El desalojo como política de vivienda
Durante el año 2025, los desalojos judiciales de las tomas en Lajarilla, Edén Lajarilla, Cerro Centinela y el Campamento Los Aromos - que afectaron a más de cinco mil familias- han expuesto con crudeza una realidad. Chile arrastra e incrementa por décadas una crisis habitacional y una expansión de los asentamientos informales como respuesta desesperada a la falta de acceso a una vivienda propia.
En este contexto, es legítimo e innegable que el Estado debe actuar resguardar el orden público, proteger la propiedad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El respeto al Estado de derecho no es negociable y constituye el único marco institucional que permite la convivencia democrática y la igualdad ante la ley. Nadie debe saltarse la fila. Sin embargo, la ejecución de medidas legales en este ámbito, sólo logran ocultan el problema sin resolverlo.
Las familias desalojadas no desaparecen sino más bien se reubican como nuevos campamentos y en nuevos terrenos, muchas veces en condiciones aún más precarias, generando nuevos conflictos y reproduciendo la exclusión como síntoma de una falla estructural en las políticas de vivienda.
En este esfuerzo, los municipios son actores claves. Su cercanía con los territorios les permite identificar con precisión necesidades locales, articular redes comunitarias, facilitar procesos de acompañamiento social y técnico, al mismo tiempo que han asumido las tareas de gestionar e intermediar interinstitucionalmente para mediante el desarrollo de nuevos proyectos lograr disminuir el déficit.
Debe aceptarse que resguardar el Estado de derecho no se agota en sólo aplicar la ley, sino que también significa proveer a los ciudadanos de una institucionalidad con visión estratégica, sentido de urgencia y sensibilidad social. Los desalojos, desde esta perspectiva, al convertirse en la única respuesta del aparato estatal demuestran nuestra precariedad institucional e ineficacia.
La vivienda digna no es un privilegio ni una concesión, es una garantía para la paz social. Representa la base sobre la cual construir una sociedad más justa y cohesionada, además de fortalecer el rol institucional del Estado y uno de los derechos básicos establecidos en nuestra Constitución.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
