Una crisis moral siglo XXI
En medio de balaceras en las calles, asesinatos diariamente, acciones delictuales de todo tipo, y una cada día más complicada situación económica y de acceso a servicios básicos, Chile ha caído ahora en los efectos devastadores de una serie de chats entre y sobre autoridades republicanas. Enrique Mc Iver había sentenciado a inicios del siglo XX que Chile vivía una severa crisis moral, ya que el Estado no respondía efectivamente a las necesidades y demandas ciudadanas. Más de un siglo más tarde, esa crisis se ha redoblado, a pesar de los intentos con éxito parcial y discutible que muchas veces se emprendieron. Los chats revelados en estos días ponen bajo severo cuestionamiento el ideal de un mejor servicio público y de una ética que debe ser parte de la política, así constituyendo una pésima lección para las nuevas generaciones.
La cuestión es que se está investigando a personeros públicos por cuestiones graves relativas a posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. Las opiniones personales de éstos sobre otras autoridades no son importantes, puesto que es cómo en cualquier organización en que no exista total afinidad entre distintas personas que pueden adherir a un programa o a una idea. La cuestión es que la investigación sobre un probable delito ha requerido requisar teléfonos que, por lo demás, son pagados con recursos públicos. Por ello no es tan claro argumentar que resultarían intocables los mensajes contenidos en esos aparatos celulares puesto que ello está en el contexto de un delito en planeación. Además, tales mensajes se efectúan utilizando medio pagados por la ciudadanía y corresponde a servidores públicos que no debieran exponer de ese modo la prestancia de sus altos cargos. Sin embargo, los dichos en cuanto a la personalidad y desempeño de otras autoridades no debiera ser motivo de debate público; la cuestión radica en cómo separar esto de aquello relativo a la investigación de un delito. Esto tiene más que ver con el cuidado sobre el uso de un instrumento comunicacional pagado con recursos públicos que con ninguna otra cosa, además de la temperancia que en su actuar y modo de comunicar tenemos que requerir de autoridades, especialmente porque su ejemplo debe incidir en la conducta esperada de las nuevas generaciones.
El fondo del problema es que los mensajes aluden a “favores” que una autoridad del Estado de Chile requiere por parte de otra autoridad. Este es el meollo del asunto y refleja total falta de prudencia, también constituyendo una falta de respeto hacia la ciudadanía. Sabemos que estas cosas ocurren siempre de un modo u otro; la ley del “lobby” ha intentado controlar estas acciones tan dañinas para la transparencia con que se debe realizar política pública. Esto especialmente como el caso aludido, en que se requiere pasar por alto procedimientos normales para favorecer a un cierto “recomendado”. No sólo es un tema administrativo. Esto refleja una verdadera crisis moral en que la autoridad solicita dejar de lado ciertas normas para favorecer de manera inapropiada a otra persona. No importa en realidad si esta persona está o no vinculada con otros hechos irregulares, puesto que sólo con esto el acto es descalificable y constituye un síntoma de una crisis moral que nos afecta.
En realidad, de los tiempos de Mc Iver a esta parte persiste como síntoma de crisis aquello de un Estado que no está respondiendo adecuadamente a las necesidades ciudadanas. Pero ahora esto se agrava con autoridades que solicitan favores excediendo el marco legal y administrativo. Este tráfico de influencias no es permisible, porque, entre otras consecuencias, crea la condición de ciudadano de segunda clase, es decir de aquél que no puede solicitar “favores” para atender sus problemas por parte de cualquier autoridad que correspondiere.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
