Américo Ibarra

Compartimos que los procesos electorales son esenciales pero insuficientes. Estos requieren acompañarse de procesos deliberativos, instancias de control social y espacios de co‑construcción de políticas.

La estructura del empleo público en Chile al año 2025 presenta un panorama complejo. Está marcado por la coexistencia de regímenes de contratos en permanente tensión. Por un lado, los empleos en régimen de planta ofrecen estabilidad institucional; por otro, la modalidad de contrata - que representa el 56,6% del total - se percibe como más expuesta a la precariedad laboral. Le siguen los cargos de planta (22,9%) y, en menor medida, los honorarios (4,4%).

A 50 días de presentar el proyecto de ley de presupuestos, los resultados de la evaluación oficial de los programas gubernamentales del año 2024 son una llamada de atención urgente para la gestión pública.

La Ley 21.724 establece un marco permanente para el incentivo al retiro en la administración pública, con el objetivo de facilitar la salida voluntaria de funcionarios mayores y permitir el recambio generacional en el Estado. A partir de 2025, los beneficios se aplican a funcionarios que tengan 65 años o más al 31 de diciembre de ese año, siempre que cumplan con los requisitos de años de servicio según su estamento

Chile cuenta con una arquitectura sanitaria que descansa, casi silenciosamente, sobre la solidez de la atención primaria. Las cifras lo revelan con crudeza: de las 2.546 unidades registradas en el país, el 43,75% corresponde a Postas de Salud Rural (PSR), mientras los Centros de Salud Familiar (CESFAM), que operan como columna vertebral del sistema en entornos urbanos, alcanzan el 23,53%.

La expansión del Estado chileno en las últimas décadas ha seguido un patrón más bien errático e inorgánico que, lejos de fortalecer su capacidad institucional, ha agravado sus vulnerabilidades estructurales. Al aumentar su tamaño sin una arquitectura estratégica ni una reconfiguración de sus lógicas operativas, el aparato estatal se vuelve más opaco, lento e ineficaz.

En algunas zonas de Chile, el agua como recurso se ha convertido en un bien escaso, disputado y en ocasiones profundamente desigual. La tensión entre la disponibilidad hídrica y el desarrollo inmobiliario se ha vuelto crítica, especialmente en zonas urbanas y periurbanas donde la expansión de proyectos habitacionales se superpone con territorios afectados por sequía prolongada y sobreexplotación de acuíferos.

En las últimas décadas, Chile ha sido testigo de un crecimiento explosivo de la industria logística (USD36,86 mil millones) con una tasa de crecimiento del 6,2%. Los datos conocidos indican que son 92.404 las empresas que declaran pertenecer a esta industria, experimentando un aumento del 19% en estos últimos cinco años. Las mismas absorben a 251.770 trabajadores y de estos 130 mil lo hacen en Mipymes. Los datos del observatorio logístico también dan cuenta de 314.569 vehículos de carga al año 2024.

A medida que Chile se aproxima a un nuevo ciclo presidencial, la conversación pública vuelve a centrarse casi exclusivamente en los nombres de candidatos, partidos políticos y algunas promesas de campaña. Llama la atención, que transversalmente la promesa de descentralización tome nuevamente un lugar destacado en el discurso público de los candidatos y sin embargo, no sea posible apreciar avances sustantivos en décadas de promesas.

Hemos sostenido insistentemente que en los últimos años la industria inmobiliaria chilena atraviesa una crisis estructural que va mucho más allá de la caída en las ventas o el freno en la inversión. Presenciamos una fractura profunda entre tres variables que no dialogan: el precio de las viviendas, las condiciones de financiamiento y las remuneraciones de los potenciales compradores. Pareciera que debemos aceptar que el modelo de negocios ha cambiado y el sueño de la casa propia se aleja cada vez más.