Los datos recientes indican que la economía chilena ha vuelto a estancarse y a tomar aires inflacionarios. Situación que el país ya vivió entre agosto de 2022 y diciembre 2023, en que la actividad productiva mensual, que mide el IMACEC, estuvo creciendo alrededor de zero (-0,59% promedio, anualizado) y la inflación estuvo alrededor del 10% (9,32% promedio, anualizada), por lo que el Banco Central buscó reducir la inflación manteniendo altas las tasas de política monetaria, TPM, entre 10,25% en agosto 2022 y 9,00% en diciembre 2023 (política monetaria contractiva) y también el Gobierno mantuvo una política fiscal no expansiva, ambas políticas (monetaria y fiscal) dificultaron el aumento de la actividad productiva del país, permitiendo el control de los precios internos. Esta vez, la actual situación económica está siendo impulsada tanto por factores externos como por decisiones de política interna.
En el primer trimestre de 2026 hemos tenido un crecimiento negativo del IMACEC (-0,3%), dato que el Banco Central elevó a -0,5%, en términos del PIB, en su informe de Cuentas Nacionales del período. Resultado que no debiera sorprendernos, puesto que nuestra economía no ha estado creciendo mucho en los últimos años (1,4895%, tasa promedio del crecimiento mensual del IMACEC, anualizada, entre marzo 2022 y febrero 2026). Y, aunque en el último año estuvimos cerca del 2% (exactamente 1,975% promedio entre marzo de 2025 y febrero de 2026), es claro que esa es una tasa de crecimiento de la que tampoco uno debe alegrarse demasiado. A su vez, la tasa de desempleo que estaba en niveles altos, de 8,3% en diciembre 2025, permaneció en esa tasa los meses de enero y febrero 2026 y ha subido a 8,9% en marzo, mostrando lo delicado de la situación del mercado laboral chileno y de la economía nacional. Entonces, en estos últimos tiempos no le ha ido bien a nuestra economía ni se perciben expectativas de muy alto crecimiento en el futuro cercano por los efectos externos que nos trae la guerra USA-Irán y por las decisiones respecto de la política fiscal en el país.
Sabemos que la guerra de Estados Unidos con Irán ha hecho subir el precio del petróleo Brent desde 72,29 dólares el barril, precio el día antes del inicio, hasta 118 dólares en el pick de las hostilidades y volviendo a precios entre 107 y 109 dólares el barril, valores estos últimos, constantes, en estas últimas semanas de cierre de hostilidades abiertas y de apertura de una etapa de ataques esporádicos y conversaciones que no terminan en acuerdos.
Como primer efecto de la guerra, la inflación ha tomado vuelo a nivel internacional por el mayor precio del petróleo (aumentando los costos de la energía y del transporte) y, de los fertilizantes (que amenaza con el aumento, en un futuro cercano, de los precios de los alimentos). En Estados Unidos la inflación anualizada llegó en abril 2026 a 3,8% desde 3,3 en marzo, aumentos que también se observan en el resto de las economías del mundo (sube de 2,8 a 3,2% en la Zona Euro y en LA, Brasil sube a 4,30%, Colombia a 5,68% y México a 4,45%).
La decisión de abrir nuestra economía para que entren los mayores precios del petróleo (evitando un mayor gasto fiscal) generó fuertes efectos inflacionarios en el país. La inflación (anualizada) de estos primeros tres meses ha fluctuado entre 2,8% en enero, a 2,4% en febrero y volvió al 2,8% en marzo y ha subido a 4,0% anualizada, en abril 2026. Lo que demuestra que la política fiscal también puede tener efectos inflacionarios.
A la vez la política fiscal recientemente implementada significa una reducción de 3% del presupuesto fiscal aprobado para 2026 (86,2 billones de pesos, aproximadamente 90.000 millones de dólares) Adicionalmente, la potencial aprobación del macroproyecto del gobierno, en su dimensión de reducción de impuestos, significará, desde su implementación, 2027, menores ingresos fiscales y claro también menores gastos fiscales pero también mayor inversión privada (y mayor crecimiento futuro de la economía y mayores ingresos fiscales), que los especialistas estiman en términos netos no compensarán en el mediano plazo las reducciones del gasto fiscal, reduciendo con ello la demanda en la economía y la actividad productiva, al menos en el corto plazo. Nuevamente los efectos de la política fiscal y tributaria generarían efectos negativos en los resultados macroeconómicos del país.
A estos efectos negativos sobre el PIB de Chile se unen a los efectos contractivos que tiene la actual guerra de USA e Irán sobre la economía mundial, cuyo crecimiento para 2026, el FMI estima será menor a la proyectada antes de la guerra y alcanzará solo a 3,1%, con una inflación internacional en torno al 4,4%. A su vez, el Banco Central ajustó medio punto porcentual a la baja sus proyecciones del PIB de Chile de diciembre pasado, estimando ahora que el PIB de 2026 fluctuará entre 1,5 y 2,5%. Menores cifras, más realistas, de especialistas nacionales indican que este año tendremos una tasa de crecimiento más cercana al rango más bajo de las proyecciones del Central, lo que significará un gran desafío para la política macroeconómica.
Víctor Salas Opazo
Departamento de Economía, USACH