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Américo Ibarra |
En Chile, hablar de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión pública suele reducirse a discusiones sobre estructuras institucionales, reformas legales o ajustes presupuestarios. Sin embargo, hay un aspecto que permanece en segundo plano y que resulta decisivo para cualquier intento de modernización: la formación de los agentes públicos.
Como siempre ocurre, en cada ciclo institucional, la entrega de un cargo suele presentarse como un momento ejemplar. Las ceremonias de traspaso, los discursos solemnes y las fotografías oficiales transmiten la idea de continuidad, respeto y transparencia. Se celebra la madurez de la organización y en el imaginario colectivo pareciera que la institucionalidad funciona. El relevo se realiza con normalidad y los equipos entrantes asumen sus responsabilidades sin tropiezos.
Al cierre de un gobierno, las evaluaciones económicas se vuelven inevitables. Más allá de los discursos, lo que queda son las cifras y las decisiones que marcaron el rumbo económico. Y en este caso, al poner “las cartas sobre la mesa” la evidencia da cuenta de una suma de errores que no pueden ser ignorados: déficit fiscal creciente (3.55% del PIB es el último dato sobre el déficit estructural para fines del año 2025), estimaciones de ingresos poco realistas (para el año 2025 se estimó un meta de crecimiento en los ingresos fiscales del 8,4% y en efecto este solo alcanzó al 6,3%) y expectativas de crecimiento que nunca se materializaron.
El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía.
La reciente revisión de la Contraloría General de la República sobre los informes financieros de 73 instituciones públicas entre 2023 y 2025 ha puesto en evidencia un aspecto crucial que suele pasar desapercibido en el debate sobre la gestión estatal: la diferencia entre presupuestar y contabilizar. El ente fiscalizador objetó montos relevantes y señaló que no logró determinar la existencia de evidencia suficiente que permita validar, en términos simples, parte de los gastos reportados. Este hallazgo revela que, para evaluar la gestión institucional, la contabilidad es más efectiva, es decir, el registro verificable de cómo se aplican y ejecutan los recursos públicos.
La pregunta “Quo Vadis empleo público”-¿hacia dónde va el trabajo en el Estado?- se instala con fuerza en un contexto de expansión acelerada del aparato estatal y de crecientes tensiones como resultado de la negociación entre el ejecutivo y la mesa de negociación del sector público.
José Antonio Kast, en su primer discurso como presidente electo, llamó no sólo a la unidad de su sector, sino que también a construir un gobierno de emergencia nacional en colaboración de la oposición, entendiendo que la gobernabilidad es la estructura o andamiaje necesario para enfrentar los desafíos y cumplir con las expectativas ciudadanas alentadas por las promesas de campaña.
La gobernabilidad es hoy uno de los conceptos más discutidos en el debate público y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados.
Noticias referidas a escasez de medicamentos y paralizaciones en consultorios (CESFAM) dan cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes frente a un sistema que no logra garantizar el servicio sea por falta de insumos básicos o recursos. Cualquiera sea la causa, resulta evidente que como sociedad enfrentamos un problema estructural que se ve desbordado en el momento en que los CESFAM, que operan bajo una lógica de metas de gestión, en contextos de carencia, podrían tener incentivos en favor de la sub-información de casos y atenciones.
La segunda vuelta presidencial, en Chile, debiera abrir un debate que vaya más allá de la mera disputa entre dos candidaturas. Aun cuando nadie lo menciona, lo que está en juego es el modelo de país que se proyectará hacia los próximos años y, sobre todo, cómo ese modelo se expresará en el territorio. Es evidente que las opciones electorales no solo definen políticas nacionales, sino también la manera en que las regiones, comunas y barrios se integrarán a la toma de decisiones.