Ética, moral y buenas costumbres, una mínima exigencia

La ética, la moral y las buenas costumbres son pilares fundamentales para la convivencia social y el desarrollo de sociedades justas. La ética se define como el conjunto de principios y valores que orientan el comportamiento humano hacia el bien. Por su parte, la moral se manifiesta en reglas y normas que regulan las conductas de los individuos, estableciendo lo que se considera aceptable o inaceptable. Finalmente, las buenas costumbres engloban las prácticas sociales valoradas positivamente por la comunidad, esenciales para mantener relaciones sanas y satisfactorias entre sus miembros.

Dentro de este marco conceptual básico, la ética y la ética pública se ha transformado en una exigencia cada vez mayor en el ámbito de la administración del estado y en particular para los Directivos /o Gerentes Públicos. Esta no sólo se limita al cumplimiento del marco normativo, sino que también considera la observancia de valores, comportamientos y prácticas que son fundamentales para la construcción de una gestión pública transparente, eficiente y responsable.

La ética pública considerada como el conjunto de principios y valores que rigen el comportamiento de los servidores públicos en su desempeño profesional implica un compromiso no sólo con el cumplimiento de la ley, sino también con el cuidado y promoción del bienestar común, la justicia social y el respeto a los derechos ciudadanos. Se fundamenta en los principios de transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad y equidad, pilares de una gestión pública que aspira a ser democrática y participativa.

Los directivos públicos, al ser los responsables de la gestión de recursos y la formulación de políticas, tienen no sólo que cumplir, sino que también promover con su actuar la ética pública, ya que su liderazgo y decisiones influyen en el funcionamiento interno de las instituciones y afectan la percepción y confianza que la ciudadanía tiene hacia el Estado.

El comportamiento ético -por su propia naturaleza- en la dirección de las instituciones permite prevenir situaciones de corrupción y abuso de poder, que son -sin duda- algunas de las principales amenazas a la estabilidad y legitimidad del Estado. Sin embargo y por distintos motivos, los directivos públicos enfrentan una serie de desafíos que les impone un comportamiento ético aún más exigente. La presión política y social de grupos de poder puede conducir a decisiones en que se priorizan intereses particulares sobre el bien común, situación que se agrava en contextos donde la corrupción está arraigada y donde el poder económico es capaz de influir en las decisiones públicas.

Una práctica, de carácter preventivo, y cada vez más usual es la implementación de códigos de ética y conductas, los cuales deben ser promovidos y respetados por la totalidad de los colaboradores o funcionarios. Estos códigos, sin embargo, no deben considerarse sólo como un documento escrito que se supone conocido por todos, sino que debe discutirse, actualizarse y vivenciarse de manera regular y continua en actividades de capacitación. Complementariamente, la creación de espacios para la rendición de cuentas, la supervisión ciudadana y las acciones de fiscalización, contribuyen significativamente al fortalecimiento de una cultura ética dentro de las instituciones.

Américo Ibarra Lara

Director

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile