La seguridad pública en Chile se encuentra en un punto crítico, caracterizado por una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, aunque con ligeras fluctuaciones, y una serie de incivilidades que impactan negativamente la calidad de vida de los ciudadanos. El panorama, delineado en gran medida por los datos de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023, representa desafíos que demandan una atención integral y proactiva de carácter urgente.
Esta encuesta, reveló que la percepción de aumento de la delincuencia persiste, afectando la tranquilidad de la ciudadanía a nivel nacional, comunal y barrial. Si bien se observa una leve disminución en la percepción a nivel nacional, la cifra alarmante de un 87,7% de personas que perciben un aumento de la delincuencia subraya la urgencia de abordar este problema (baja 3 p.p). La victimización de hogares, especialmente por delitos violentos como el robo con violencia, constituye un indicador preocupante que exige estrategias de prevención y persecución penal más eficaces. Un factor agravante es la elevada tasa de no denuncia (52%), que dificulta la elaboración de políticas públicas basadas en datos reales y la asignación eficiente de recursos.
Se requieren respuestas estratégicas y coordinadas para lo que resta del 2025 y años siguientes. En primer lugar, fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública, como la incorporación de nuevas competencias a inspectores municipales, invirtiendo en nuevas tecnologías y en la capacitación y modernización de aquellas instituciones que participan activamente enfrentando los temas de seguridad ciudadana. Esto implica entre otras cosas, legislar en todo lo necesario para dotar prontamente a las policías y funcionarios de seguridad municipal de armas no letales. La realidad exige que en forma paralela a esta discusión legislativa se trabaje ya en la elaboración de protocolos que aseguren el uso correcto de estas tecnologías.
Por su parte, las incivilidades juegan un papel crucial en la sensación de inseguridad ciudadana. El consumo de alcohol y drogas en la vía pública, la proliferación de sitios eriazos descuidados y el uso de fuegos artificiales son percibidos negativamente por una proporción significativa de la población. El elevado número de casos policiales relacionados con incivilidades registrados en 2024 (281.698) confirma que estos fenómenos contribuyen de manera sustancial a la erosión del tejido social y la percepción de descontrol en el espacio público. Por lo tanto, se debe abordar la prevención del delito de manera integral, implementando programas sociales que atiendan las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. La colaboración entre el gobierno central, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado es esencial para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles.
En paralelo, es imperativo mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal. Esto requiere agilizar los procesos judiciales, garantizar la protección de las víctimas y sancionar de manera ejemplar a los delincuentes. Al mismo tiempo, es crucial promover la denuncia de delitos, educando a la población sobre la importancia de reportar incidentes y garantizando la confidencialidad de la información proporcionada. Abordar el problema de las incivilidades de manera proactiva, implementando políticas públicas que promuevan el orden y la limpieza en el espacio público, sancionando a quienes infrinjan las normas y fomentando la participación ciudadana en la vigilancia y el cuidado de los barrios.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile