Las desiguales inversiones y capacidades de gestión regionales

Existe consenso en los ámbitos político, empresarial y académico sobre la importancia de enfocar las estrategias en la inversión, ya sea pública o privada, como medio para estimular el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestras distintas regiones, más aún en un contexto global donde las disparidades regionales son cada vez más evidentes. Por ello, resulta imperativo reconocer a la inversión como una herramienta fundamental para promover la equidad y el bienestar social.

Una región que logra atraer inversiones experimenta, en general, una diversificación de su estructura económica, junto a un incremento en su competitividad tanto en mercados locales como internacionales. Sin embargo, es importante reconocer que los efectos de la inversión no son homogéneos. Las regiones que se encuentran en etapas de desarrollo más rezagadas evidencian carencia de infraestructuras adecuadas, falta de recursos humanos calificados y un marco regulatorio que, en muchas ocasiones, no resulta favorable para la inversión, por tanto, es imperativo que las políticas públicas se diseñen con el objetivo de crear un entorno propicio que incentive la llegada de capital y estimule el emprendimiento local.

Las cifras más recientes acerca del Sistema Nacional de Inversiones reflejan la magnitud de este escenario. En 2023, se analizaron 6.215 iniciativas de inversión, las cuales representaban una inversión estimada de MM$5.025.706. De este total, 4.218 iniciativas (65,7%) contaron con un decreto válido, generando un gasto acumulado de MM$2.686.369, es decir, apenas el 53,5% del gasto total estimado. Al mismo tiempo, solo 2.841 de estas iniciativas contaron con responsabilidad social y gasto, alcanzando un total de MM$2.080.278, correspondiente al 41,4% del potencial de inversión. Sorprendentemente, la mayoría de estas iniciativas fueron gestionadas por los Gobiernos Regionales, lo que refleja la importancia de un enfoque descentralizado en la gestión de inversiones.

Estos resultados, parecieran demostrar la capacidad de los Gobernadores y Cores para enfrentar esta tarea y junto a ello, el potencial que tendría para los territorios una autonomía y/o descentralización administrativa real. Si los chilenos elegimos a nuestras máximas autoridades regionales, sí existe un margo regulatorio y legal que determina su actuar y si reconocemos que son ellos quienes más conocen sus territorios, por qué persistimos en este modelo de aparente descentralización en el que el Ejecutivo a través del Delegado Presidencial concentra el mayor poder en la toma de decisiones.

El análisis de la ejecución presupuestaria revela que las regiones con mayor monto ejecutado hasta octubre de 2024 incluyen la Región Metropolitana, la de Los Lagos y la de Valparaíso, destacándose por el número y el costo de las iniciativas implementadas. Sin embargo, vale la pena señalar que, al cierre de octubre, solo un 71,5% del gasto total había sido ejecutado, lo que pone de manifiesto la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos destinados a inversión. 

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile