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Américo Ibarra |
Si se representaran los microbasurales en un mapa, estos aparecerían como puntos dispersos. Al ampliar la imagen a nivel de calle, se revelarían manchas que simbolizan el abandono.
Durante años, las políticas públicas se diseñaron bajo un esquema basado en la verticalidad. Un pequeño grupo y “selecto de técnicos”, desde su escritorio, definía soluciones para una ciudadanía que comúnmente las recibía pasivamente. Con el tiempo, la creciente demanda por transparencia, inclusión y legitimidad dejó claro que el modelo era insuficiente.
En Chile, más de 120 mil familias viven actualmente en campamentos según el levantamiento efectuado por TECHO-Chile. Este dato revela por un lado la precariedad habitacional y el fracaso estructural de las políticas públicas para enfrentar el déficit con eficacia y justicia territorial. Por ahora, el acceso a la vivienda digna sigue siendo un slogan de campaña, pero una promesa incumplida y difícil de cumplir para miles de ciudadanos.
La regionalización territorial en Chile, formalizada por los Decretos Leyes N° 573 y N° 575 de 1974, marcó un hito en la configuración político-administrativa del país (CONARA)
Compartimos que los procesos electorales son esenciales pero insuficientes. Estos requieren acompañarse de procesos deliberativos, instancias de control social y espacios de co‑construcción de políticas.
La estructura del empleo público en Chile al año 2025 presenta un panorama complejo. Está marcado por la coexistencia de regímenes de contratos en permanente tensión. Por un lado, los empleos en régimen de planta ofrecen estabilidad institucional; por otro, la modalidad de contrata - que representa el 56,6% del total - se percibe como más expuesta a la precariedad laboral. Le siguen los cargos de planta (22,9%) y, en menor medida, los honorarios (4,4%).
A 50 días de presentar el proyecto de ley de presupuestos, los resultados de la evaluación oficial de los programas gubernamentales del año 2024 son una llamada de atención urgente para la gestión pública.
La Ley 21.724 establece un marco permanente para el incentivo al retiro en la administración pública, con el objetivo de facilitar la salida voluntaria de funcionarios mayores y permitir el recambio generacional en el Estado. A partir de 2025, los beneficios se aplican a funcionarios que tengan 65 años o más al 31 de diciembre de ese año, siempre que cumplan con los requisitos de años de servicio según su estamento
Chile cuenta con una arquitectura sanitaria que descansa, casi silenciosamente, sobre la solidez de la atención primaria. Las cifras lo revelan con crudeza: de las 2.546 unidades registradas en el país, el 43,75% corresponde a Postas de Salud Rural (PSR), mientras los Centros de Salud Familiar (CESFAM), que operan como columna vertebral del sistema en entornos urbanos, alcanzan el 23,53%.
La expansión del Estado chileno en las últimas décadas ha seguido un patrón más bien errático e inorgánico que, lejos de fortalecer su capacidad institucional, ha agravado sus vulnerabilidades estructurales. Al aumentar su tamaño sin una arquitectura estratégica ni una reconfiguración de sus lógicas operativas, el aparato estatal se vuelve más opaco, lento e ineficaz.