Américo Ibarra

Durante 2023, se transaron vía licitación pública a nivel municipal MM $3.270.807 (más de 64 mil procesos licitatorios adjudicados). De ellos el 18 % (MM$603.078) correspondieron a procesos licitatorios en el rubro servicios de construcción y mantenimiento de los cuales MM$472.758 se refieren a construcción de obras civiles e infraestructura. En específico MM$433.180 a Construcción de Obras Civiles y MM$29.578 a pavimentación de carreteras o caminos.

Así como otros países de AL y el Caribe, Chile ha destinado recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) al diseño e implementación de instrumentos destinados a mejorar los desempeños institucionales.

Esto a mi juicio por al menos tres razones; la primera es que no existe una medición de la eficacia y eficiencia del desempeño de quienes optan por esta modalidad y la segunda es que tampoco existen mediciones del ahorro que genera para el estado la ausencia de dotación de oficinas gubernamentales, gastos básicos y superficie, entre otros y finalmente, porque el modelo no se vincula a ningún objetivo institucional medible.Estoy convencido que la implementación, desarrollo y fortalecimiento del teletrabajo en el sector público debe hacerse en base a indicadores objetivos de desempeño y cumplimiento de metas vinculados a objetivos institucionales o en su caso a proyectos de teletrabajo que mejoren un proceso de la gestión pública y por tanto, del bienestar colectivo.

La teoría económica da luces ciertas de la relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico. El aumento del gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas en particular cuando se asegura y mejora la rentabilidad de las inversiones del sector privado.

Desde principios del siglo XIX en nuestro país se han definido y desarrollado políticas y programas que junto a una institucionalidad pública establecida, ha buscado resolver los problemas habitacionales y/o de vivienda tanto para sectores vulnerables, emergentes y clase media. Todo indica que su enfoque preferentemente se ha concentrado en priorizar la solución definitiva y su tenencia como respuesta a los problemas habitacionales; es decir, la opción es la casa propia y no resolver necesariamente la necesidad de alojamiento como vía alternativa.

El debate sobre la expansión versus la densificación de las ciudades, lleva décadas y es un tema de preocupación no solo en Chile, sino también en países desarrollados. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y la pandemia han influido a que los ciudadanos, que solían concentrarse en las zonas urbanas, prefieran reubicarse en zonas periféricas, suburbios o ciudades satélites en busca de mejores precios, condiciones y calidad de vida, que incluyen más espacio, privacidad y tranquilidad.

En el imaginario colectivo y en particular post estallido social se instaló la idea que era necesario reconocer y otorgar rango constitucional al derecho a la “vivienda adecuada” (Art N° 14, Numeral 29) y por tanto una parte de la sociedad valoraba se otorgara le otorga una categoría a nivel de un “derecho fundamental”.

Recordemos que la inversión total en la economía a fines del año 2022 mostraba una caída importante como consecuencia de múltiples variables: altos costos de construcción, menor rentabilidad de los contratos; inflación; dificultades de apalancamiento bancario y desistimientos de inversión, lo que se suma a un escenario externo deteriorado, condiciones financieras restrictivas y alto nivel de incertidumbre.

La intervención estatal en el mercado de la construcción es crucial para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, promover la movilidad social, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social. Además, el sector de la construcción desempeña un papel significativo en la economía, contribuyendo aproximadamente al 7% del PIB y en el empleo es cercano al 8% de la fuerza de trabajo.

El Ministerio de Vivienda se encuentra ante un importante desafío para el año 2024, con un aumento del 11,9% en su presupuesto anual que representa un gasto cercano a los 4,92 billones de pesos destinados al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este plan tiene como objetivo la construcción de más de 78 mil viviendas el próximo año, con un presupuesto de $3.59 billones, lo que representa el 73% del total.