Los recientes resultados de la Encuesta Casen 2024 son desafiantes. Si bien la pobreza por ingresos en Chile continúa una trayectoria a la baja, con un promedio nacional de 17,3%, la realidad territorial sigue siendo profundamente desigual: en ocho regiones la pobreza supera ese promedio y en siete de ellas alcanza o supera el 20%. La pobreza, en Chile, sigue teniendo rostro regional.
Se ha propuesto un nuevo mecanismo de financiamiento para los estudiantes de la Educación Superior, pasando del CAE (crédito con aval del Estado) al FES (Fondo de Educación Superior). Claramente, existe consenso en cuanto a que el CAE se encontraba agotado como mecanismo de financiamiento estudiantil y que debía excluirse a la banca del sistema: los bancos no corrían ningún riesgo porque el Estado estaba obligado a pagar lo que no asumían los beneficiarios.
Hace más de diez años Chile impulsó los sellos negros en alimentos, una buena política pública que fortaleció el derecho a elegir informado. Hoy cabe preguntar: ¿y los servicios profesionales deberían también transparentar sus “sellos”, verdes o negros?
En 2026 la Dirección del Trabajo cumplirá 102 años, desde su creación en el gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1924, y asi como fue reestructurada bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva, es esperable que con el inicio del Gobierno de Jose Antonio Kast esta esencial institución inicie una nueva etapa y corrija el rumbo caótico que la caracterizó, reconstruyendo puentes entre empresas y trabajadores para encauzar las relaciones laborales por un camino más sano. Para lograrlo, debe romper con las prácticas de politización y extralimitación de sus facultades de interpretación normativa que la desprestigiaron, concentrándose en hacer cumplir la ley tal cual es, de forma imparcial y eficiente.
Los cambios de gobierno siempre representan un punto de inflexión para el mercado inmobiliario. Acá no se trata de optimismo o pesimismo en lo político, sino que de certidumbre regulatoria y señales económicas concretas. Hoy, a solo semanas de la asunción de una nueva administración, nos encontramos frente a un déficit habitacional de aproximadamente un millón de viviendas que no puede seguir siendo tratado como una simple estadística en un informe ministerial.
A tres décadas de la implementación del sistema de concesiones de infraestructura pública en Chile, aún sigue dando vueltas la necesidad de valoración de este modelo por parte de las personas y el impacto que han tenido grandes obras que, sin duda, mejoran la calidad de vida.
Desde hace ya algún tiempo —y con mayor fuerza en el debate reciente— se ha instalado la idea de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR), bajo el argumento de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, aumentar la eficacia en el combate a la evasión y corregir la vulneración de derechos que se ha constatado en la acción de estos organismos.
La verdad es que invertir ya no es un privilegio de Wall Street ni de los más ricos. Con un smartphone y educación financiera, cualquiera puede hacer que su dinero trabaje para sí mismo.
Enero de 2026 y, una vez más, la inclusión laboral vuelve a instalarse en la agenda empresarial como un ejercicio de cumplimiento. Campañas, eslóganes y llamados a la conciencia recuerdan a las empresas la obligación de alcanzar el 1% exigido por la ley. Sin embargo, tras esta aparente preocupación por incluir, se ha consolidado una práctica que merece ser revisada con mayor profundidad, un sistema que permite cumplir sin contratar, transformando la inclusión laboral en una compensación económica más que en una política efectiva de acceso al empleo.
Durante mucho tiempo asociamos el liderazgo a la capacidad de decidir. Saber más, hacer más, resolver más rápido. Sin embargo, esa idea empieza a crujir cuando miramos los datos: hoy, en Chile, menos de 2 de cada 10 puestos en directorios están ocupados por mujeres, y todavía cerca de 4 de cada 10 empresas no tienen ninguna mujer en esas instancias de decisión. En los espacios donde hoy se juega el poder real como directorios, comités estratégicos o mesas de decisión ese enfoque tradicional ya no alcanza.
Los recientes casos de fraude han puesto en evidencia una realidad ineludible: la protección de datos y la ciberseguridad son ya una obligación.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 mostró una variación mensual de 0,2%, resultado que no sólo supera las expectativas de los analistas, sino que proyecta una dinámica inflacionaria significativamente atenuada hacia el cierre del año. Con este dato, la inflación acumulada en 2025 alcanzó un 3,5%, el nivel más bajo observado desde el año 2020, cuando la inflación cerró cerca de 3,0%.
El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía.
La industria aseguradora está viviendo una transformación profunda. No es un discurso futurista ni un mantra repetido en seminarios, es una realidad que ya se siente en la manera en que las compañías operan, en las expectativas de los clientes y en la irrupción de actores que hace una década simplemente no existían. Ya en 2026, todo indica que esta evolución será aún más acelerada.
Durante este año, consolidamos 10 programas de formación técnica y psicosocial, desarrollados en centros juveniles, cárceles de mujeres y programas abiertos, en coordinación con SENAME, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile. Estos programas no solo entregan oficios y certificaciones, sino que fortalecen habilidades personales, redes de apoyo y proyección laboral, factores decisivos para una reinserción sostenible en el tiempo.
Por años, la sostenibilidad fue vista como un complemento deseable, pero no esencial, de la gestión empresarial. Un ámbito relevante, sin duda, pero muchas veces separado del corazón de las decisiones estratégicas. Hoy, a pesar de voces disidentes, esa mirada ya no resiste el análisis. Vivimos un contexto global complejo y exigente.
Se cumplen 250 años de la primera publicación de la obra de Adam Smith “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”. Se dice que es el economista más conocido de la historia, puesto que Marx, considerado por muchos como un economista, era más bien un ideólogo, quizás un cientista político en la configuración disciplinaria actual, centrado en el tema del poder y quien poco habló explícitamente sobre eficiencia en el uso de los recursos, un tema central para un economista.
Elegido ya José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, se ha especulado bastante sobre las nuevas medidas en materia tributaria que impulsará o que debería impulsar el nuevo gobierno.
La transición en Chile enfrenta una grave distorsión: la instrumentalización de la confianza legítima como amarre burocrático. Lo que nació como protección ante la arbitrariedad hoy muta en estrategia política, plasmada en el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. Esta maniobra no busca proteger el mérito, sino que perpetuar una estructura funcionaria vinculada a la gestión saliente, comprometiendo el patrimonio fiscal y la gobernabilidad de la futura administración de José Antonio Kast.
En enero de 2026, en Caracas, a las 02:01 (hora local de Venezuela; 05:01 UTC), cayó uno de los peores dictadores de Latinoamérica: Nicolás Maduro Moros. Ya en 2023 acumulaba acusaciones por 9.995 personas asesinadas. A ello se sumaba una crisis de inmigración en la región generada por los venezolanos que huían de la dictadura de izquierdas.
Hemos visto con interés la importancia que las nuevas autoridades le han dado a la infraestructura. Como CPI hemos estado muy involucrados en la definición de políticas públicas, pues creemos que a través de ellas podemos contribuir a generar las condiciones para que proyectos en las áreas productivas y de servicios puedan desplegarse con mayor efectividad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una mayor disponibilidad de bienes públicos, permitiendo, a la vez, un aumento del empleo, estabilidad y mayores niveles de productividad que impacten el crecimiento y los salarios.
Aunque diversas fundaciones, universidades, gremios y otros actores han presentado agendas hídricas para el próximo gobierno, aún no se conoce cuál será su plan de acción definitivo. Esta definición resulta urgente, pues numerosos sectores públicos y privados están ejecutando acciones de adaptación al cambio climático y a la escasez hídrica, sin contar con una señal clara de futuro por parte de la autoridad, situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.
Durante décadas, el principio de soberanía estatal funcionó como un escudo casi infranqueable frente a la persecución penal internacional. Sin embargo, el derecho internacional contemporáneo ha ido erosionando progresivamente ese blindaje, especialmente cuando el poder estatal deja de cumplir su función básica y se transforma en un instrumento funcional del crimen organizado transnacional. La eventual captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos debe analizarse desde ese prisma: no como un acto arbitrario de fuerza, sino como una consecuencia jurídica extrema de la descomposición del deber de cooperación penal internacional.
No crean que el título de esta columna es un error: refleja con fidelidad el problema que deseo abordar.
El pasado miércoles 31 de diciembre el periódico El Mercurio publicó los resultados de un sondeo a más de 170 empresarios, ejecutivos y líderes de opinión acerca de diversas materias relacionadas con lo mejor y lo peor del año 2025. Uno de los temas sondeados fue el del concepto más repetido durante el año. Por primera vez, lo encabeza la inteligencia artificial, con un 38% de menciones.
La reciente revisión de la Contraloría General de la República sobre los informes financieros de 73 instituciones públicas entre 2023 y 2025 ha puesto en evidencia un aspecto crucial que suele pasar desapercibido en el debate sobre la gestión estatal: la diferencia entre presupuestar y contabilizar. El ente fiscalizador objetó montos relevantes y señaló que no logró determinar la existencia de evidencia suficiente que permita validar, en términos simples, parte de los gastos reportados. Este hallazgo revela que, para evaluar la gestión institucional, la contabilidad es más efectiva, es decir, el registro verificable de cómo se aplican y ejecutan los recursos públicos.
Cerramos un 2025 marcado por la alerta permanente. No fue el año que proyectamos, sino el que nos tocó administrar. En logística, la “alerta máxima” dejó de ser un protocolo excepcional para transformarse en una condición estructural. Los dashboards de ventas convivieron con reportes de seguridad; los buenos resultados, con decisiones operativas tomadas bajo presión. El éxito y la supervivencia comenzaron a confundirse peligrosamente.
La implementación de la reforma previsional sigue adelante: a partir de enero de 2026, el sistema incorporará los nuevos y potentes beneficios que contempla la ley. Estos elementos no son sólo ajustes técnicos; introducen solidaridad, una compensación para las mujeres y reconocimiento al esfuerzo de los pensionados. Aquí cabe también señalar que esta norma fue fruto de un acuerdo amplio de diversos partidos en el Congreso; consensos clave a los que debimos llegar por el bien del país y que no son un botín de ningún sector. Más de dos millones de personas por estos dos conceptos son prueba palmaria de lo acertado de buscar acuerdos.
Chile es un país minero por excelencia. Según datos de la Sociedad Chilena de Minería (Sonami), este sector representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. En este contexto, mantener una posición de liderazgo es fundamental, en el competitivo escenario global, lo que puede solamente ser alcanzado a través de una transformación constante, impulsada desde la innovación.
El 2025 fue declarado por la Asamblea General de la ONU como el Año Internacional de las Cooperativas (19 de junio de 2024), marcando un hito relevante para visibilizar y fortalecer el modelo cooperativo a nivel mundial.
Unas fiestas de fin de año sin accidentes carreteros… Nos encantaría imaginar que es posible, de hecho, creemos que se puede. Aunque la realidad es mucho más dura que ese sueño: el año 2024 dejó -solo en los cuatro días de celebraciones- 863 siniestros y 20 fallecidos, según datos de Carabineros de Chile.
El resultado electoral reciente, nos indica que hacia el 2030 veinticinco años se cumplirán de alternancia sucesiva entre izquierdas y derechas al mando de la conducción del Gobierno. Y es que más que optar por una u otra forma de pensar el País al que aspiramos, parece que los chilenos simplemente plebiscitan al encargado de turno, sancionándolo con dureza de acuerdo a sus necesidades y anhelos coyunturales. La historia de este cuarto de siglo recorrido demuestra que nos dirige esa frágil volatilidad.
En el curso del 2025, la economía chilena experimentó cierta mejoría en cuanto al ritmo inflacionario y el crecimiento del PIB. En efecto, de acuerdo al Banco Central (IPoM de diciembre de 2025) la tasa de inflación anual convergerá hacia un 4,2% en contraste con el 4,4% que se había previsto en el IPoM de septiembre 2025.
El 2026 no será un año más en materia de ciberseguridad. Por el contrario, marcará el momento en que esta disciplina pase de ser un plan, a convertirse en una obligación estratégica para las empresas en Chile. El avance de la inteligencia artificial y la irrupción de agentes autónomos han transformado el panorama digital. Lo que ayer parecía sofisticado hoy es cotidiano, y lo que hoy parece excepcional mañana será el estándar.
En materia tributaria, el riesgo más relevante no está en la ley ni en la norma, sino la convicción arraigada de que el incumplimiento difícilmente será detectado. No se trata de un problema normativo ni de falta de regulación, sino de una percepción de riesgo profundamente distorsionada, que lleva a muchos contribuyentes a asumir decisiones que, con el tiempo, resultan irreversibles.
El pasado 17 de diciembre de 2025, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final N° 400, que contiene los resultados de la auditoría practicada a la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida como la “Tía Rica”.
