Presidencia y territorio: lo que está en juego más allá del centro de poder

A medida que Chile se aproxima a un nuevo ciclo presidencial, la conversación pública vuelve a centrarse casi exclusivamente en los nombres de candidatos, partidos políticos y algunas promesas de campaña. Llama la atención, que transversalmente la promesa de descentralización tome nuevamente un lugar destacado en el discurso público de los candidatos y sin embargo, no sea posible apreciar avances sustantivos en décadas de promesas.

Razones hay muchas, pero poco se ha explorado sobre el interés real por apoyar este proceso de descentralización que tantas veces se ha indicado como un requisito “sine qua non” para cumplir con la promesa de un mayor y más equitativo desarrollo regional. Este aparente desinterés se fundamenta en parte por las cuestionadas administraciones regionales y municipales, siempre foco de disputas menores y actos de corrupción que las sitúan en un área de fiscalización prioritaria. Es evidente que no resulta consistente hablar de cohesión social sin que se camine hacia una mayor cohesión territorial, ni de crecimiento económico sin una mirada espacial que reconozca las desigualdades que subyacen en el territorio.

Es deseable que el próximo ciclo presidencial efectivamente empodere a los gobiernos regionales con atribuciones reales, fortaleciendo la inversión pública en función de criterios de equidad territorial, y promoviendo una descentralización fiscal efectiva que permita a los territorios construir proyectos propios, en coherencia con el programa de gobierno vencedor, compartido transversalmente a nivel regional y más allá de la mera lógica de la transferencia de recursos. En la próxima disputa electoral, también debiera explicitarse la manera en que concebimos y gestionamos el territorio, y señalarse con claridad cómo reconfigurar esa relación históricamente asimétrica entre el centro del poder y las regiones.

A pesar de algunos progresos políticos administrativos, como la elección de Gobernadores y el traspaso de presupuesto y facultades de administración, los avances han sido poco significativos Veamos algunos ejemplos, en la Región de Antofagasta, la riqueza minera convive con altos niveles de desigualdad urbana y precariedad en servicios básicos. ¿Cómo se explica que una de las zonas más productivas del país no logre traducir esa riqueza en bienestar territorial? En parte, por la falta de una política fiscal descentralizada que permita reinvertir los excedentes en infraestructura, educación y diversificación productiva en dicho espacio regional o local. En la Región de Los Ríos, en cambio, se ha intentado avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, con énfasis en la planificación territorial participativa y la valorización del patrimonio natural y cultural. En el extremo sur, la Región de Aysén ha sido emblema de las demandas por mayor autonomía y equidad territorial. Su aislamiento geográfico y su fragilidad ambiental requieren políticas diferenciadas, sensibles a su escala y vocación.

Pareciera entonces que, abrir de manera simplista el discurso al territorio y al valor de la descentralización no es más que un recurso político recurrente. Sin una visión de estado, que reconozca la diversidad territorial como un activo y no como una anomalía, las regiones no avanzarán en el desarrollo y crecimiento.

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Académico Instituto de Ambiente Construido

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile