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Américo Ibarra |
José Antonio Kast, en su primer discurso como presidente electo, llamó no sólo a la unidad de su sector, sino que también a construir un gobierno de emergencia nacional en colaboración de la oposición, entendiendo que la gobernabilidad es la estructura o andamiaje necesario para enfrentar los desafíos y cumplir con las expectativas ciudadanas alentadas por las promesas de campaña.
La gobernabilidad es hoy uno de los conceptos más discutidos en el debate público y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados.
Noticias referidas a escasez de medicamentos y paralizaciones en consultorios (CESFAM) dan cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes frente a un sistema que no logra garantizar el servicio sea por falta de insumos básicos o recursos. Cualquiera sea la causa, resulta evidente que como sociedad enfrentamos un problema estructural que se ve desbordado en el momento en que los CESFAM, que operan bajo una lógica de metas de gestión, en contextos de carencia, podrían tener incentivos en favor de la sub-información de casos y atenciones.
La segunda vuelta presidencial, en Chile, debiera abrir un debate que vaya más allá de la mera disputa entre dos candidaturas. Aun cuando nadie lo menciona, lo que está en juego es el modelo de país que se proyectará hacia los próximos años y, sobre todo, cómo ese modelo se expresará en el territorio. Es evidente que las opciones electorales no solo definen políticas nacionales, sino también la manera en que las regiones, comunas y barrios se integrarán a la toma de decisiones.
La reciente elección presidencial no sólo dejó en evidencia una reconfiguración del mapa político, sino también la expresión territorial de las preferencias ciudadanas. Los resultados regionales y comunales revelan patrones que trascienden lo ideológico y que interpelan directamente a las estrategias de representación, arraigo y discurso de los principales bloques en competencia. En este escenario, los desempeños de los partidos permiten leer el país desde sus bordes, sus centros y sus fracturas.
La noticia de que las tasas de interés de los créditos hipotecarios están descendiendo abriría la esperanza para cientos o miles de familias que aún sueñan con la casa propia. También pareciera ser una buena noticia para el sector inmobiliario y de la construcción; sector que ha debido navegar en aguas turbulentas. La lógica es simple y seductora: si el dinero es más barato, la oportunidad acceso a la casa se amplía, reactiva la construcción y genera con ello un círculo virtuoso. Sin embargo, detrás del titular optimista y de la calculadora que arroja cuotas menores, opera una compleja madeja de factores macroeconómicos que nos obligan a una lectura un tanto más cautelosa y escéptica.
La reciente declaración de “urgencia comunal” por parte de la Municipalidad de Quilicura, tras una seguidilla de hechos delictuales, abre un debate, una vez más, sobre los márgenes de acción de los gobiernos locales frente a crisis de seguridad. El asesinato de un conductor de buses RED en su domicilio, el intento de atropello a carabineros por parte de delincuentes armados, y otros episodios de violencia urbana han generado una legítima preocupación ciudadana y una presión creciente sobre las autoridades locales.
Durante el año 2025, los desalojos judiciales de las tomas en Lajarilla, Edén Lajarilla, Cerro Centinela y el Campamento Los Aromos - que afectaron a más de cinco mil familias- han expuesto con crudeza una realidad. Chile arrastra e incrementa por décadas una crisis habitacional y una expansión de los asentamientos informales como respuesta desesperada a la falta de acceso a una vivienda propia.
En tiempos marcados por las desconfianzas, incredulidad, funas, paros, tomas y criticas muchas veces sin sustento, la reputación institucional - especialmente, la pública - emerge como un activo estratégico crucial. La reputación es en esencia la representación acumulada de prácticas, compromisos y vínculos genuinos que ella construye, desarrolla y mantiene con el entorno. En esta dimensión, las universidades, como centros de conocimiento, formación y compromiso social deben priorizar acciones que fortalezcan la legitimidad democrática y la confianza pública.
El anuncio de un posible congelamiento de las remuneraciones del sector público en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido una señal de alerta entre los funcionarios del Estado. No es para menos: si la medida se aplicara de forma generalizada, afectaría directamente a cerca de un millón de personas o familias, incluyendo trabajadores de la administración centralizada, municipalidades y empresas estatales entre otras.