Reforma previsional desfinanciada

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Germu00e1n Pinto


La semana pasada hemos conocido el anuncio que el presidente de la República hizo respecto al proyecto de reforma previsional, que es la segunda importante y vital iniciativa legal de su programa de gobierno y que es muy apetecida por la población.

Con el transversalmente compartido objetivo de mejorar las pensiones de todos los chilenos, especialmente de los más menesterosos, se establecerá una nueva estructura de las pensiones consistente en la ya existente cotización obligatoria individual, un nuevo 6% que se destinará a un seguro social que ayudará a corregir desigualdades del actual sistema, siendo ésta nueva cotización de cargo del empleador, y el incremento de la asignación proveniente de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que será financiada por aporte estatal, es decir, a través de los impuestos que todos pagamos.

Esta potenciada PGU implicará que la pensión mínima que ahora reciben los pensionados que no tienen fondo de capitalización o que ya se consumió y cuyo monto bordea los 194 mil pesos, será incrementada a 250 mil pesos mensuales. Así también, se incorporarán a estos beneficios personas exoneradas políticos, personas beneficiadas por la Ley Valech y señalados como víctimas en el Informe Rettig, así también como otras personas que están fuera de todo beneficio.

Este interesante y justo incremento implicará que el Estado aumente la actual asignación en 28,9%.

Si el actual sistema de PGU implica la suma anual de 6.800 millones de dólares, el incremento señalado representa 1.965 millones de dólares. ¿De dónde provendrán esos nuevos recursos?

El presidente lo ha señalado expresamente en su discurso al indicar que “una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria, por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia”.

Si bien esta afirmación es muy entrañable, resulta preocupante que se supediten las expectativas de la población, especialmente a la más necesitada y a la de mayor edad de nuestro país, a una herramienta técnicamente cuestionable.

Este hecho ya lo he señalado en otras columnas, mencionado que establecer que la solución de las necesidades se logrará con el aumento de la recaudación fiscal es una falacia porque hay evidencia empírica que me permite afirmar que el Estado no es eficiente en la asignación de recursos, máxime si existe una rigidez en el gasto de todo ingreso fiscal de acuerdo al principio de no afectación que está consagrado a nivel constitucional (y también estaba señalado en el borrador de constitución que fue rechazado el 4 de septiembre)

El proyecto de reforma tributaria espera recaudar 12 mil millones de dólares como recursos nuevos. Sin embargo, se ha ajustado esa recaudación a 10 mil millones, aunque la experiencia recogida por otras reformas tributarias, permiten afirmar que solo sería posible recaudar 3.980 millones de dólares. Esta última estimación no considera la recesión que estamos viviendo, fuga de capitales y falta de nueva inversión que permita mayor crecimiento y desarrollo económico, motivo por el cual, es una proyección muy optimista.

Independientemente del escenario que dibujo, y asumiendo que se logrará tal incremento de las arcas fiscales, aun así, no alcanzan los recursos para cubrir el financiamiento adicional que requiere la reforma previsional, solo en lo que respecta a la PGU.

En efecto, tal como ya he señalado en otras columnas de opinión, todo ingreso que recibe el Estado es distribuido en un 70% a gasto público y un 30% para financiar la burocracia estatal. Del 70% social, se destina un 41% aproximadamente a financiar la seguridad social, representada principalmente en el financiamiento de las pensiones que todavía se pagan del sistema previsional de las cajas de pensiones y otras ayudas como el financiamiento de la actual PGU.

Estas estimaciones permiten colegir que es posible destinar 1.142 millones de dólares de los nuevos 3 mil millones que se recaudarían de forma optimista.

Esto me permiten afirmar que en el mejor de los casos la nueva PGU está desfinanciada en 823 millones de dólares, cifra no despreciable.

El mismo ministro Marcel afirmó que “los impuestos generales no es una palabra mágica, no es un maná que venga del cielo”, por lo cual no es provechoso prometer la solución de las necesidades sociales exclusivamente a la mayor recaudación y no es un fundamento válido para conminar a los parlamentarios a aprobar un proyecto de ley técnicamente deficiente, pues generará mucha frustración en la población porque no será posible tal solución por no ser idóneas las herramientas prometidas.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC

Universidad de Santiago

europapress