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Américo Ibarra |
El monitoreo de programas públicos se ha consolidado como un instrumento clave para transparentar el uso de los recursos fiscales y evaluar la efectividad de las políticas del Estado. En 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social según conta en “informe de resultados proceso de monitoreo 2024” revisaron el desempeño de 706 programas. Un volumen que refleja la magnitud de la oferta pública y la necesidad de contar con evidencia para tomar decisiones responsables.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido el “proyecto de reconstrucción nacional” como un instrumento clave para dinamizar la economía (“este es un proyecto que aumenta la tasa de crecimiento, el empleo" y "es un apoyo enorme a las empresas de menor tamaño").
Las universidades públicas, cumplen un rol esencial en la formación de profesionales de excelencia y en el impulso a la investigación científica y tecnológica con impacto territorial. Además, por mandato legal y por tradición, fortalecen la democracia mediante transparencia, participación, responsabilidad institucional y respeto al Estado de Derecho, junto con garantizar el acceso equitativo a la educación superior y promover la movilidad, como ejes de su compromiso social.
El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre los gastos municipales en celebraciones durante el periodo 2024 y 2025 revela una práctica preocupante: el uso de recursos públicos en conmemoraciones o celebraciones están lejos de responder a necesidades comunitarias esenciales. El gasto total en este ítem superó los $31 mil millones. Cifras muchas veces superiores a las inversiones sociales que se requieren de urgencia en las distintas comunas. Este desbalance comprueba que las celebraciones se han transformado en una eficaz herramienta de fidelización electoral.
El gobierno ha implementado una serie de medidas económicas, presentadas como una estrategia de reactivación económica y de responsabilidad fiscal al intentar ordenar el estado de la hacienda pública, que abarcan entre otras: rebajas tributarias, simplificación de trámites burocráticos, ajustes a la baja de un 3% al gasto público bajo el argumento de la necesidad de establecer disciplina fiscal y en estas últimas semanas un sinceramiento al precio de las bencinas. Esta batería de acciones, junto a otras, trasciende la gestión de la autodenominada emergencia y, pareciera transformarse en los hitos fundamentales de un nuevo modelo de desarrollo.
La literatura sobre políticas públicas ha demostrado que la fase de implementación es la más delicada del ciclo. Los estudios, evidencian que cada eslabón adicional en la cadena de decisiones reduce la probabilidad de éxito. El logro de los objetivos depende de la claridad normativa, la disponibilidad de recursos y de la capacidad de coordinación y negociación. En este sentido, la política pública no debe abordarse como una discusión con numerosos frentes abiertos. La estrategia más sensata es priorizar, distinguir entre lo urgente y lo importante, y avanzar de manera gradual e incremental.
En Chile, hablar de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión pública suele reducirse a discusiones sobre estructuras institucionales, reformas legales o ajustes presupuestarios. Sin embargo, hay un aspecto que permanece en segundo plano y que resulta decisivo para cualquier intento de modernización: la formación de los agentes públicos.
Como siempre ocurre, en cada ciclo institucional, la entrega de un cargo suele presentarse como un momento ejemplar. Las ceremonias de traspaso, los discursos solemnes y las fotografías oficiales transmiten la idea de continuidad, respeto y transparencia. Se celebra la madurez de la organización y en el imaginario colectivo pareciera que la institucionalidad funciona. El relevo se realiza con normalidad y los equipos entrantes asumen sus responsabilidades sin tropiezos.
Al cierre de un gobierno, las evaluaciones económicas se vuelven inevitables. Más allá de los discursos, lo que queda son las cifras y las decisiones que marcaron el rumbo económico. Y en este caso, al poner “las cartas sobre la mesa” la evidencia da cuenta de una suma de errores que no pueden ser ignorados: déficit fiscal creciente (3.55% del PIB es el último dato sobre el déficit estructural para fines del año 2025), estimaciones de ingresos poco realistas (para el año 2025 se estimó un meta de crecimiento en los ingresos fiscales del 8,4% y en efecto este solo alcanzó al 6,3%) y expectativas de crecimiento que nunca se materializaron.
El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía.