Américo Ibarra

En las sociedades contemporáneas, la confianza ciudadana en las instituciones públicas constituye un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema democrático y el desarrollo socioeconómico. Esa confianza se ve comprometida cuando emergen situaciones de fraude fiscal y corrupción que debilitan la legitimidad y operatividad de las entidades estatales. En nuestro contexto nacional, casos emblemáticos como las irregularidades en licencias médicas, pagos indebidos de horas extras en municipalidades, caso Hermosilla, y numerosos escándalos denominados “gates” han removido los cimientos de la institucionalidad, generando una conmoción profunda e irritación en la opinión pública.

En el contexto actual, caracterizado por crecientes desafíos sanitarios y el impacto persistente de enfermedades crónicas, la inversión en el sector salud emerge como un elemento esencial para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. Más allá de la infraestructura física, esta inversión apuesta por garantizar el acceso universal a una atención médica eficiente y de calidad, un derecho innegociable que debe defenderse desde las políticas públicas.

La acumulación de deuda pública, discusión que ha ganado protagonismo en la agenda pública nacional, no es un asunto meramente macroeconómico ni tampoco una preocupación de sólo unos pocos ya que afecta al global de nuestra economía.

En el panorama económico actual, dominado por la inflación y la incertidumbre geopolítica, un sector crucial para el desarrollo y el bienestar social se encuentra asfixiado: la construcción. Si bien el alza generalizada de precios afecta a todos los ámbitos, el incremento excesivo de los costos de construcción se ha convertido en un problema particularmente apremiante, amenazando la viabilidad de proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano.

El mercado de créditos hipotecarios en Chile ha sido, sin duda, un motor importante para el crecimiento y hoy revela un panorama que, si bien sigue mostrando crecimiento, evidencia una desaceleración preocupante y aun exige medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad y el acceso equitativo a la vivienda.

La hipoteca inversa es un instrumento que permite a los propietarios de viviendas de edad avanzada acceder a la liquidez contenida en su patrimonio inmobiliario, sin necesidad de vender la propiedad ni mudarse de ella. En lugar de pagar una hipoteca, la entidad financiera realiza pagos periódicos al propietario, utilizando la vivienda como garantía. Al fallecimiento del propietario, la entidad financiera recupera el capital prestado, generalmente mediante el pago proporcional y preferente producido por la venta de la propiedad.

El impuesto territorial fijado en artículo N°1 de la ley 17.235 se define como una contribución fundamental para el financiamiento de servicios públicos a nivel local. El impuesto territorial se aplica a inmuebles no agrícolas según el avalúo fiscal y de acuerdo con las retasaciones que cada cuatro años realiza el Servicio de Impuestos Internos. Según TGR, a enero de 2024, las viviendas que estaban exentas del pago de contribuciones debían tener un valor igual o inferior a $ 57 millones.

Al hablar de arquitectura, fuera de su ámbito disciplina, se usa comúnmente para referirse a diseños y estructuras, en este sentido, cuando nos referimos a “una arquitectura democrática”, solemos asociarlo al diseño que tiene una sociedad para promover, la igualdad, la accesibilidad y la participación ciudadana, en un marco legal y ético conocido y compartido por todos.

Hace ya algunas décadas que la vivienda social fue relegada a la periferia urbana, con acceso limitado a servicios básicos, transporte y oportunidades laborales. Este enfoque, lamentablemente, ha perpetuado ciclos de pobreza y exclusión, creando guetos sociales y reforzando las barreras que impiden la movilidad ascendente. La segregación espacial resultante no solo afecta a los residentes de estas viviendas, sino que también impacta negativamente a la comunidad en general, generando tensiones sociales, disminuyendo la cohesión y obstaculizando el desarrollo equitativo.

Hace algunos meses, Municipios y la Cámara Chilena de la Construcción hicieron llegar al ejecutivo algunas propuestas orientadas a mejorar la prevención situacional y comunitaria, j junto con ello disminuir el sentimiento de pérdida de pertenencia barrial. Las proposiciones sugerían mejoras a la infraestructura pública en barrios (educación, transporte y salud), embellecer y recuperar los espacios públicos para la comunidad como estrategia de mayor control social.