Américo Ibarra

Chile cuenta con una arquitectura sanitaria que descansa, casi silenciosamente, sobre la solidez de la atención primaria. Las cifras lo revelan con crudeza: de las 2.546 unidades registradas en el país, el 43,75% corresponde a Postas de Salud Rural (PSR), mientras los Centros de Salud Familiar (CESFAM), que operan como columna vertebral del sistema en entornos urbanos, alcanzan el 23,53%.

La expansión del Estado chileno en las últimas décadas ha seguido un patrón más bien errático e inorgánico que, lejos de fortalecer su capacidad institucional, ha agravado sus vulnerabilidades estructurales. Al aumentar su tamaño sin una arquitectura estratégica ni una reconfiguración de sus lógicas operativas, el aparato estatal se vuelve más opaco, lento e ineficaz.

En algunas zonas de Chile, el agua como recurso se ha convertido en un bien escaso, disputado y en ocasiones profundamente desigual. La tensión entre la disponibilidad hídrica y el desarrollo inmobiliario se ha vuelto crítica, especialmente en zonas urbanas y periurbanas donde la expansión de proyectos habitacionales se superpone con territorios afectados por sequía prolongada y sobreexplotación de acuíferos.

En las últimas décadas, Chile ha sido testigo de un crecimiento explosivo de la industria logística (USD36,86 mil millones) con una tasa de crecimiento del 6,2%. Los datos conocidos indican que son 92.404 las empresas que declaran pertenecer a esta industria, experimentando un aumento del 19% en estos últimos cinco años. Las mismas absorben a 251.770 trabajadores y de estos 130 mil lo hacen en Mipymes. Los datos del observatorio logístico también dan cuenta de 314.569 vehículos de carga al año 2024.

A medida que Chile se aproxima a un nuevo ciclo presidencial, la conversación pública vuelve a centrarse casi exclusivamente en los nombres de candidatos, partidos políticos y algunas promesas de campaña. Llama la atención, que transversalmente la promesa de descentralización tome nuevamente un lugar destacado en el discurso público de los candidatos y sin embargo, no sea posible apreciar avances sustantivos en décadas de promesas.

Hemos sostenido insistentemente que en los últimos años la industria inmobiliaria chilena atraviesa una crisis estructural que va mucho más allá de la caída en las ventas o el freno en la inversión. Presenciamos una fractura profunda entre tres variables que no dialogan: el precio de las viviendas, las condiciones de financiamiento y las remuneraciones de los potenciales compradores. Pareciera que debemos aceptar que el modelo de negocios ha cambiado y el sueño de la casa propia se aleja cada vez más.

En un escenario político crispado y fuertemente influenciado por la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, las interpelaciones, denuncias judiciales, solicitudes de renuncia y de destitución de autoridades se han transformado en un tema recurrente, tan importante y destacado como la crónica roja de los medios de comunicación. En estos días, es la figura y la gestión del Gobernador Orrego es la cuestionada por la oposición, quienes, de acuerdo con una investigación de la Contraloría, CGR, solicitan su destitución.

En las sociedades contemporáneas, la confianza ciudadana en las instituciones públicas constituye un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema democrático y el desarrollo socioeconómico. Esa confianza se ve comprometida cuando emergen situaciones de fraude fiscal y corrupción que debilitan la legitimidad y operatividad de las entidades estatales. En nuestro contexto nacional, casos emblemáticos como las irregularidades en licencias médicas, pagos indebidos de horas extras en municipalidades, caso Hermosilla, y numerosos escándalos denominados “gates” han removido los cimientos de la institucionalidad, generando una conmoción profunda e irritación en la opinión pública.

En el contexto actual, caracterizado por crecientes desafíos sanitarios y el impacto persistente de enfermedades crónicas, la inversión en el sector salud emerge como un elemento esencial para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. Más allá de la infraestructura física, esta inversión apuesta por garantizar el acceso universal a una atención médica eficiente y de calidad, un derecho innegociable que debe defenderse desde las políticas públicas.

La acumulación de deuda pública, discusión que ha ganado protagonismo en la agenda pública nacional, no es un asunto meramente macroeconómico ni tampoco una preocupación de sólo unos pocos ya que afecta al global de nuestra economía.