Presupuesto 2025 en Vivienda, poco crecimiento y cero énfasis en desarrollo urbano

La interrelación entre el gasto e inversión pública y el crecimiento económico es fundamental para entender cómo las decisiones de política pública pueden fomentar la productividad, mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible de un país. Este fenómeno es más evidente cuando se considera que la inversión pública en infraestructura y servicios básicos puede facilitar y potenciar la rentabilidad de las inversiones del sector privado, generando un entorno propicio para el desarrollo económico.

Históricamente, en nuestro país, el gasto en educación, salud, trabajo y previsión social y seguridad ocupa aproximadamente el 70% del presupuesto público. Esta jerarquización limita la inversión en áreas como obras públicas, vivienda y urbanismo, a pesar de su relevancia para el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura.

Al revisar el proyecto de presupuesto 2025 en particular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destacan una serie de líneas estratégicas que buscan abordar el déficit habitacional. Entre las iniciativas propuestas, resalta un Plan de Emergencia Habitacional, que persigue diversificar las formas de acceso y producción de viviendas, así como mejorar la calidad de estas. También destacan, una gestión de suelo e inmuebles con una mirada intersectorial que facilite la adquisición de terrenos aptos y la recuperación de inmuebles para aumentar la oferta de vivienda pública o social y el equipamiento urbano, además de medidas que permitan modernizar la gestión institucional y la mejora de los procesos internos.

Para enfrentar estos desafíos ha considerado una expansión del gasto del orden del 3,9% (variación anual de M$ 606.294.699) alcanzando un gasto ministerial proyectado de M$16.035.360.513 para el ejercicio 2025. Dicho lo anterior, el proyecto contempla objetivos ambiciosos, incluyendo un incremento del 11,9% en el gasto para enfrentar el déficit habitacional, con una notable atención hacia los sectores más vulnerables, donde se prevé un crecimiento del gasto del 23,5%. Lo que contrasta con un modesto crecimiento del 5,6% para los sectores medios y emergentes. Sin embargo, esta política redistributiva es consistente con el ideario del ejecutivo en cuanto a que es esencial abordar la inequidad en el acceso a la vivienda dadas sus implicancias sociales, la estabilidad económica y el desarrollo social de las comunidades.

Pese a ello, es preocupante observar que las inversiones destinadas al desarrollo urbano están proyectadas para caer en un 7,1%. La reducción de M$ 29.163.715 en el gasto de inversión en las ciudades, así como un descenso del 15% en resiliencia urbana, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente los desafíos urbanos en un contexto de creciente urbanización y vulnerabilidad a desastres naturales.

Si bien el aumento del gasto en áreas sociales es fundamental para asegurar el bienestar de la población, también es crucial no descuidar la inversión en infraestructura y desarrollo urbano, que son motores de crecimiento a largo plazo.

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile