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Américo Ibarra |
El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía.
La reciente revisión de la Contraloría General de la República sobre los informes financieros de 73 instituciones públicas entre 2023 y 2025 ha puesto en evidencia un aspecto crucial que suele pasar desapercibido en el debate sobre la gestión estatal: la diferencia entre presupuestar y contabilizar. El ente fiscalizador objetó montos relevantes y señaló que no logró determinar la existencia de evidencia suficiente que permita validar, en términos simples, parte de los gastos reportados. Este hallazgo revela que, para evaluar la gestión institucional, la contabilidad es más efectiva, es decir, el registro verificable de cómo se aplican y ejecutan los recursos públicos.
La pregunta “Quo Vadis empleo público”-¿hacia dónde va el trabajo en el Estado?- se instala con fuerza en un contexto de expansión acelerada del aparato estatal y de crecientes tensiones como resultado de la negociación entre el ejecutivo y la mesa de negociación del sector público.
José Antonio Kast, en su primer discurso como presidente electo, llamó no sólo a la unidad de su sector, sino que también a construir un gobierno de emergencia nacional en colaboración de la oposición, entendiendo que la gobernabilidad es la estructura o andamiaje necesario para enfrentar los desafíos y cumplir con las expectativas ciudadanas alentadas por las promesas de campaña.
La gobernabilidad es hoy uno de los conceptos más discutidos en el debate público y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados.
Noticias referidas a escasez de medicamentos y paralizaciones en consultorios (CESFAM) dan cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes frente a un sistema que no logra garantizar el servicio sea por falta de insumos básicos o recursos. Cualquiera sea la causa, resulta evidente que como sociedad enfrentamos un problema estructural que se ve desbordado en el momento en que los CESFAM, que operan bajo una lógica de metas de gestión, en contextos de carencia, podrían tener incentivos en favor de la sub-información de casos y atenciones.
La segunda vuelta presidencial, en Chile, debiera abrir un debate que vaya más allá de la mera disputa entre dos candidaturas. Aun cuando nadie lo menciona, lo que está en juego es el modelo de país que se proyectará hacia los próximos años y, sobre todo, cómo ese modelo se expresará en el territorio. Es evidente que las opciones electorales no solo definen políticas nacionales, sino también la manera en que las regiones, comunas y barrios se integrarán a la toma de decisiones.
La reciente elección presidencial no sólo dejó en evidencia una reconfiguración del mapa político, sino también la expresión territorial de las preferencias ciudadanas. Los resultados regionales y comunales revelan patrones que trascienden lo ideológico y que interpelan directamente a las estrategias de representación, arraigo y discurso de los principales bloques en competencia. En este escenario, los desempeños de los partidos permiten leer el país desde sus bordes, sus centros y sus fracturas.
La noticia de que las tasas de interés de los créditos hipotecarios están descendiendo abriría la esperanza para cientos o miles de familias que aún sueñan con la casa propia. También pareciera ser una buena noticia para el sector inmobiliario y de la construcción; sector que ha debido navegar en aguas turbulentas. La lógica es simple y seductora: si el dinero es más barato, la oportunidad acceso a la casa se amplía, reactiva la construcción y genera con ello un círculo virtuoso. Sin embargo, detrás del titular optimista y de la calculadora que arroja cuotas menores, opera una compleja madeja de factores macroeconómicos que nos obligan a una lectura un tanto más cautelosa y escéptica.
La reciente declaración de “urgencia comunal” por parte de la Municipalidad de Quilicura, tras una seguidilla de hechos delictuales, abre un debate, una vez más, sobre los márgenes de acción de los gobiernos locales frente a crisis de seguridad. El asesinato de un conductor de buses RED en su domicilio, el intento de atropello a carabineros por parte de delincuentes armados, y otros episodios de violencia urbana han generado una legítima preocupación ciudadana y una presión creciente sobre las autoridades locales.