Hace ya algunas décadas que la vivienda social fue relegada a la periferia urbana, con acceso limitado a servicios básicos, transporte y oportunidades laborales. Este enfoque, lamentablemente, ha perpetuado ciclos de pobreza y exclusión, creando guetos sociales y reforzando las barreras que impiden la movilidad ascendente. La segregación espacial resultante no solo afecta a los residentes de estas viviendas, sino que también impacta negativamente a la comunidad en general, generando tensiones sociales, disminuyendo la cohesión y obstaculizando el desarrollo equitativo.
Para todos los efectos legales, el DL N°2552 de 1979, estableció que el concepto de vivienda social hace referencia a la “vivienda económica de carácter definitivo destinada a resolver los problemas de marginalidad habitacional…”. Sin duda, desde esa fecha el número de unidades entregadas ha aumentado significativamente, sin embargo, al enfrentar la “marginalidad habitacional” hemos acentuado la “marginalidad urbana” y los niveles de segregación de nuestras ciudades.
Una planificación urbana que aspire a la inclusión y la justicia social debe abandonar esta visión fragmentada y adoptar un enfoque holístico. La vivienda social, en lugar de ser un elemento aislado, debe integrarse armónicamente en el tejido urbano existente, promoviendo la diversidad social y funcional. Esto implica situar estos proyectos en ubicaciones estratégicas, con acceso a transporte público eficiente, centros educativos de calidad, parques y espacios públicos seguros, y oportunidades laborales.
La integración no solo se refiere a la ubicación física, sino también a la concepción del diseño. La arquitectura de la vivienda social debe trascender la mera funcionalidad y priorizar la calidad de vida de sus habitantes. Espacios habitables dignos, áreas comunes que fomenten la interacción social, acceso a la luz natural y la ventilación, y consideración de la eficiencia energética son elementos cruciales que contribuyen al bienestar y al sentido de pertenencia a la comunidad.
Enfrentar estos difíciles problemas, promoviendo la participación activa de la comunidad en el proceso de planificación es fundamental para avanzar en la ecuación de vivienda social, integración y planificación urbana como pilares de la paz social, entendiendo esta última como un estadio deseable en la que a pesar de no existir la ausencia de conflictos, las condiciones de bienestar y justicia se transforman en poderosas herramientas para erradicar o mitigar expresiones y acciones de violencia.
La planificación de la vivienda social como componente integral, requiere de la colaboración de los diferentes actores involucrados: el gobierno, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad. Se requiere una visión estratégica compartida, un compromiso a largo plazo y una asignación adecuada de recursos para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos y un impacto positivo en la calidad de vida de todos los ciudadanos. La integración de la vivienda social en el tejido urbano es, en definitiva, una inversión en el futuro de nuestras sociedades y un avance en el logro o consolidación de la paz social.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile