Américo Ibarra

La noticia de que las tasas de interés de los créditos hipotecarios están descendiendo abriría la esperanza para cientos o miles de familias que aún sueñan con la casa propia. También pareciera ser una buena noticia para el sector inmobiliario y de la construcción; sector que ha debido navegar en aguas turbulentas. La lógica es simple y seductora: si el dinero es más barato, la oportunidad acceso a la casa se amplía, reactiva la construcción y genera con ello un círculo virtuoso. Sin embargo, detrás del titular optimista y de la calculadora que arroja cuotas menores, opera una compleja madeja de factores macroeconómicos que nos obligan a una lectura un tanto más cautelosa y escéptica.

La reciente declaración de “urgencia comunal” por parte de la Municipalidad de Quilicura, tras una seguidilla de hechos delictuales, abre un debate, una vez más, sobre los márgenes de acción de los gobiernos locales frente a crisis de seguridad. El asesinato de un conductor de buses RED en su domicilio, el intento de atropello a carabineros por parte de delincuentes armados, y otros episodios de violencia urbana han generado una legítima preocupación ciudadana y una presión creciente sobre las autoridades locales.

Durante el año 2025, los desalojos judiciales de las tomas en Lajarilla, Edén Lajarilla, Cerro Centinela y el Campamento Los Aromos - que afectaron a más de cinco mil familias- han expuesto con crudeza una realidad. Chile arrastra e incrementa por décadas una crisis habitacional y una expansión de los asentamientos informales como respuesta desesperada a la falta de acceso a una vivienda propia.

En tiempos marcados por las desconfianzas, incredulidad, funas, paros, tomas y criticas muchas veces sin sustento, la reputación institucional - especialmente, la pública - emerge como un activo estratégico crucial. La reputación es en esencia la representación acumulada de prácticas, compromisos y vínculos genuinos que ella construye, desarrolla y mantiene con el entorno. En esta dimensión, las universidades, como centros de conocimiento, formación y compromiso social deben priorizar acciones que fortalezcan la legitimidad democrática y la confianza pública.

El anuncio de un posible congelamiento de las remuneraciones del sector público en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido una señal de alerta entre los funcionarios del Estado. No es para menos: si la medida se aplicara de forma generalizada, afectaría directamente a cerca de un millón de personas o familias, incluyendo trabajadores de la administración centralizada, municipalidades y empresas estatales entre otras.

Hace unos pocos días el ejecutivo presentó y expuso al país el “proyecto de ley de presupuesto para el año 2026”. Lo hace en un contexto complejo, con promesas incumplidas, estrechez fiscal, bajo crecimiento, con un desempleo que supera el 8,5%, con desconfianza ciudadana y cuestionamientos técnicos a la institucionalidad que estima y gestiona la política fiscal. Se suma a ello que el debate sobre el gasto público se hace más evidente en un contexto de elecciones presidenciales y se profundiza la discusión cuando diversos actores y expertos exigen o proponen públicamente recortes y se instala la idea que se requiere una revisión profunda sobre el aparato estatal, su tamaño y funciones.

Si se representaran los microbasurales en un mapa, estos aparecerían como puntos dispersos. Al ampliar la imagen a nivel de calle, se revelarían manchas que simbolizan el abandono.

Durante años, las políticas públicas se diseñaron bajo un esquema basado en la verticalidad. Un pequeño grupo y “selecto de técnicos”, desde su escritorio, definía soluciones para una ciudadanía que comúnmente las recibía pasivamente. Con el tiempo, la creciente demanda por transparencia, inclusión y legitimidad dejó claro que el modelo era insuficiente.

En Chile, más de 120 mil familias viven actualmente en campamentos según el levantamiento efectuado por TECHO-Chile. Este dato revela por un lado la precariedad habitacional y el fracaso estructural de las políticas públicas para enfrentar el déficit con eficacia y justicia territorial. Por ahora, el acceso a la vivienda digna sigue siendo un slogan de campaña, pero una promesa incumplida y difícil de cumplir para miles de ciudadanos.

La regionalización territorial en Chile, formalizada por los Decretos Leyes N° 573 y N° 575 de 1974, marcó un hito en la configuración político-administrativa del país (CONARA)