En Chile, los indicadores continúan evidenciando una realidad persistente: las trayectorias escolares y de acceso a la educación superior siguen estando fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico, el territorio y el tipo de establecimiento.
Durante mucho tiempo, el primer día de trabajo se gestionó como un hito administrativo: la firma del contrato, la entrega de herramientas y una inducción técnica.
El 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales, adquiere un matiz relevante este año en Chile, país que se encuentra ad portas de la entrada en vigencia de su nueva Ley de Protección de Datos el próximo 1° de diciembre. Para Siemens, la responsabilidad corporativa constituye el cimiento de nuestra operación en todo el mundo, donde la privacidad no se limita a la mera observancia normativa, sino que representa un principio rector que debe permear la conducta y la toma de decisiones de todos los colaboradores.
La piratería digital dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal asociado al consumo informal de contenidos. Hoy constituye un problema estructural del ecosistema digital, con efectos directos sobre la seguridad de las personas, la inversión en infraestructura, la competencia leal y la sostenibilidad de industrias completas. No estamos frente a simples infracciones individuales, sino ante un mercado ilegal organizado, transnacional y altamente sofisticado, que opera aprovechando las mismas redes, plataformas y principios que dieron forma al Internet abierto.
Cada 28 de enero, el Día Mundial de la Protección de Datos Personales nos invita a reflexionar sobre un activo invisible, pero fundamental: la confianza. En Chile, esta conversación adquiere especial relevancia en un momento clave, cuando la nueva Ley de Protección de Datos Personales comenzará a regir en diciembre de este año y redefinirá la relación entre las personas, el Estado y el uso de la información personal.
Cada 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales invita a reflexionar sobre cómo se resguarda la información de las personas en un entorno cada vez más digitalizado. Este año, la fecha adquiere una relevancia especial en Chile: en diciembre de 2026 entrará en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales, y el tiempo de preparación ya está corriendo.
Así es, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es como una selfie. En general, cuando estamos con nuestros amigos, nos tomamos una buena selfie, para capturar el momento; probablemente en ese tipo de fotografías usted siempre aparece sonriendo y alegre.
Este año, el originalmente llamado “Impuesto a la tierra” —rebautizado luego como “Impuesto territorial” y conocido coloquialmente hoy como las contribuciones de bienes raíces— se encamina a cumplir 100 años de vigencia en Chile. Un tributo centenario, profundamente arraigado en nuestra historia y cultura tributaria, pero que hoy enfrenta una creciente crisis de legitimidad que exige algo más que ajustes cosméticos.
Chile enfrenta una crisis hídrica que dejó de ser coyuntural y se convirtió en estructural. Sequías prolongadas, eventos extremos más frecuentes y una presión creciente sobre los ecosistemas acuáticos han puesto de manifiesto las limitaciones del actual modelo de gestión del agua. En este escenario, el próximo gobierno no solo heredará diagnósticos ampliamente conocidos, sino también una responsabilidad política ineludible: avanzar de la planificación declarativa hacia la implementación de una política hídrica coherente.
La sorpresiva ausencia del futuro y efímero, nuevo ministro de Minería, Santiago Montt, tuvo sin duda un impacto comunicacional profundo. Tan profundo, que ni siquiera alcanzó a tener debut. Tampoco despedida. Simplemente no llegó. Horas antes había sido anunciado, -de manera tan rimbombante como extraña-, como flamante ministro de una de las carteras más estratégicas para la economía del país. Pero lo que realmente desconcertó no fue sólo la rapidez de los hechos, sino el modo en que estos se comunicaron.
Ya he manifestado anteriormente mi opinión negativa respecto de la idea de unificar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR), propuesta que ha sido planteada y replanteada con fuerza por destacados organismos gremiales y profesionales. Ya he planteado mis fundamentos teóricos, señalando como la Ciencia de la Administración postula que, en toda organización, debe existir una adecuada segregación de funciones, principio que suele graficarse como quien cobra no es quien registra. Llevado al plano de un país, ello implica que quien fiscaliza no debe ser quien recibe el producto de dicha fiscalización.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, es plausible estimar que entre 3,5 y 4 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, principalmente como consecuencia de bajos ingresos y de las limitadas transferencias o servicios que el Estado ha logrado proveer para disminuir situaciones de precariedad.
El problema no es la existencia de las contribuciones. El problema aparece cuando el impuesto se calcula sobre una base que no representa de forma homogénea lo que el mercado inmobiliario efectivamente está dispuesto a pagar.
El escenario económico global ha dejado de ser un tablero de intercambio comercial para transformarse en un campo de batalla geopolítico.
Durante la campaña para elegir presidente, el equipo económico del presidente electo puso en la agenda un ahorro de gastos del Estado de 6.000 millones de dólares. Una y otra vez el mundo político se preguntó desde donde saldría ese ahorro. Con mi amigo Raúl Ciudad (ex presidente de ACTI) lo teníamos claro: mediante el uso de IA en los procesos del Estado.
Las recientes tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, expresadas en la aplicación de medidas arancelarias y restricciones al comercio bilateral, reabren un debate relevante para América Latina: la viabilidad real de los procesos de integración económica regional frente al resurgimiento de políticas comerciales de corte proteccionista. Este episodio no solo refleja un conflicto puntual entre dos economías andinas, sino que evidencia debilidades estructurales persistentes en la gobernanza económica regional.
En pocos días se han conocido dos episodios que evidencian la magnitud del riesgo asociado al engaño digital. Por una parte, la actriz Amparo Noguera fue víctima de un sofisticado fraude basado en manipulación psicológica, que derivó en la pérdida de más de setecientos millones de pesos. Por otra, la empresa COPEC enfrenta una amenaza de filtración masiva de datos tras un ataque de ransomware. No se trata de hechos aislados, sino de manifestaciones distintas de una misma vulnerabilidad estructural. La brecha más relevante de la ciberseguridad contemporánea no es tecnológica, sino humana.
Con incendios cada vez más rápidos en su inicio, expansión y destrucción, preocupa que la Ley de Prevención de Incendios aún no llegue a votación, tras casi dos años de tramitación, hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, justo antes de la temporada 2025–2026.
El 2025 fue un año de ajustes y definiciones para el canal horeca en Chile. El mercado del foodservice, que incluye restaurantes, hoteles, cafeterías y servicios afines, tuvo un valor estimado de USD 24 mil millones en 2024, consolidándose como un pilar importante del consumo fuera del hogar y un motor de economía creativa y empleo en todo el país.
Se presentó hace pocos días el Informe de Coyuntura que publica la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Se trata de un documento que abarca los temas económicos y sociales que están más vigentes en la agenda académica y de las políticas públicas. Tiene el valor de incorporar de manera muy destacada el análisis del marco político, el cual resulta indispensable de considerar cuando se proyecta el comportamiento de variables económicas tanto en lo nacional como en lo internacional.
El inicio de 2026 trae consigo una paradoja económica en Chile. Mientras los indicadores financieros y la bolsa de valores muestran señales de optimismo tras el giro político reciente -con un aumento en las expectativas de inversión en sectores estratégicos como la construcción-, el mercado laboral exhibe una falta de dinamismo persistente.
La reciente propuesta del presidente Donald Trump de promover la inversión de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela ha sido recibida, en ciertos círculos, con una mezcla de suspicacia ideológica y simplificaciones jurídicas. Se ha insinuado que Estados Unidos “pretendería quedarse con el petróleo venezolano”, como si se tratara de una nueva forma de colonialismo energético. Sin embargo, un análisis serio —económico, jurídico e institucional— demuestra exactamente lo contrario: la iniciativa descansa en principios propios de una economía de mercado, del respeto a la propiedad privada y, en último término, del Estado democrático de derecho.
En los últimos años, especialmente al alero del crecimiento de startups y empresas tecnológicas a nivel global, ha comenzado a tomar fuerza en algunos países desarrollados una figura poco tradicional dentro de las organizaciones. Se trata del Chief Happiness Officer (CHO) o Director de Felicidad.
Cuando el Derecho se cruza con la Política. Sin entrar a analizar el fondo, el pasado 13 de enero, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó su fallo que vino a poner fin a 14 meses de actuar judicial en uno de los juicios más emblemáticos del llamado Estallido Social ocurrido el 2019. En efecto, en términos sucinto dicho fallo declaró la inocencia del ex carabinero, Claudio Crespo, por apremios ilegítimos que causaron la ceguera del ex manifestante Gustavo Gatica el 2019.
La agricultura chilena enfrenta una etapa de profundos desafíos, marcados por el cambio climático, la escasez hídrica, y nuevas exigencias tanto regulatorias como sociales. Frente a este escenario, se requiere una rápida capacidad de adaptación. Es fundamental leer y entender los cambios, para anticiparse a ellos y poder así ajustar los modelos agrícolas.
Hablar hoy del futuro del trabajo nos llama a una conversación urgente sobre decisiones que ya están transformando la vida laboral en Chile. La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo empleos, habilidades y modelos productivos con una rapidez sin precedentes. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda: ¿en qué condiciones trabajaremos y quiénes quedarán dentro o fuera de esta transición?
Quiero volver a comentar la idea – recientemente reavivada - de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR) en un solo organismo. Mi objeción no es contra la consolidación por sí misma, sino contra la fusión de funciones heterogéneas.
En Chile, un estudio conjunto de Endeavor Chile, BID Lab y The Wellbeing Project reveló que sólo el 11% de los emprendedores está libre de burnout, es decir, de desgaste físico y emocional relacionado con la intensidad del trabajo emprendedor, mientras que la mayoría presenta síntomas de agotamiento crónico.
Si bien, las diferencias entre las dos almas que integran el oficialismo han sido evidentes, el quiebre observado esta semana fue la reactivación del debate en torno a la Ley Naín-Retamal, aprobada con los votos decisivos del Socialismo Democrático y promulgada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Chile no llega a este escenario desde cero. Hemos construido un liderazgo sólido a través de nuestras Áreas Marinas Protegidas (AMP) en territorios insulares, que sirven hoy como referente para lo que el BBNJ busca replicar en alta mar.
La Ley de Inteligencia Artificial que hoy se discute en el Senado representa una oportunidad histórica para Chile: proteger derechos, promover la ética y, al mismo tiempo, impulsar la innovación tecnológica. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la intención —ampliamente compartida— sino en la forma en que se diseñe esta regulación. Una ley mal calibrada podría terminar frenando el desarrollo tecnológico y dejando al país rezagado en la carrera digital global.
La reciente victoria electoral de José Antonio Kast abre un nuevo capítulo para el sector energético en Chile. Tras años de una expansión explosiva de las energías renovables variables, el país se encuentra en una encrucijada: cómo mantener el liderazgo verde sin sacrificar la estabilidad del sistema ni la competitividad de las tarifas. Lo que se espera de este nuevo gobierno no es solo continuidad, sino una reingeniería de la gestión estatal para que el potencial natural se traduzca en desarrollo económico real.
El inicio de este año 2026 ha sido violento e intenso, tanto a nivel regional como mundial. A la captura de Nicolás Maduro y su impacto en la política internacional por las diferentes aproximaciones a los hechos, tanto en la forma como en el fondo, se suman, en forma cada vez más estridente, los hechos que sacuden a la República Islámica de Irán
Los recientes resultados de la Encuesta Casen 2024 son desafiantes. Si bien la pobreza por ingresos en Chile continúa una trayectoria a la baja, con un promedio nacional de 17,3%, la realidad territorial sigue siendo profundamente desigual: en ocho regiones la pobreza supera ese promedio y en siete de ellas alcanza o supera el 20%. La pobreza, en Chile, sigue teniendo rostro regional.
Se ha propuesto un nuevo mecanismo de financiamiento para los estudiantes de la Educación Superior, pasando del CAE (crédito con aval del Estado) al FES (Fondo de Educación Superior). Claramente, existe consenso en cuanto a que el CAE se encontraba agotado como mecanismo de financiamiento estudiantil y que debía excluirse a la banca del sistema: los bancos no corrían ningún riesgo porque el Estado estaba obligado a pagar lo que no asumían los beneficiarios.
Hace más de diez años Chile impulsó los sellos negros en alimentos, una buena política pública que fortaleció el derecho a elegir informado. Hoy cabe preguntar: ¿y los servicios profesionales deberían también transparentar sus “sellos”, verdes o negros?
