Américo Ibarra

Los estudios recientes realizados por TECHO-Chile y Déficit Cero han arrojado cifras preocupantes que revelan la existencia de más de 1.200 campamentos catalogados en Chile, los cuales albergan a 113.887 hogares, de los cuales el 34% tienen como jefe de hogar a una persona extranjera.

La economía chilena ha experimentado una desaceleración en las últimas décadas, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha disminuido desde principios de los años 2000. A pesar de un impulso tras la pandemia, el crecimiento del PIB fue solo del 2,4% en 2022 y del 0,2% en 2023. Para 2024, las estimaciones oficiales prevén un crecimiento del PIB entre un rango del 2 y el 3%, influenciado por el componente "consumo de hogares", que enfrentaría condiciones financieras algo más favorables, un incremento de los salarios reales y del empleo.

Una de las consecuencias más relevante del denominado caso “convenios” han sido la restricciones o limitación de las transferencias directas, esto con el claro fin de resguardar el buen uso y la pertinencia del gasto público, sin embargo, estas medidas también han provocado un efecto no deseado, que es la falta de continuidad de programas en curso y con ello un evidente peligro de una baja sustantiva en la ejecución presupuestaria de múltiples organismos o instituciones públicas. Frente a esta situación, sin embargo, los Gobiernos Regionales – por una serie de modificaciones administrativas- podrían sortear con éxito este tipo de restricciones. 

La Ley de Presupuestos para el año 2024 ha establecido una estructura de gastos de M US$1.825.593(978,07). De esta cantidad, M US$ 1.685.751 (92,2%) se destinarán a Inversión de Capital. Es importante destacar que estos fondos, designados como transferencia de capital en el subtítulo 33, no pueden utilizarse para financiar gastos en personal, bienes o servicios de consumo de las entidades receptoras.

A pesar de las mejoras en las expectativas económicas durante 2024 y de las medidas implementadas por el banco central para estimular el crecimiento y controlar la inflación, el sector de la construcción no ha seguido la misma tendencia positiva. A pesar del conjunto de medidas tomadas por el ejecutivo, como la garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de hasta 4500 UF, la extensión de la cobertura del seguro de remate para viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, y la ampliación del crédito especial IVA para empresas constructoras hasta el año 2026, los resultados no han sido los esperados.

El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema social que ha desafiado a las autoridades y a la sociedad en general (la percepción del aumento de la delincuencia en el país el año 2022 fue en promedio de 90,6%, con una variación de 3,7 p.p., respecto del año anterior, ENUSC 2022).

La modernización del Estado y la descentralización son dos procesos fundamentales para el desarrollo y la eficiencia de la administración pública y son materias políticamente transversales de cuasi consenso entre los distintos partidos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la modernización del Estado implica la actualización y mejora de sus estructuras y procesos, adaptándolas a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea.

La inversión en obra pública es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Chile, así como de cualquier país. La construcción de infraestructuras como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas de transporte público desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de la población y en el impulso de la actividad económica. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la asignación de recursos hacia la inversión en obra pública, con el propósito de modernizar la infraestructura nacional y promover el crecimiento económico.

Las redes de trabajo interorganizacionales se han convertido en un elemento cada vez más relevante y común en el entorno actual. Estas redes representan muchas veces relaciones horizontales entre organizaciones que se respaldan mutuamente, sin que ninguna de ellas tenga la capacidad de imponer acciones comunes a las demás.

Durante 2023, se transaron vía licitación pública a nivel municipal MM $3.270.807 (más de 64 mil procesos licitatorios adjudicados). De ellos el 18 % (MM$603.078) correspondieron a procesos licitatorios en el rubro servicios de construcción y mantenimiento de los cuales MM$472.758 se refieren a construcción de obras civiles e infraestructura. En específico MM$433.180 a Construcción de Obras Civiles y MM$29.578 a pavimentación de carreteras o caminos.