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Américo Ibarra |
La reciente propuesta de norma que eximiría del pago de contribuciones de la primera vivienda a los adultos mayores propietarios, si bien puede parecer un gesto de justicia hacia dicho grupo, podría generar un significativo impacto a la estructura fiscal municipal y, por tanto, a la distribución territorial de los recursos. Los detractores de la iniciativa señalan que, dado que los propietarios en comunas de altos ingresos recibirán el mismo beneficio que quienes viven en comunas vulnerables, esto para algunos representa una distorsión que afecta la progresividad tributaria, pues favorecería a quienes poseen mayor patrimonio inmobiliario y menor dependencia de servicios municipales.
El mercado de créditos hipotecarios sufrió un prolongado periodo de estancamiento que golpeó con fuerza al sector inmobiliario, sin embargo, los datos de cierre de 2025 ratifican una paulatina reactivación, impulsada por la flexibilización de las condiciones financieras y una agresiva competencia bancaria.
La inversión pública regional en Chile para 2025 alcanzó $1,7 billones, con la Región Metropolitana concentrando el 11,2% y La Araucanía el 10,5%, mientras regiones extremas como Arica, Aysén y Magallanes recibieron menos del 4%. En paralelo, la inversión privada proyectada para 2025-2028 crece 23,5%, liderada por minería, energía y obras públicas, con proyectos emblemáticos como el hidrógeno verde en Magallanes, data centers en la Región Metropolitana y expansiones mineras en Antofagasta.
El crecimiento de las inversiones públicas en Chile ha sido históricamente desigual entre regiones. Mientras la Región Metropolitana concentra más del 40% de los recursos, regiones extremas como Arica y Parinacota, Aysén o Magallanes apenas superan el 2 o el 3%. Esta disparidad no es solo una cuestión de cifras. Se traduce también en brechas de infraestructura, servicios sociales y oportunidades económicas que afectan directamente la calidad de vida de las comunidades.
Los llamados “eventos viales” - hoyos, baches y cortes en la red de calles - son una, pero no la única, de las expresiones más visibles del deterioro urbano en Chile.
En las últimas semanas se ha abierto el debate sobre un conjunto de propuestas que modificarían la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. El conjunto de propuestas refleja con nitidez la tensión histórica entre lo técnico y lo económico. Bajo el argumento de agilizar procesos y facilitar la producción de vivienda, el ejecutivo busca introducir cambios normativos que podrían alterar de manera sustantiva el modelo de desarrollo urbano que ha sido aplicado en las últimas décadas en Chile.
El Programa de Mejoramiento de Condominios de Vivienda (DS 27, Capítulo III) nació con la intención de enfrentar un problema evidente: el deterioro y la obsolescencia de los bienes comunes en los condominios sociales en altura, espacios donde viven miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. Escaleras desgastadas, techumbres obsoletas y áreas comunes inseguras son parte de una realidad que afecta directamente la calidad de vida de quienes habitan estos conjuntos.
El monitoreo de programas públicos se ha consolidado como un instrumento clave para transparentar el uso de los recursos fiscales y evaluar la efectividad de las políticas del Estado. En 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social según conta en “informe de resultados proceso de monitoreo 2024” revisaron el desempeño de 706 programas. Un volumen que refleja la magnitud de la oferta pública y la necesidad de contar con evidencia para tomar decisiones responsables.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido el “proyecto de reconstrucción nacional” como un instrumento clave para dinamizar la economía (“este es un proyecto que aumenta la tasa de crecimiento, el empleo" y "es un apoyo enorme a las empresas de menor tamaño").
Las universidades públicas, cumplen un rol esencial en la formación de profesionales de excelencia y en el impulso a la investigación científica y tecnológica con impacto territorial. Además, por mandato legal y por tradición, fortalecen la democracia mediante transparencia, participación, responsabilidad institucional y respeto al Estado de Derecho, junto con garantizar el acceso equitativo a la educación superior y promover la movilidad, como ejes de su compromiso social.