En el mundo de los pagos, hay una tecnología que ha hecho que la información de las tarjetas de los consumidores no valga nada para los ladrones - se llama tokenización. Con el aumento de los pagos digitales y la Internet de las cosas, los ciberdelincuentes han recurrido a formas creativas de infiltrarse en los sistemas digitales y robar datos. Sin embargo, la tokenización está creciendo, dejando a los ciberdelincuentes con poco espacio para vagar.

En la dicotomía entre la libertad y la igualdad, el imbécil se moverá negando una y centrándose únicamente en la otra.

Como cuestión previa decimos que muchos nos han dicho por qué este columnista es la única persona que sistemáticamente aborda situaciones de prácticas indebidas en la explotación del recurso suelo, contestándoles que ello se hace porque estimamos que las leyes siempre se deben respetar, para que así funcione correctamente el mercado, aclarándoles que son considerables los sujetos e instituciones que conocen muy bien a materia, pero que, para no incomodar a quienes tienen el poder económico, han optado con su silencio tolerar sus abusos, pillerías y competencia desleal.

Los desafíos de la situación económica y las demandas hechas desde una sociedad que mantiene importantes niveles de desigualad y segregación, requieren de lo mejor de la alta dirección empresarial. Las empresas son parte del ecosistema social y se deben a la sociedad.

La ciudadanía necesita con urgencia señales de estabilidad política e institucional, respaldadas por la seriedad de quienes conducen los asuntos públicos.

Recuerdo que uno de los problemas que se achacaba a la discusión legislativa de la Reforma Tributaria 2014/2016 era la inestabilidad que generaba a los inversionistas, distorsionando las expectativas que se tenía de la Economía de nuestro país.

Hace ocho años atrás, Daron Acemoglu y James Robinson publicaron uno de los libros más importantes de la ciencia política: “Por Que Fracasan los Países”, en que analizan el origen del poder, la prosperidad y la pobreza. A fines del año pasado, publicaron otro importante libro: “El Pasillo Estrecho”, un examen sobre la fragilidad de la democracia, la relación entre la sociedad civil y el estado, abarcando desde la Grecia antigua hasta el presente.

Sin embargo, el 18 de octubre de este año significó un golpe para el país, no solo porque aquel oasis latinoamericano no era tal -ya que escondíamos una gran desigualdad y descontento social- sino también, porque la cantidad de movilizaciones y en algunos casos la violencia y la baja en las ventas, se tradujo en pérdidas para los emprendedores.El Ministerio de Economía, cifró en más de 15 mil las pymes afectadas por la situación país, no solo por los problemas físicos que sus lugares de trabajo pudieron haber sufrido, sino también por la disminución en las compras, tanto por parte del gran empresariado -que se vio obligado a priorizar otras áreas- como del consumidor final.

Contra mi voluntad me veo forzado a escribir para establecer mi posición en relación al plebiscito de abril. Desde que comenzó el estallido social me ha parecido el tema menos urgente, en relación a mejorar la educación, la salud y las pensiones, pero me siento obligado.

Asimismo, muchas veces se ha planteado la necesidad de que la misma se aplique en distintas fechas a lo largo del año, y que los estudiantes puedan elegir su mejor puntaje para postular a las carreras, así evitando el innecesario estrés del “DIA DE LA PRUEBA”.

La paz y el amor que nos inunda en navidad y las celebraciones del año nuevo parecen haber adormecido las inteligencias de quienes nos gobiernan desde la Moneda, el Congreso y los partidos políticos.

Con motivo de la emisión del permiso de edificación Nº 12, del año 2016, mal cursado por el travieso Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia a la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, una de las más influyentes socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 37.606, del año 2017 y otros posteriores, le representó a la alcaldesa Matthei el proceder de su subordinado DOM de apellido Ventura, expresándole que como dicho permiso no se ajustaba a derecho, se debían adoptar las medidas conducentes a subsanar la situación, lo que significaba invalidar el permiso.

En su introducción nos comentan que la forma en que morían las democracias en el pasado y como todavía suele suceder en las películas y programas de televisión, donde esta muere de golpe ya sea porque un golpe de estado derriba al gobierno o una marcha sobre la capital, da paso a una declaración de la ley marcial y luego se apodera de los medios estatales, esa forma, donde todo sucedía rápidamente y con fuerza, no parece ser lo que enfrentamos en la actualidad.

Para los políticos no hay nada mejor y más fácil que resolver los problemas subiendo impuestos y usar la burocracia en provecho propio, sin contar con los discursos vacíos y mentirosos. Es un fenómeno universal que en Chile se viene acentuando cada vez más.

Hace unas semanas, el ex presidente del gobierno español, Felipe González reflexionaba en público desde su experiencia como líder de la transición, acerca de las complicaciones actuales para formar gobierno en España, pues desde las elecciones de abril, repetidas en noviembre, o sea, en ocho meses, los dirigentes de los partidos no han logrado llegar a un acuerdo.

En materia política a veces tendemos a confundir las cosas. La extrema izquierda ha posicionado dos ideas nocivas y ciertamente falsas que es necesario combatir.

En definitiva, lo que pretende la ACES-CHILE y el movimiento “no más PSU” es criminal por el solo hecho de pretender boicotear la PSU; debería el Gobierno aplicar a esta coordinadora y a sus seudos lideres la Ley de Seguridad Interior del Estado, ante lo cual le exigimos al Gobierno que tome las medidas urgentes y pertinentes para asegurar que estos miles de jóvenes puedan cumplir sus sueños al igual que aquellos jovenes que se les aseguro en sus años y que hoy pretenden quitárselos por medio de la fuerza y la violencia, con una ausencia absoluta de aquella “solidaridad” que tanto pregonan.   Christián Espejo 

El último trimestre del 2019 presenció una brutal demostración de que en nuestra sociedad algo no está funcionando bien.  Y todavía, después de los chocantes episodios de desestabilización política, caos social, destrucción de bienes públicos y privados y crisis policial y delincuencial, hay más de un 60% de los chilenos que piensan que las movilizaciones deben continuar (CADEM 311– última semana de Diciembre).

Se trata de una mega inversión inmobiliaria, conocida como “Territoria Apoquindo”, construyéndose actualmente en un amplio predio conformado por la avenida Apoquindo, El Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos, sector conocido como El Golf de la comuna de Las Condes.

n destacado jurista planteó que además de exigir derechos hay que asumir obligaciones que deben estar señalados en la constitución como es el caso del pago de tributos.

Una mirada desde la Prospectiva y los Estudios de Futuros a la actual crisis social y política que vive Chile, y en particular al proceso constituyente que se inicia con la promulgación de la reforma constitucional y la emisión del decreto presidencial, nos permite hacer algunas consideraciones en cuanto a lo que ha faltado y lo que no debe faltar en la gobernanza del país, y que en mi opinión debería tenerse en cuenta por los constituyentes.

En Chile, el nivel de penetración y adopción de las tecnologías de la información ha crecido de manera constante durante los últimos diez años. Se ha democratizado el acceso, se han mejorado las condiciones y, de manera natural e intuitiva, la gente se ha comprometido más con el uso de estas herramientas tanto para entretención como para el trabajo.

La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales nos manifestó que hace un par de días la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado resolvió, conforme a propuesta del ministro del ramo, Cristián Monckeberg, dejar en nada el proyecto de ley con el nombre bonito y mentiroso de “integración urbana y social”, aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019 con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención.

Sin código alguno vienen por tu derecho de propiedad y tus valores.

Desde el Absolutismo se ha considerado en Occidente que las leyes son la herramienta básica para generar cambios en la Sociedad, logrando influir en la conducta y la forma de pensar de las personas.

Las comisiones que las AFPs cobran mensualmente a sus afiliados, se encuentran reguladas en los artículos 22 bis, 28 y 29 del D.L. N° 3.500 y en el Libro I, Titulo II, Capitulo VII Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones (SP).

En 2008 las Isapres decidieron unilateralmente reajustar los planes de salud de sus afiliados, dando origen a los primeros recursos de protección presentados por los cotizantes ante las cortes de apelaciones, argumentando un trato monopólico de parte de las isapres, caracterizado por un mercado sin libertad de entrada de hecho (aunque la ley lo permite), la categoría de cotizantes cautivos definidos en la propia ley (personas que no pueden cambiarse porque otras no los aceptan por diversas razones, entre otras las prexistencia de enfermedades) y la arbitrariedad en la fijación de los precios de los planes basados en una tabla de factores que discriminan por sexo y tramos de edad. Hoy además, tales criterios excluyen a las personas transexuales.

Chile está viviendo la peor crisis desde la recuperación de la democracia, y una de las peores crisis de su historia. Salvo unos pocos cabezas calientes, la gran mayoría piensa que para encontrar una solución se deben seguir los cauces institucionales y que la salida tiene necesariamente que provenir del Ejecutivo, particularmente el Presidente y el Parlamento a través del Senado y Cámara de Diputados, asumiendo que los congresistas representan, además de sus electores, a los partidos políticos que los apoyaron para ser elegidos.

Una de las materias más trascendentales que ocupa a la autoridad económica en estos días, se refiere al reajuste de remuneraciones del Sector Público.

Tanto la evasión como la elusión tributaria reducen el monto de impuestos que un contribuyente debiera pagar.

Necesarios resultan todos los análisis que intentan explicar la fragilidad de nuestras instituciones frente a esta crisis y su incapacidad para dar respuesta a las distintas demandas sociales. Anticiparse y prevenir es parte de su rol, por lo tanto, su fracaso es una muestra de la desconexión entre quienes están en el poder y el resto del cuerpo social. Pero de estos errores, podemos obtener aprendizajes potentes que refuercen el Estado.

El estallido social que estamos viviendo ha movido los cimientos de nuestra sociedad y nuestro Sistema Tributario no ha estado ajeno a esto, obligándonos a reflexionar sobre su estructura y sus características, con el objetivo de aumentar significativamente el nivel de recaudación. 

Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de un estallido social que nos ha dejado asombrados, quizás más que por el tipo de demandas que las impulsan, es por el nivel de violencia que se ha desatado junto con ellas.

El tipo de cambio comenzó una carrera al alza durante el comienzo de la actual crisis que ha sido frenado enérgicamente por el Ejecutivo. Ya van dos intervenciones en la banda sucia con una inyección, primero de 4.000 millones de dólares y, recientemente, con 20.000 millones de dólares. No se sabe hasta cuándo esta política puede frenar la depreciación del peso.

Efectivamente voto NO a la nueva constitución por ser sinónimo de inestabilidad incertidumbre y generar más y más strees a nuestro amado Chile.

El martes 10 fue el aniversario del estatuto de las naciones unidas de 1948 sobre los derechos humanos y que en Chile están reconocidos por las leyes 20.357, 20.405 y 20.885 y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos que los defienden, pero que, como ocurre muchas veces en la política y en la burocracia internacional, su aplicación se ha ido distorsionando, entre otras, por razones de carácter ideológicas.

Varios estallidos simultáneos produjeron la enorme explosión que sorprendió a Chile. Se conectaron unos a otros no sólo por obedecer a factores relacionados, sino también porque se retroalimentaron y se proveyeron mutuamente de una caja de resonancia.

La industria minera a nivel nacional es unos de los pilares de nuestra economía y es reconocido como uno de los grandes actores en temas de creaciones tecnológicas a gran escala en los procesos productivos y de seguridad de las faenas. A Pesar de ellos, la industria se encuentra al debe en temas innovación de personas y el bienestar de ellas.

Con motivo de las masivas expresiones ciudadanas iniciadas el 18 de Octubre en contra del inicuo neoliberalismo en boga, la desigualdad, la falta de transparencia en las actuaciones del aparato público, abusos de privados en sus ofertas de bienes y servicios en los diferentes mercados, colusiones empresariales para cobrar más dinero a los consumidores, financiamiento ilegal de la política, políticos desvergonzados que piden dinero a las grandes empresas para salir electos en las elecciones y unas cuantas más lacras que todos conocemos, por un lado el gobierno con palabras elegantes ha reconocido que las reglas de los mercados han sido superadas y por otro lado las asociaciones  gremiales empresariales también se han hecho un mea culpa, según informaciones divulgadas por la prensa.

En Chile y en el mundo hemos ido aprendiendo en los últimos años el enorme valor que tiene la inclusión de distintas miradas en la toma de decisiones ya sean políticas públicas, decisiones empresariales o de cualquier índole. El periodo de las políticas públicas decididas en los escritorios de un profesional “preparado” pero sin contrastar con los usuarios y/o beneficiarios quedó sepultado con los malos resultados del Transantiago y la ley de estacionamientos, por mencionar dos casos ampliamente conocidos.

En los cabildos, en las entrevistas y en todas las instancias en que se manifiestan opiniones tendientes a generar una nueva constitución que materialice un cambio “de modelo económico y social” de nuestro país, se ha postulado que debemos dejar el esquema neoliberal y el “rol subsidiario del Estado” para acercarnos a otro… sin ser claros a qué otro sistema ni rol necesitamos realmente.

Los riesgos de la nueva constitución no son menores. Ello se debe básicamente a dos aspectos.

La gran mayoría de los chilenos hemos tomado partido a favor o en contra de las manifestaciones y a favor o en contra de la violencia en ellas; sin embargo, cuando leo las noticias en la prensa y especialmente en las RRSS, me doy cuenta que la mayoría de nosotros tiene información tan parcial, que posiblemente nunca va a entender ni como llegamos a esta crisis, el porqué de la violencia, y el cómo, realistamente, podemos aprovechar esta crisis como una oportunidad para hacer un mejor país.

Una crisis de Estado! Es lo que estamos viviendo integrando un cúmulo de problemas que no habían sido correctamente o suficientemente abordados, como es el caso de las políticas sociales.

El nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se publicó el 5 de junio de 1992 en el Diario Oficial, gobierno de Aylwin, y desde esa fecha ha tenido innumerables cambios, casi todos para favorecer a la industria inmobiliaria y por ello se justifica plenamente el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.

El estallido social que estamos viviendo (porque aún no termina) ha remecido todos los sectores de la sociedad replanteando los objetivos de todas las instituciones de corto, mediano y de largo plazo.

Para nadie fue una sorpresa, salvo posiblemente para quienes lo firmaron, que el acuerdo por un proceso constituyente no terminaría con la violencia, ni que tampoco lo haría la hemorragia de buenas noticias en pensiones, en salario mínimo, en transporte, en salud, y en el trato para la tercera edad anunciadas.

Dentro de las justificadas demandas de la sociedad civil que claman por justicia social y por el término de los abusos y corrupción de las minorías de nuestro desigual país, nos encontramos con los elevados sueldos que reciben mensualmente y sin atraso alguno, todos aquellos que se desenvuelven en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.