Germán R.Pinto Perry
El tema de la reforma tributaria no ha parado y el Ministerio de Hacienda está realizando los “Diálogos por un Pacto Tributario” para discutir el talante de una nueva iniciativa legal sobre la materia. Es en este ejercicio que considero oportuno insistir que lo primero a determinar, es si el sistema tributario buscará solo recaudación o será una herramienta para lograr el desarrollo del país.
Puede llamar la atención el título de mi columna, pues resulta curioso, por decir lo menos, que los delincuentes paguen impuestos por los ingresos que generen o por las operaciones que efectúen.
Ya ha pasado una semana desde el rechazo de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó el año pasado, y que se pensaba que en un lapso de seis meses tendríamos una nueva forma de tributar.
Le pregunté a un amigo cómo consideraba la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados y Diputadas el jueves pasada, a lo cual me respondió entonando la canción de Marc Anthony: era ¡mala, mala y cara!
La Ley 21.420 buscaba aumentar la recaudación a través de la eliminación de exenciones y aumentando la base tributaria de los impuestos como aplicar IVA a servicios que no estaban afectos, comenzando a tener efectos a contar del 1 de enero del presente año.
Ya ha pasado más de una semana del bullido episodio que la coalición de gobierno protagonizó por el royalty forestal que comenzó como una cándida alusión del presidente, pero luego se convirtió en una verdadera bola de nieve que terminó por frenar la ministra Tohá.
El 12 de enero recién pasado, fue publicada la Circular 5 del Servicio de Impuestos Internos (SII) que imparte instrucciones sobre el nuevo artículo 37 bis de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR) incorporado por la Ley 21.420 que elimina exenciones tributarias.
Hace unas semanas fue publicada una entrevista del ex ministro de hacienda, don Ignacio Briones, donde manifestaba su apoyo a la norma que grava con IVA todos los servicios con el fin de recaudar más recursos para financiar la PGU, tal como lo hizo la Ley 21.420 y que he comentado profusamente estas últimas semanas.
Sin duda que el legislador obró con buena intención al redactar la Ley 21.420 que buscaba incrementar la recaudación para mejorar la PGU, a través de eliminación de exenciones y aumentando las bases imponibles de determinados impuestos, como lo hizo con el caso del IVA que afecta a los servicios.
Sin el ánimo de aguar la Fiesta del Año Nuevo recién pasada, pero con el pragmatismo que nuestra legislación nos obliga, debo señalar que este primer lunes del año 2023 comienza con una mayor carga tributaria por distintos aspectos.
No sé si el “comité creativo” del Ministerio de Hacienda ponderó todas las complicaciones que ha generado la Ley 21.420 que busca aumentar la recaudación fiscal a través de la eliminación de exenciones y ampliar las bases tributarias del hecho gravado básico servicios respecto del IVA.
El Colegio de Abogados envió la semana pasada una carta al ministro de Hacienda solicitando la postergación de la entrada en vigor de la modificación del hecho gravado básico servicios afectos al IVA, que la Ley 21.420 introdujo en la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios (LIVS), como así también prontamente lo hará el Colegio de Contadores de Chile A.G.
La Ley 21.420 que “reduce o elimina exenciones tributarias” introdujo modificaciones, entre otros cuerpos legales, a la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios ampliando la base de tributación del hecho gravado básico servicios, considerado como tal a toda prestación que se realice en favor de otra persona, por la cual se percibe una remuneración y que el servicio sea prestado o utilizado dentro de nuestro territorio. Esto implica que toda asesoría, hasta hoy considerada como “hecho o gravado”, quedará afecta con IVA y deberá incrementar sus valores en un 19% a contar del 1 de enero del próximo año.
La semana pasada conocimos la desocupación de nuestro país según datos del INE, ubicándose en un 8%, cifra bastante positiva si consideramos la crisis que estamos viviendo o que, tal vez, estamos comenzando a vivir.
Tal como ya he señalado anteriormente, una “buena” estructura tributaria debe interferir mínimamente en las decisiones económicas de los agentes, atributo que adolece la Ley 21.420 que reduce o elimina exenciones y que una de sus disposiciones relativas al IVA, comenzará a tener efectos a contar del 1 de enero de 2023.
El título de mi columna puede llamar la atención. Es posible pensar que erré en la palabra y lo correcto era “complejo”, pero no es el caso y el vocablo cabal.
La semana pasada hemos conocido el anuncio que el presidente de la República hizo respecto al proyecto de reforma previsional, que es la segunda importante y vital iniciativa legal de su programa de gobierno y que es muy apetecida por la población.
El sector minero chileno está viviendo un momento estratégico muy importante, dado el avance de los vehículos eléctricos que, bien podemos colegir, son una solución a los problemas de contaminación de las cuidades densamente pobladas
Mucha preocupación me causa el rumbo que está tomando la reforma tributaria que está impulsando el ministerio de hacienda, porque está tomando un rumbo que no aporta a la solución de las necesidades sociales que están demandando vehemente diversos sectores sociales.
Puede resultar un tanto insolente el título que he escogido para mi columna de esta semana, al vincular el proyecto de reforma tributaria con un plan impopular que terminó por convertirse en un adjetivo de aquello que nace revolucionario, transformador y que termina siendo un gran fracaso.