Fragilidad institucional y debilidad democrática

En las sociedades contemporáneas, la confianza ciudadana en las instituciones públicas constituye un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema democrático y el desarrollo socioeconómico. Esa confianza se ve comprometida cuando emergen situaciones de fraude fiscal y corrupción que debilitan la legitimidad y operatividad de las entidades estatales. En nuestro contexto nacional, casos emblemáticos como las irregularidades en licencias médicas, pagos indebidos de horas extras en municipalidades, caso Hermosilla, y numerosos escándalos denominados “gates” han removido los cimientos de la institucionalidad, generando una conmoción profunda e irritación en la opinión pública.

En efecto, la malversación a través de la manipulación contractual, la sobrevaloración de servicios y la desviación de fondos públicos para intereses particulares son acciones que vulneran no sólo el marco legal, sino también los principios éticos que deberían guiar la función pública. La dispersión geográfica y la autonomía administrativa de municipios y regiones complejizan aún más la detección y persecución de estas irregularidades, generando espacios de impunidad y debilitando la confianza ciudadana.

Es indispensable reconocer que estos episodios no son hechos aislados ni recientes, lo que aumenta su gravedad. Los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, manejan recursos públicos fundamentales para satisfacer necesidades básicas y promover el desarrollo territorial equilibrado. La administración honesta y eficiente de estos fondos es la base para garantizar la calidad de vida y la provisión de servicios esenciales a los ciudadanos. No obstante, la ausencia de controles estrictos, supervisión débil de los organismos fiscalizadores y, en ocasiones, la complicidad de quienes deben velar por la legalidad, han facilitado múltiples fraudes que desangran el erario público y afectan el bienestar colectivo. Es evidente que los cientos de miles de millones de dólares mal gastados podrían haber permitido mejorar el sistema previsional, fortalecer el sistema de salud, mejorar la calidad de la infraestructura educacional o resolver más rápidamente el déficit habitacional.

La fragilidad institucional expuesta por estos recurrentes casos de fraude fiscal requiere de procesos imparciales y expeditos que permitan sanciones ejemplares y rápidas, con el objetivo de disuadir conductas ilícitas y reestablecer la confianza en las instituciones. Superar esta crisis requiere voluntad política, compromiso ético y una sociedad civil activa y vigilante. Sólo así será posible restaurar la confianza perdida, garantizar la gestión eficiente de los recursos públicos y preservar la integridad de las instituciones que deben servir a todos los ciudadanos con justicia y transparencia.

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública y Territorio

Instituto de Ambiente Construido

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construid

Universidad de Santiago de Chile