La inseguridad que a diario vive la ciudadanía chilena es una cosa crítica en todo el país, y de manera muy marcada en el contexto urbano. En un principio la autoridad culpó a los medios de comunicación de crear esta sensación de amenaza, afirmando que se magnificaban o fabricaban situaciones que inducían artificialmente un escenario de grave riesgo para las personas. La autoridad afirmaba que la comisión de delitos contra las personas y la propiedad, era una cuestión controlada y que lo que prevalecía era una cuestión comunicacional y de percepción por parte de las personas. Pese a ello, el problema no sólo ha continuado sino que parece expandirse, y no es claro como las estadísticas pueden reflejar lo que efectivamente las personas y familias viven a diario en muchos sectores del país. Por cierto, se ha hecho costumbre la comisión de delitos como encerronas y asaltos a viviendas y pequeñas empresas, lo cual muchas veces trae como consecuencia la pérdida de vidas. Actúan a menudo en este tipo acciones menores de edad, que son entonces considerados en su condición de tal y no enfrentan los debidos castigos. Son muchos los que son detenidos y aparecen como delincuentes consuetudinarios, eludiendo a la justicia que, con su lentitud y enormes presiones de trabajo, deja pasar caso tras caso permitiendo que se burle así la institucionalidad. En general, y a pesar del trabajo policial, una justicia lenta y permisiva ha sido un factor que ha dado lugar a una expansión del crimen en diversas modalidades.
Gran parte del problema se asocia a la inmigración ilegal que está ahogando al país. Esta se ha venido desarrollando como verdaderas oleadas de personas, y ya es común observar grandes instalaciones urbanas que provienen de “tomas” que tienen por protagonistas a extranjeros ilegales. La lentitud administrativa y de la justicia, han permitido que estas situaciones de extiendan geográficamente y en términos de su duración con nula reacción del sistema jurídico y policial. Para muchos alcaldes esto pasa a ser un cierto capital electoral y que, aunque los extranjeros e ilegales aún no votan, sí son parte activa de acciones de propaganda y difusión electoral. Además, hay muchos beneficios que se brindan a inmigrantes ilegales, así constituyendo en un verdadero incentivo para que el problema continúe y se vaya haciendo más y más uno de tipo endémico. Chile siempre acogió al extranjero y le brindó todas las oportunidades para una efectiva integración. El problema ahora es que la inmigración ilegal y las instalaciones ilegales de extranjeros han saturado la capacidad de resistir por parte de la ciudadanía. Sobre esto no hay pronunciamientos claros, más allá de declaraciones de dudosa credibilidad o sustento en la realidad que viven ciudades y ciudadanos.
Aquí radica una falla esencial de la política pública, que no considera efectivamente los alcances de este problema siguiendo la verdadera desconexión entre el hacer político y la realidad que vive el país. Junto a ello, se actúa con instrumentos y procedimientos judiciales lentos y absolutamente permisivos, sin instaurar lo ejemplificador que debe ser el actuar de la justicia y el sistema carcelario. Es preciso un plan de acción en esta materia, que especifique las políticas para detener la inmigración ilegal, castigar de modo ejemplar a los inmigrantes envueltos en acciones delictuales, terminar con las ocupaciones de terrenos y viviendas que se han transformado casi en un derecho por parte de los usurpadores. No es posible, a este respecto, que la autoridad pase por encima de resoluciones judiciales, como en un caso reciente, para llegar a “acuerdos” con los usurpadores de un terreno, lo cual como precedente traerá mayores complicaciones de manejo en este tipo de casos. La lucha contra el crimen organizado, que tiene vasos comunicantes muy importantes con el proceso inmigratorio ilegal, la comisión de delitos de todo tipo y la ocupación ilegal de terrenos y viviendas. Es urgente un pronunciamiento por parte de los y las precandidatos presidenciales sobre este asunto de tan vital importancia para la ciudadanía.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central