Américo Ibarra

Hace algunos meses, Municipios y la Cámara Chilena de la Construcción hicieron llegar al ejecutivo algunas propuestas orientadas a mejorar la prevención situacional y comunitaria, j junto con ello disminuir el sentimiento de pérdida de pertenencia barrial. Las proposiciones sugerían mejoras a la infraestructura pública en barrios (educación, transporte y salud), embellecer y recuperar los espacios públicos para la comunidad como estrategia de mayor control social.

El sistema de transporte público subterráneo, conocido comúnmente como metro, se ha consolidado como un pilar fundamental en la infraestructura de movilidad de numerosas metrópolis a nivel global. No obstante, esta solución aparentemente eficiente y accesible enfrenta problemas persistentes, a saber: la seguridad y el comercio. Desde México hasta España, pasando por Canadá y los Estados Unidos, la seguridad en el metro se presenta como un desafío constante que demanda una atención continua y una reevaluación exhaustiva de las estrategias implementadas para proteger a los millones de personas que diariamente dependen de este medio de transporte. Chile no es la excepción.

La arquitectura hostil, definida como el diseño intencional de espacios públicos y privados para desalentar ciertos comportamientos o la presencia de ciertos grupos de personas mediante la implementación deliberada de elementos de diseño urbano destinados a disuadir comportamientos específicos, se ha convertido en una característica cada vez más presente en el espacio público contemporáneo. Bancos con separadores, grandes maceteros, puntas en salientes, rocas decorativas, esferas de hormigón en determinados accesos, suelos irregulares, y elementos de hormigón como topes en las veredas son solo algunos ejemplos de esta práctica.

La seguridad pública en Chile se encuentra en un punto crítico, caracterizado por una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, aunque con ligeras fluctuaciones, y una serie de incivilidades que impactan negativamente la calidad de vida de los ciudadanos. El panorama, delineado en gran medida por los datos de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023, representa desafíos que demandan una atención integral y proactiva de carácter urgente.

El teletrabajo, definido como la realización de la actividad laboral desde una ubicación remota utilizando tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha emergido como una alternativa laboral atractiva, especialmente en el contexto de la globalización y los avances tecnológicos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es el teletrabajo una solución real y efectiva, o simplemente un mito organizacional promovido por empresas que buscan reducir costos y aumentar la productividad a expensas del bienestar del empleado?

Siempre se ha sostenido que el desempeño del sector construcción e inmobiliario resulta ser un buen indicador del desempeño de la economía. En este sentido, debería ser un sector priorizado por el ejecutivo en momentos de complejidades económicas y sin embargo y a modo de ejemplo las erogaciones estatales al desarrollo urbano destinadas al tercer trimestre del año 2024 representan sólo un 0,3% del PIB y un 1,1% del PIB en subsidios a la vivienda.

Existe consenso en los ámbitos político, empresarial y académico sobre la importancia de enfocar las estrategias en la inversión, ya sea pública o privada, como medio para estimular el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestras distintas regiones, más aún en un contexto global donde las disparidades regionales son cada vez más evidentes. Por ello, resulta imperativo reconocer a la inversión como una herramienta fundamental para promover la equidad y el bienestar social.

A propósito de la disputa a Gobernador entre los Orrego’s, se logró revelar que, a pesar de las más de mil cámaras de vigilancia en la región metropolitana, los sistemas no conversaban y debieron pasar varios años para lograr que fuese aplicable “la interoperabilidad”.

La interrelación entre el gasto e inversión pública y el crecimiento económico es fundamental para entender cómo las decisiones de política pública pueden fomentar la productividad, mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible de un país. Este fenómeno es más evidente cuando se considera que la inversión pública en infraestructura y servicios básicos puede facilitar y potenciar la rentabilidad de las inversiones del sector privado, generando un entorno propicio para el desarrollo económico.

La modernización del Estado y la descentralización constituyen dos procesos fundamentales que inciden directamente en el desarrollo y la eficiencia de la administración pública. La modernización implica la actualización y mejora de las estructuras y procesos estatales, adecuándolos a los desafíos contemporáneos y, en este marco, la descentralización se convierte en un mecanismo clave para promover un desarrollo más equitativo y cercano a los ciudadanos.