El sistema de transporte público subterráneo, conocido comúnmente como metro, se ha consolidado como un pilar fundamental en la infraestructura de movilidad de numerosas metrópolis a nivel global. No obstante, esta solución aparentemente eficiente y accesible enfrenta problemas persistentes, a saber: la seguridad y el comercio. Desde México hasta España, pasando por Canadá y los Estados Unidos, la seguridad en el metro se presenta como un desafío constante que demanda una atención continua y una reevaluación exhaustiva de las estrategias implementadas para proteger a los millones de personas que diariamente dependen de este medio de transporte. Chile no es la excepción.
Desde el punto de vista de la seguridad, la delincuencia que abarca desde el hurto hasta asaltos violentos representa uno de los problemas más relevantes. La alta densidad de pasajeros en andenes y vagones, especialmente durante las horas de alto tráfico, crea un entorno propicio para los delincuentes dificultando su identificación y captura. En este contexto, la presencia de guardias de seguridad no es suficiente.
Además de la delincuencia común, la seguridad de los trenes subterráneos enfrenta a menudo otros actos que dificultan su operación, como accidentes, manifestaciones sociales, vandalismo y en ocasiones atentados terroristas. El vandalismo, que incluye grafitis, daños a la propiedad y obstrucción de las vías, además de provocar costos de reparación importantes, incide en la percepción de inseguridad ciudadana.
A esto, debe sumarse la cada vez más abundante y descontrolada actividad de comercio informal que al obstruir el libre tránsito de los pasajeros y concentrar la atención de los guardias, crea un ambiente caótico y propicio para la delincuencia. Es evidente que, por ahora, los planes de intervención en el metro (por ejemplo, el Plan Siempre Seguro) no resultan suficientes. Habrá que esperar los resultados de la discusión legislativa que busca dar mayores atribuciones al personal que cumple labores de seguridad tanto en labores de seguridad ciudadana como en el resguardo de la infraestructura crítica.
El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia no sólo en los accesos a la red sino incluso en el control de la seguridad en los vagones requiere de campañas preventivas y educativas que permitan erradicar o minimizar este tipo de delitos. Sin embargo, mientras los usuarios no entiendan que son responsables en la solución de los problemas planteados como evitar compras al comercio ilegal en la red y denunciar los delitos que se cometen en ella, resultará imposible tener un transporte subterráneo más seguro.
Aunque no tengo certeza que sea deseable, es lo que han hecho las “patrullas ciudadanas”, por ejemplo, en España. Se trata de ciudadanos voluntarios que identifican principalmente a carteristas que operan en los metros de Madrid y Barcelona, advirtiendo de su presencia al resto de los pasajeros y mediante redes sociales, a los millones de usuarios de este tipo de transporte.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile