Américo Ibarra

La relación entre incentivos y productividad en el marco del Estatuto Administrativo constituye una tensión permanente y difícil de resolver. El Estado ha buscado modernizar su gestión mediante sistemas de evaluación de desempeño, bonos por cumplimiento de metas y programas de gestión por resultados. 

Los recientes fenómenos meteorológicos de gran intensidad que han azotado nuestro territorio, especialmente a la zona centro-sur de Chile, han expuesto con crudeza la extrema vulnerabilidad de nuestras áreas urbanas e infraestructura vial. La severidad de las precipitaciones con isotermas altas ha desencadenado desbordes de ríos como el Biobío, Cachapoal, Mataquito y Maule, inundando vastos sectores habitacionales e infraestructuras críticas.

El último punto pendiente sobre la denominada megarreforma se ha transformado en un campo de tensiones territoriales y políticas que por ahora impiden alcanzar un acuerdo a nivel nacional. El punto de conflicto dice relación con el mecanismo de compensación por la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal de ciudadanos de 65 años o más.

Cada desastre natural que golpea a Chile vuelve a desnudar las profundas desigualdades territoriales que atraviesan al país. El reciente evento meteorológico, con lluvias intensas y desbordes de ríos, mostró una vez más que las comunidades más vulnerables son las que cargan con los mayores costos. No es únicamente la fuerza de la naturaleza la que explica la magnitud de los daños, sino la fragilidad institucional y la desigual capacidad de respuesta entre regiones. 

Las recientes recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral de ampliar el ciclo de cálculo de las 40 horas (de cuatro a hasta 52 semanas, en algunos sectores y a 16 en otros) buscan otorgar mayor flexibilidad a las empresas y trabajadores

La política habitacional ha sido cuantitativamente significativa, pero territorialmente desigual y con efectos limitados en la reducción de las privaciones múltiples que afectan a los hogares.

El informe del Banco Central sobre el PIB Regional del primer trimestre de 2026 revela un problema persistente: la incapacidad de sostener un crecimiento equilibrado entre territorios y sectores. La contracción de 0,5% del PIB nacional se explica por caídas en diez de las dieciséis regiones, mientras que el consumo de los hogares creció en la mayoría de ellas.

Son múltiples son los factores que podrían explicar porque se ha debilitado el Estado para enfrentar y resolver, por décadas, el déficit de viviendas. Por identificar algunas, destacaría la desigualdad socioeconómica, la fragmentación institucional, ciclos político-cortoplacistas, limitaciones en financiamiento y la falta de coordinación entre actores públicos y privados. El resultado es visible: proliferación de campamentos, hacinamiento y una creciente sensación de exclusión territorial.

La reciente propuesta de norma que eximiría del pago de contribuciones de la primera vivienda a los adultos mayores propietarios, si bien puede parecer un gesto de justicia hacia dicho grupo, podría generar un significativo impacto a la estructura fiscal municipal y, por tanto, a la distribución territorial de los recursos. Los detractores de la iniciativa señalan que, dado que los propietarios en comunas de altos ingresos recibirán el mismo beneficio que quienes viven en comunas vulnerables, esto para algunos representa una distorsión que afecta la progresividad tributaria, pues favorecería a quienes poseen mayor patrimonio inmobiliario y menor dependencia de servicios municipales.

El mercado de créditos hipotecarios sufrió un prolongado periodo de estancamiento que golpeó con fuerza al sector inmobiliario, sin embargo, los datos de cierre de 2025 ratifican una paulatina reactivación, impulsada por la flexibilización de las condiciones financieras y una agresiva competencia bancaria.