Caso licencias médicas: el doble estándar ético
El escándalo de las licencias médicas puso al descubierto una práctica preocupante tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Me refiero a aquellos médicos que, amparados en licencias médicas fraudulentas, abandonan sus responsabilidades en el sistema público para obtener ganancias económicas en el sector privado.
Esta situación no solo representa un delito, sino que también constituye una traición a los principios fundamentales de la profesión. Se suma, además, a la emisión indiscriminada —y no siempre justificada— de licencias médicas, causando grandes costos al sistema de salud. De hecho, un estudio realizado en 2024 por la Dirección de Presupuestos reveló que cerca del 17,3 % de las licencias médicas podrían ser “no necesarias”, porcentaje que equivale a más de $576.322 millones.
Volviendo a las licencias fraudulentas aplicadas a los propios médicos, el aspecto más grave es el impacto directo en las comunidades más vulnerables y en los pacientes. Pensemos, por ejemplo, en los médicos que obtienen licencias médicas para ausentarse de hospitales públicos en localidades pequeñas, dejando sin atención a comunidades que dependen exclusivamente del sistema estatal, mientras simultáneamente ejercen en clínicas privadas, donde pueden obtener mayores ingresos. Esta práctica es éticamente reprobable y atenta contra el derecho a la salud de quienes más lo necesitan.
El cálculo económico es devastador, pero la dimensión ética de este problema trasciende los números. Estamos ante profesionales que utilizan un instrumento de protección social, diseñado para casos de real incapacidad laboral, como una herramienta para maximizar ganancias personales. Es particularmente grave cuando organizaciones gremiales salen a defender estas prácticas argumentando condiciones laborales adversas, como si eso justificara el abandono de pacientes del sector público.
La solución pasa por medidas como la implementación de un registro nacional de médicos y sus competencias. Este sistema debe incluir información cruzada entre el sector público y privado, permitiendo identificar patrones sospechosos, como médicos con licencia que simultáneamente ejercen en otros establecimientos.
Aquí, la transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a saber si el médico que los atiende en el sistema público ha estado ausente por licencias, y si durante esos períodos ha trabajado en el sector privado. Esta información no solo permitiría una fiscalización más efectiva, sino que también generaría la presión social necesaria para corregir estas conductas.
El sistema de licencias médicas no puede, en ningún caso, interferir con la vocación de servicio. Las sanciones a quienes han hecho mal uso de estas herramientas deben servir como referente, porque Chile no puede permitirse un escenario en el que haya médicos que transgreden las normas mientras miles de pacientes esperan atención en consultorios y hospitales. La ética médica no se negocia, porque cuando se rompe la confianza en quienes deben cuidar nuestra salud, no hay sistema que resista.
Dr. Jorge Diaz, Presidente de La Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética, Sochimce
