Américo Ibarra

Durante el año 2025, los desalojos judiciales de las tomas en Lajarilla, Edén Lajarilla, Cerro Centinela y el Campamento Los Aromos - que afectaron a más de cinco mil familias- han expuesto con crudeza una realidad. Chile arrastra e incrementa por décadas una crisis habitacional y una expansión de los asentamientos informales como respuesta desesperada a la falta de acceso a una vivienda propia.

En tiempos marcados por las desconfianzas, incredulidad, funas, paros, tomas y criticas muchas veces sin sustento, la reputación institucional - especialmente, la pública - emerge como un activo estratégico crucial. La reputación es en esencia la representación acumulada de prácticas, compromisos y vínculos genuinos que ella construye, desarrolla y mantiene con el entorno. En esta dimensión, las universidades, como centros de conocimiento, formación y compromiso social deben priorizar acciones que fortalezcan la legitimidad democrática y la confianza pública.

El anuncio de un posible congelamiento de las remuneraciones del sector público en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido una señal de alerta entre los funcionarios del Estado. No es para menos: si la medida se aplicara de forma generalizada, afectaría directamente a cerca de un millón de personas o familias, incluyendo trabajadores de la administración centralizada, municipalidades y empresas estatales entre otras.

Hace unos pocos días el ejecutivo presentó y expuso al país el “proyecto de ley de presupuesto para el año 2026”. Lo hace en un contexto complejo, con promesas incumplidas, estrechez fiscal, bajo crecimiento, con un desempleo que supera el 8,5%, con desconfianza ciudadana y cuestionamientos técnicos a la institucionalidad que estima y gestiona la política fiscal. Se suma a ello que el debate sobre el gasto público se hace más evidente en un contexto de elecciones presidenciales y se profundiza la discusión cuando diversos actores y expertos exigen o proponen públicamente recortes y se instala la idea que se requiere una revisión profunda sobre el aparato estatal, su tamaño y funciones.

Si se representaran los microbasurales en un mapa, estos aparecerían como puntos dispersos. Al ampliar la imagen a nivel de calle, se revelarían manchas que simbolizan el abandono.

Durante años, las políticas públicas se diseñaron bajo un esquema basado en la verticalidad. Un pequeño grupo y “selecto de técnicos”, desde su escritorio, definía soluciones para una ciudadanía que comúnmente las recibía pasivamente. Con el tiempo, la creciente demanda por transparencia, inclusión y legitimidad dejó claro que el modelo era insuficiente.

En Chile, más de 120 mil familias viven actualmente en campamentos según el levantamiento efectuado por TECHO-Chile. Este dato revela por un lado la precariedad habitacional y el fracaso estructural de las políticas públicas para enfrentar el déficit con eficacia y justicia territorial. Por ahora, el acceso a la vivienda digna sigue siendo un slogan de campaña, pero una promesa incumplida y difícil de cumplir para miles de ciudadanos.

La regionalización territorial en Chile, formalizada por los Decretos Leyes N° 573 y N° 575 de 1974, marcó un hito en la configuración político-administrativa del país (CONARA)

Compartimos que los procesos electorales son esenciales pero insuficientes. Estos requieren acompañarse de procesos deliberativos, instancias de control social y espacios de co‑construcción de políticas.

La estructura del empleo público en Chile al año 2025 presenta un panorama complejo. Está marcado por la coexistencia de regímenes de contratos en permanente tensión. Por un lado, los empleos en régimen de planta ofrecen estabilidad institucional; por otro, la modalidad de contrata - que representa el 56,6% del total - se percibe como más expuesta a la precariedad laboral. Le siguen los cargos de planta (22,9%) y, en menor medida, los honorarios (4,4%).