“Ley Corta” La reforma y sus tiempos
La denominada “Ley Corta” en materia de seguridad privada ha sido interpretada, en algunos sectores, como una señal de retroceso regulatorio. Sin embargo, una lectura más profunda permite advertir algo distinto. Lo que realmente revela este ajuste es una tensión frecuente en sistemas regulatorios complejos: la distancia entre el diseño jurídico de una reforma y la capacidad institucional necesaria para implementarla de manera sostenible.
La Ley N.º 21.659 introdujo una de las transformaciones más profundas que ha experimentado la industria de la seguridad privada en décadas. No se limitó a actualizar obligaciones específicas. Cambió el paradigma bajo el cual el sector había operado históricamente.
El antiguo modelo, construido sobre el Decreto Ley N.º 3.607 y múltiples instrucciones administrativas, respondía principalmente a una lógica de control operacional. La nueva regulación trasladó el eje hacia una visión más amplia, estratégica, donde la seguridad privada pasa a entenderse como una actividad preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública, incorporando exigencias de gobernanza, compliance y gestión de riesgos.
Ese cambio conceptual produjo consecuencias relevantes. Nuevos sujetos obligados, responsabilidades ampliadas para administradores y mayores exigencias de supervisión comenzaron a configurar un ecosistema normativo más sofisticado que el anterior.
El problema es que gran parte de esa arquitectura dependía de reglamentos posteriores para alcanzar operatividad efectiva. En términos prácticos, el legislador diseñó primero la estructura general del sistema y dejó para una etapa posterior buena parte de las reglas necesarias para su implementación.
Cuando el nuevo marco comenzó a “aterrizarse”, las tensiones aparecieron rápidamente. Empresas enfrentadas a procesos de adaptación complejos, incertidumbre respecto de plazos y déficit de operadores acreditados comenzaron a evidenciar un problema habitual en reformas regulatorias de gran escala: el riesgo de que el cumplimiento formal avance más rápido que la capacidad real de ejecución.
En industrias críticas, esa tensión adquiere una dimensión especialmente sensible. La regulación impacta servicios vinculados al transporte de valores, monitoreo, vigilancia y protección de instalaciones estratégicas. Bajo esas condiciones, una implementación sin gradualidad real, podría generar organizaciones expuestas a incumplimientos no por resistencia regulatoria, sino por imposibilidad material de adaptación.
La llamada “Ley Corta” aparece precisamente en ese punto. No para alterar la filosofía de la reforma, sino para corregir la velocidad de implementación.
Existe una premisa conocida en derecho regulatorio: mientras más sofisticado es un sistema normativo, mayor capacidad institucional requiere para funcionar adecuadamente. La pregunta que comenzó a surgir entonces fue inevitable. ¿La institucionalidad encargada de administrar este nuevo ecosistema estaba completamente preparada para ejecutar el nuevo modelo regulatorio desde el inicio?
La respuesta práctica parece haber sidoprudente. No completamente todavía.Desde esa perspectiva, la gradualidad deja de ser una concesión y pasa a transformarse en una condición de eficacia regulatoria. Las transformaciones normativas profundas rara vez funcionan mediante reemplazos instantáneos.
Jorge Valenzuela
Abogado
Director Legal y Compliance
Prosegur Chile
