Luis Riveros

El 26 de agosto de 1920 se promulgaba, después de un largo debate parlamentario, la ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Había diagnosticado don Darío Salas la existencia en Chile de un grave problema de analfabetismo, que se convertía en un factor que inhibía el progreso económico y social. Era una situación que se arrastraba por años, a pesar de haber disminuido con la creación de escuelas públicas a lo largo del país.

Recientemente la Iglesia Católica ha hecho pública una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la dignidad humana. El contenido de este documento va mucho más allá de la doctrina de la iglesia y de su propio posicionamiento como entidad religiosa, y se extiende hacia consideraciones importantes sobre un problema que afecta a la humanidad en su conjunto, más allá de convencimientos religiosos.

Nunca había ocurrido un evento climático como aquél que sufrió Santiago y otras localidades del país hace más o menos diez días. Lluvias verdaderamente torrenciales han arreciado en distintos puntos del país, y en la Región Metropolitana han creado dramáticas situaciones emergencia con perjuicio para distintos tipos de instalaciones habitacionales y de servicios.

La necesidad de acuerdos es manifiesta en una serie de temas que el país necesita resolver. Existe la necesidad de que el país observe un diálogo constructivo entre los actores políticos más relevantes y un esquema en que los canales de expresión, sean los partidos políticos u otras organizaciones, pongan de relieve la voluntad de lograr acuerdos sobre materias sustantivas, alejando el ánimo confrontacional.

En estos días se empieza a cerrar el triste capítulo que ha vivido Venezuela en manos del chavismo. Un país que décadas atrás disfrutaba de una holgada situación económica y financiera sin comparación con lo que vivían los restantes países de américa latina. El petróleo fue una significativa fuente de ingresos, pero también la inversión externa le proveyó con recursos que permitieron modernizar y expandir la economía.

En la década de 1930 Chile sufría las consecuencias de una de las más cuentas crisis financieras en la historia mundial. Se necesitó de una visión de largo plazo en la política pública para alentar una estrategia que permitiera enfrentar la crisis de modo sostenible en lo productivo, como asimismo en lo social.

Nuestro país vive indisimuladamente una creciente y peligrosa tensión que se manifiesta en un amenazante escenario de antagonismos y disputas. Chile, en medio de gran desconcierto, vive tensionado por problemas no resueltos y que afectan la normal vida a que aspira la ciudadanía.

En noviembre de 2019, época de protestas y del estallido social, el Gobierno de Sebastián Piñera propuso la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el aumento de 9,2% que tendrían las cuentas de luz. Es de notar que las tarifas eléctricas son reguladas y fijadas por la autoridad, por lo que sus variaciones no corresponden a una decisión de las empresas distribuidoras eléctricas, las que solo están mandatadas a aplicarlas.

Prima una enorme lejanía entre los hechos y dichos de nuestros políticos, con respecto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por cierto, esto no es un hecho saludable para el cuerpo social puesto que aleja las decisiones de política pública de las prioridades que en ellas deberían adquirir las demandas populares. Existen muchos ejemplos de cómo se da en los hechos esa lejanía al observarse, por ejemplo, los temas abordados en las sesiones de las dos ramas del Congreso Nacional y las angustias que viven las personas con sus ingentes necesidades.

Predomina una imagen de desorden en la Universidad de Chile a raíz de confusas manifestaciones estudiantiles que ponen en duda la solidez institucional para enfrentar conflictos. Son varias las demandas que se mencionan a través de distintas vocerías.