Américo Ibarra

A medida que Chile se aproxima a un nuevo ciclo presidencial, la conversación pública vuelve a centrarse casi exclusivamente en los nombres de candidatos, partidos políticos y algunas promesas de campaña. Llama la atención, que transversalmente la promesa de descentralización tome nuevamente un lugar destacado en el discurso público de los candidatos y sin embargo, no sea posible apreciar avances sustantivos en décadas de promesas.

Hemos sostenido insistentemente que en los últimos años la industria inmobiliaria chilena atraviesa una crisis estructural que va mucho más allá de la caída en las ventas o el freno en la inversión. Presenciamos una fractura profunda entre tres variables que no dialogan: el precio de las viviendas, las condiciones de financiamiento y las remuneraciones de los potenciales compradores. Pareciera que debemos aceptar que el modelo de negocios ha cambiado y el sueño de la casa propia se aleja cada vez más.

En un escenario político crispado y fuertemente influenciado por la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, las interpelaciones, denuncias judiciales, solicitudes de renuncia y de destitución de autoridades se han transformado en un tema recurrente, tan importante y destacado como la crónica roja de los medios de comunicación. En estos días, es la figura y la gestión del Gobernador Orrego es la cuestionada por la oposición, quienes, de acuerdo con una investigación de la Contraloría, CGR, solicitan su destitución.

En las sociedades contemporáneas, la confianza ciudadana en las instituciones públicas constituye un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema democrático y el desarrollo socioeconómico. Esa confianza se ve comprometida cuando emergen situaciones de fraude fiscal y corrupción que debilitan la legitimidad y operatividad de las entidades estatales. En nuestro contexto nacional, casos emblemáticos como las irregularidades en licencias médicas, pagos indebidos de horas extras en municipalidades, caso Hermosilla, y numerosos escándalos denominados “gates” han removido los cimientos de la institucionalidad, generando una conmoción profunda e irritación en la opinión pública.

En el contexto actual, caracterizado por crecientes desafíos sanitarios y el impacto persistente de enfermedades crónicas, la inversión en el sector salud emerge como un elemento esencial para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. Más allá de la infraestructura física, esta inversión apuesta por garantizar el acceso universal a una atención médica eficiente y de calidad, un derecho innegociable que debe defenderse desde las políticas públicas.

La acumulación de deuda pública, discusión que ha ganado protagonismo en la agenda pública nacional, no es un asunto meramente macroeconómico ni tampoco una preocupación de sólo unos pocos ya que afecta al global de nuestra economía.

En el panorama económico actual, dominado por la inflación y la incertidumbre geopolítica, un sector crucial para el desarrollo y el bienestar social se encuentra asfixiado: la construcción. Si bien el alza generalizada de precios afecta a todos los ámbitos, el incremento excesivo de los costos de construcción se ha convertido en un problema particularmente apremiante, amenazando la viabilidad de proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano.

El mercado de créditos hipotecarios en Chile ha sido, sin duda, un motor importante para el crecimiento y hoy revela un panorama que, si bien sigue mostrando crecimiento, evidencia una desaceleración preocupante y aun exige medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad y el acceso equitativo a la vivienda.

La hipoteca inversa es un instrumento que permite a los propietarios de viviendas de edad avanzada acceder a la liquidez contenida en su patrimonio inmobiliario, sin necesidad de vender la propiedad ni mudarse de ella. En lugar de pagar una hipoteca, la entidad financiera realiza pagos periódicos al propietario, utilizando la vivienda como garantía. Al fallecimiento del propietario, la entidad financiera recupera el capital prestado, generalmente mediante el pago proporcional y preferente producido por la venta de la propiedad.

El impuesto territorial fijado en artículo N°1 de la ley 17.235 se define como una contribución fundamental para el financiamiento de servicios públicos a nivel local. El impuesto territorial se aplica a inmuebles no agrícolas según el avalúo fiscal y de acuerdo con las retasaciones que cada cuatro años realiza el Servicio de Impuestos Internos. Según TGR, a enero de 2024, las viviendas que estaban exentas del pago de contribuciones debían tener un valor igual o inferior a $ 57 millones.