Burocracia impide avance de proyecto sobre permisología y pone en jaque el desarrollo del sector inmobiliario

Siempre se ha sostenido que el desempeño del sector construcción e inmobiliario resulta ser un buen indicador del desempeño de la economía. En este sentido, debería ser un sector priorizado por el ejecutivo en momentos de complejidades económicas y sin embargo y a modo de ejemplo las erogaciones estatales al desarrollo urbano destinadas al tercer trimestre del año 2024 representan sólo un 0,3% del PIB y un 1,1% del PIB en subsidios a la vivienda.  Estas cifras no logran por si solas movilizar la industria y no presentan una variación significativa respecto del año anterior.

A pesar de que “el crecimiento” no era inicialmente relevante para la agenda del gobierno se ha logrado coincidir, tardíamente, en que una economía robusta debe sostener una mayor tasa de crecimiento, y lograr tasas mayores de inversión y productividad y consecuentemente se requieren políticas que caminen en dicha dirección. Lo cierto es que la inversión total en la economía viene mostrando desde hace un buen tiempo un comportamiento preocupante. Mientras la inversión creció en promedio un 8,6% anual entre los años 2000 y 2010 en la década posterior sólo alcanzó un 3,42%. Estas variaciones en la inversión sectorial tienen múltiples explicaciones: altos costos de construcción, menor rentabilidad de los contratos; inflación; dificultades de apalancamiento bancario y desistimientos de inversión, lo que se suma a un escenario externo deteriorado, condiciones financieras restrictivas y alto nivel de incertidumbre.

A pesar de las diversas iniciativas gubernamentales implementadas el año 2023 y 2024 (garantía estatal de 10% del valor del inmueble para precios de viviendas hasta por 4500 UF, la extensión de la cobertura de 100% del seguro de remate para aquellas viviendas entre 1.600 y 2.800 UF y extensión del plazo de vigencia hasta el año 2026 del crédito especial IVA para empresas constructoras) y recientemente un proyecto de ley para aplicar un subsidio a la tasa de interés sobre los créditos hipotecarios que busca reactivar la industria, reducir el stock de viviendas y favorecer el acceso a dividendos menores, en el corto plazo estas medidas no lograrán mover la ajuga.

Luego, insisto en la idea que hay otras dimensiones que deben ser afrontadas para movilizar al sector y generar incentivos necesarios para agilizar y aumentar la participación del sector privado. Se requiere certeza jurídica y desburocratizar procesos administrativos añejos que inciden en el desarrollo de nuevos proyectos (el proyecto de “permisología” lleva un año de tramitación).

Sigue siendo urgente que las instituciones públicas vinculadas (de la administración central o local, entre otras) hagan un esfuerzo cierto por “desburocratizar” procesos administrativos que dilatan más allá de un tiempo prudente cualquier iniciativa de inversión en el rubro. No es comprensible que con los niveles de avance tecnológicos el Estado no sea capaz de vincular intersectorialmente el avance administrativo de este tipo de proyectos.

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile