialización, que se da en un medio altamente competitivo, el cual demanda una universidad con capacidad de tomar decisiones para enfrentar una tarea compleja, especialmente cuando ello envuelve el diseño de políticas en materias de investigación y posgrado. Además, la universidad no sólo debe estar en la tarea permanente de acreditarse, sino también de mejorar sus estándares a consideración de la realidad internacional, así como la realidad nacional, demandando apego a los requerimientos del desarrollo social y productivo. Es la forma de servir al país y ejercer una efectiva vocación pública, especialmente en universidades complejas debido a sus tareas de gestión, docencia, investigación e innovación y vinculación con el medio.
La pregunta es cómo aportaría a todo esto la participación estudiantil y funcionaria con derecho a elegir autoridades. Ello también se puede constituir en un obstáculo para el logro de respuestas oportunas, fundadas y con visión a futuro, la cual no es propiamente algo que resulte inherente a la concepción de la triestamentalidad. Se trata de materias que requieren el pronunciamiento de los académicos, preparados para permanecer en la universidad y ser actores centrales en el análisis y propuesta de políticas, observar sus resultados y modificar lo que sea necesario. Es decir, los académicos constituyen la memoria institucional y son ellos quienes deben asumir las estrategias y hacerse responsables por sus resultados. Los organismos con participación funcionaria y estudiantil son cruciales para llevar a cabo los debates que tal proceso de diseño y evaluación requiere, pero dejando en manos del gobierno universitario la responsabilidad de implementar las políticas y sus necesarias modificaciones.
En los años sesenta la discusión sobre triestamentalidad estuvo fuertemente anclada en el complejo debate político nacional de la época. Hoy la realidad es distinta, y requiere recordar que las universidades deben ser instituciones democráticas en la discusión de ideas y propuestas, pero sin olvidar que en la generación de la autoridad y de las políticas universitarias estas son instituciones jerarquizadas. La universidad enfrenta muy distintos desafíos en vistas a su desarrollo y políticas inherentes, especialmente en la perspectiva del largo plazo. No puede permanecer inmóvil fete a un medio que necesita respuestas activas. Los profesores son jerarquizados en función de sus méritos académicos, para así acceder a la participación eleccionaria de sus autoridades, y porque de esta forma asumen también real responsabilidad por las políticas, las estrategias y los resultados observados.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
